España tiene ya una nueva Ley de Memoria Democrática. El Senado acaba de aprobar definitivamente por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones la norma impulsada por el Gobierno y enfila así su entrada en vigor. Ninguna de las más de 500 enmiendas presentadas por los grupos han sido respaldadas ni tampoco los vetos de PP, Vox y Ciudadanos han salido adelante tras el largo pleno celebrado este miércoles, por lo que el texto se mantiene, y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado, tal cual salió del Congreso a principios de verano.
A punto estuvo entonces la ley de darse por perdida por falta de apoyos, pero un acuerdo con varios de los socios habituales del Gobierno salvó uno de los proyectos más simbólicos de la legislatura. La norma pretende ser una nueva hoja de ruta en materia de memoria histórica y, entre otras cosas, resignifica el Valle de los Caídos, retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco, asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado o declara ilegal la dictadura y las sentencias dictadas por los tribunales franquistas.
Más de cinco horas han estado los senadores debatiendo este miércoles sobre esta legislación que viene a sustituir y ampliar la vigente, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero. “Hoy es un día inolvidable para la democracia española porque la hacemos mejor, pasamos definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia y abrazamos lo mejor”, ha dicho al terminar la sesión el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que la calificado de una “ley humanitaria que está con las víctimas” y, por eso, “hubiera merecido un consenso amplísimo, de unanimidad de las cámaras”.
Y es que el Gobierno ha sufrido para sacar adelante la ley, a la que se ha opuesto PP, Vox y Ciudadanos y sobre la que una parte de la izquierda cree que es “mejorable” y ha reclamado más ambición. Es el caso de ERC, que como ya hiciera en el trámite en el Congreso, se ha abstenido. Esta visión crítica es un parecer que comparten también algunas asociaciones memorialistas, que creen que la norma es “insuficiente” y que seguirá dejando impunes en nuestro país los crímenes franquistas, que, de momento, únicamente están siendo investigados en Argentina.
El proyecto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero el texto se da un plazo de hasta un año para que algunos de sus preceptos sean llevados a la práctica: es el caso de la reforma de la ley de asociaciones para incluir como causa de extinción la apología del franquismo o el mandato al Gobierno para que realice una auditoría de bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. También habrá un año de plazo para realizar el estudio que evalúe qué reparaciones económicas a las víctimas se han llevado a cabo hasta ahora, ya que la ley no reconoce explícitamente el derecho a la indemnización.
La oposición de las derechas
Las críticas más duras han venido de la bancada de las derechas, que tildan la ley de “sectaria”. “¿Por qué se empeñan en rechazar una ley que es un acto de justicia elemental?”, les ha preguntado la socialista Eva Granados al PP, Ciudadanos y Vox. “Memoria es lo contrario al olvido y en democracia el olvido no es una opción, memoria es el reconocimiento, la reparación y la dignificación de todas las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura”, ha zanjado la senadora, que ha cerrado la sesión con una ovación de la cámara a los expertos, víctimas y representantes de asociaciones que veían el debate desde la tribuna de invitados.
Que la ley es “un arma arrojadiza” y una “traición a los españoles” que “pretende convertirnos en una democracia militante de izquierdas” son algunas de las opiniones manifestadas por la popular Amelia Salanueva, a la que posteriormente ha complementado su compañera Salomé Pradas para acusar al Gobierno de “reescribir la historia” y “reabrir heridas del pasado”. “Hasta que no se abran las fosas, no se cerrarán las heridas”, le ha respondido en su turno Granados.
Una argumentación similar ha desplegado Vox, que incluso habla de “vulneración de derechos fundamentales” y ha prometido “no parar hasta conseguir su total derogación”, en palabras de José Manuel Marín. Las tres derechas ponen en el foco un precepto de la ley incluido para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos más allá de la muerte del dictador, hasta 1983. Algo con lo que el senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha acusado al Ejecutivo de “cuestionar pilares básicos de nuestro sistema democrático” como la Transición a pesar de que la medida no extiende el ámbito de aplicación de la ley, que llega hasta la promulgación de la Constitución.
Para justificar su 'no' a la norma, estos tres partidos también han traído a colación a la banda terrorista ETA, como ya hicieran en el Congreso. La ley “crea una desigualdad inaceptable” entre “víctimas de primera y de segunda”, ha asegurado Sánchez englobando a las personas asesinadas por los etarras en el segundo grupo y a las del franquismo en el primero. Víctimas estas últimas que aún aguardan en muchos casos incluso a recuperar a sus familiares desaparecidos y que tuvieron que esperar más de 30 años para ser mínimamente reconocidas y nombradas por la ley.
Todas las demás formaciones han plantado cara al negacionismo de la memoria histórica de PP, Vox y Ciudadanos. Y de hecho, una de las primeras en responder ha sido el PNV, que en palabras de Estefanía Beltrán de Heredia ha lamentado que “no quieran ninguna ley que reconozca la verdad de lo ocurrido” y que “prefieran un manto de silencio sobre esta etapa de totalitarismo fascista”. “Hoy decimos alto y claro a la derecha y extrema derecha que la memoria democrática es ley porque así lo quiere la ciudadanía”, ha añadido la socialista Granados. “La memoria nos ayuda cada día a saber quiénes fuimos, quiénes somos y qué país queremos ser”, ha resumido la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en un vídeo que ha lanzado en redes sociales para celebrar la aprobación.
Cuestiones pendientes
La sensación generalizada es que la norma supone un avance con respecto a la ley actual, pero aún así, algunos grupos no disimulan el sabor agridulce con el que se quedan. Entre ellos, ERC, EH Bildu, Junts, Geroa Bai o Compromís, que reclaman más ambición. Los republicanos, que han sido claros –“Esta no es la ley de ERC”, ha dicho el senador Josep María Reniu–, se han abstenido en la votación, pero han advertido al Gobierno de que estarán “atentos y vigilantes al cumplimiento” de las disposiciones del proyecto.
Por su parte, EH Bildu ha votado a favor porque considera que “es un paso en la dirección correcta”, en palabras del senador Gorka Elejabarrieta, aunque cree que aún deja algunas lagunas pendientes. “Aquella mal llamada Transición ni fue modélica, ni acabó con la herencia franquista, ni terminó con la vulneración de derechos humanos y políticos, de aquellos barros estos lodos”, ha manifestado.
Si en algo coinciden varios de los partidos críticos es en que creen que la ley debería ser más contundente con la persecución y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, algo que incluso ha manifestado Amnistía Internacional. Consideran que falta en el texto la supresión explícita de los obstáculos que hoy impiden que se juzguen estas vulneraciones de derechos humanos en España y opinan que no valdrá con la creación de una Fiscalía especializada ni con la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos que declara imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
ERC ha lamentado, además, que la mesa haya inadmitido a trámite una de las enmiendas presentadas por el grupo y que reclamaba la “supresión” del título de Rey de España, una propuesta que no se ha debatido porque “requeriría una reforma del artículo 56.2 de la Constitución”, según les comunicó el Senado. “Es incomprensible la disparidad de criterios en el Congreso y Senado, toda vez que allí se tramitó y se votó”, ha denunciado Reniu.