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La carrera de obstáculos de investigar en España: peores salarios que en 2008 e inestabilidad hasta pasados los 40

Imagen de una investigadora en un laboratorio.

Daniel Sánchez Caballero

15 de marzo de 2022 22:22 h

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Sacarse un doctorado en España cuesta unos 17 años desde que uno entra en la Universidad hasta que cumple los casi 35 con los que se lee la tesis de media. Y, pese a todo, no es el fin de (casi) nada. Sacarse el doctorado es el principio, un paso intermedio quizá, de una carrera precaria y aún larga: hará falta todavía otro buen puñado de años, hasta ya bien entrados los 40, para estabilizarse en forma de Profesor Titular de Universidad (solo un 2% de ellos tiene menos de 40 años), o los 43 con los que se logra una plaza en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La etapa postdoctoral es un carrera desigual en la que los investigadores han ido perdiendo poder adquisitivo con el paso de los años, según refleja un informe elaborado por la Federación de Jóvenes Investigadoras (FJI/Precarias). Los programas estatales de ayudas para la contratación pública de doctores, principalmente los Juan de la Cierva y los Ramón y Cajal, pagan hoy menos o en el mejor de los casos lo mismo que en 2008; ni siquiera han actualizado el IPC en estos años, explica Francisco Palazón, portavoz de la FJI.

Los investigadores sostienen que la evolución de estos dos programas “es desalentadora en cuanto se traduce en el empobrecimiento del personal investigador doctor en los últimos 13 años”, lamentan desde Precarias, aunque también conceden que la reforma del pasado diciembre “introduce mejoras”, tanto en la cuantía como en el número de ayudas ofertadas, pero que aun así resultan “claramente insuficientes”.

“La etapa postdoctoral no es corta, se van ahí entre 10 y 15 años, pero no hay un diseño de la carrera que diga: 'Vas por aquí y pasas por allá'. No hay nada, solo una jungla de convocatorias que tienes que ir pidiendo”, describe Palazón. “El Ministerio de Ciencia, a través de la Agencia Española de Investigación (AEI) y en coordinación con los demás Ministerios e instituciones implicadas, debería vertebrar una carrera investigadora razonable, justa, predecible y atractiva en el conjunto del sistema español de ciencia, tecnología e innovación (SECTI)”, razona la FJI.

Porque el actual sistema, continúa Palazón, “deja situaciones como que tienes a gente trabajando en el mismo centro, con la misma experiencia, pero que al estar bajo diferentes ayudas unos ganan una cosa y otros, otra”. Y en términos absolutos, pero también relativos, la mayoría de ellos ganará menos de lo que cobraba un investigador en sus mismas circunstancias en 2008.



El Ramón y Cajal (RyC) es el principal programa de contratos postdoctorales nacional que ofrece la AEI desde 2008. Aquel año la retribución mínima estipulada en la convocatoria era de 33.250 euros brutos anuales. Solo duró dos años: la crisis de 2008 provocó un recorte en esta ayuda. Doce años después, la convocatoria de 2020 volvía a la cifra de 2008, un total de 33.000 euros anuales brutos. Pero con un matiz, explican desde la FJI: el IPC acumulado desde el año de referencia es de un 20,4%, lo cual significa que los cajales, como se conoce a los investigadores agraciados con una de estas ayudas, han perdido un poder adquisitivo del 16% en 2020, el dato más alto de la serie. En euros contantes y sonantes, 6.733 euros anuales este año.

Hay una excepción en este programa. Si han obtenido el certificado R3 –que reconoce ciertos méritos de los investigadores a partir de una cierta experiencia laboral– la remuneración sube hasta los 39.900 euros anuales, cifra que coincide casi exactamente con lo que deberían ganar si desde 2008 se hubieran aplicado cada año las subidas del IPC al salario habitual.

Cobrar menos que alguien con máster

Algo parecido sucede con el programa Juan de la Cierva (JdC), algo así como una versión junior de los RyC. Estas ayudas, que también empezaron en 2008, se dividieron en 2013 en dos subcategorías (formación para los recién doctorados e incorporación para los que ya tienen una cierta experiencia) para volver este año a una sola. En cualquier caso, en ambos programas “de nuevo observamos cómo las retribuciones nominales (las estipuladas en las convocatorias) están por debajo del salario real constante” (el que debería ser a partir del salario base de 2008 más el IPC acumulado), explica la FJI, “lo cual se traduce en una pérdida del poder adquisitivo (...) que ha llegado a rozar el 25% en 2019”. Por el camino han perdido 4.449 euros anuales. “Esta retribución resulta del todo insuficiente e inapropiada para estas ayudas altamente competitivas”, valora la FJI.



Con los Juan de la Cierva sucede además otra anomalía, según explican los investigadores: el IV convenio colectivo único para el personal laboral de la administración general del estado estipula una retribución para el grupo profesional M3 (personas con estudios de máster) de 29.712,20 euros al año más complementos, pero un JdC ganará 25.350 euros, un 14,7% menos pese a que para optar a una de estas ayudas hace falta ser doctor, un escalón académico por encima de los máster. Los investigadores sostienen que esto supone un “desprecio” hacia ellos.



Pero los Ramón y Cajal y los Juan de la Cierva son solo dos programas entre “una selva” de convocatorias, aunque son los más numerosos. El Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Universidades o las comunidades autónomas por su cuenta también convocan distintos programas de ayudas. En general, explica la FJI, estos otros programas (Miguel Servet, Sara Borrell) suelen estar ligeramente mejor dotados.

Mención aparte merecen las ayudas del Ministerio de Universidades: existe el programa Beatriz Galindo para el retorno de talento nacional expatriado que maneja unos guarismos bastante más altos (unos 40.000 euros anuales en su versión junior y 70.000 en la senior) aunque también exige unos requisitos más elevados y que pese a todo “no deja de ser un contrato temporal de cuatro años sin garantía de estabilización” y existen las María Zambrano y las Margarita Salas, dos programas de reciente creación a partir de los fondos europeos por la pandemia y que por tanto no tienen evolución ni tampoco asegurada su continuidad más allá de los primeros años.

Un embudo que va dejando gente en el camino

Algo parecido sucede con las ayudas autonómicas. El programa Talento de la Comunidad de Madrid ofrece las retribuciones que la FJI considera deberían ser las estándar para los investigadores: alrededor de 30.000 euros anuales para las junior y casi 40.000 para las senior, aunque en este caso no es posible pedirlo hasta seis años después de haber realizado el doctorado, cuando para las RyC solo hacen falta dos.

En la Comunitat Valenciana las diferencias con los programas estatales son aún mayores: incluso en la fase junior de la ayuda más básica postdoctoral (APOSTD) la retribución mínima es superior a la de cualquier programa estatal de la Agencia Española de Investigación. Otros mejor dotados, como CDEGENT o CIDEGENT, se sitúan por encima de 40.000 y 50.000 euros anuales, respectivamente.

La disparidad entre las cuantías que paga cada programa tiene otra consecuencia, explica Palazón. En la carrera investigadora postdoctoral es habitual ir de ayuda en ayuda, presentándose a todas las convocatorias que van saliendo para intentar tener éxito con alguna, y de esta manera se van concatenando contratos. Pero al ser las ayudas tan diversas es común que los investigadores sufran grandes saltos en sus salarios. “No hay progresividad”, lamenta la FJI. Hoy tienes un contrato de 30.000 euros anuales y el siguiente es de 25.000.

La FJI recuerda además que la carrera investigadora es un embudo que va dejando gente por el camino en cada etapa. Cada año leen la tesis unas 10.000 personas (9.031 en toda España en 2020), pero son menos las que continúan investigando. Muchas porque ni siquiera lo intentan, explica Palazón, pero aun así, según los pocos datos existentes entre quienes siguen, la criba es grande.

Según datos del Ministerio, mientras hay unos 11.000 predoctorales con contrato público vigente, los postdoctorales apenas llegan a 2.500. Aproximadamente, apenas el 10% de quienes solicitan una ayuda estatal la consigue. Esto no significa que el resto se quede por el camino, explica Palazón, porque es habitual concurrir a muchas convocatorias con la esperanza de sacar alguna.

Aun así, ¿qué pasa con el resto? “Muchos en el extranjero, algunos en paro y otros dejan la investigación y se dedican a otra cosa. Un caso frecuente es la reconversión a profesor de instituto”, cierra el investigador.

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