El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta al anteproyecto de la Ley de Familias. Con el objetivo de “garantizar el derecho a la conciliación”, el Gobierno de coalición ha impulsado esta norma que incluye nuevos permisos retribuidos para cuidar a familiares y convivientes.
Además, amplía el número de beneficiarias del cheque de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años. El Ministerio de Derechos Sociales calcula que entre 200.000 y 250.000 nuevas madres se beneficiarán de esta prestación en nuestro país. El impacto económico de las medidas incorporadas en el anteproyecto supondrá alrededor de 700 millones de euros anuales para las arcas públicas, según las estimaciones del departamento de Ione Belarra. Estas son las claves principales de la norma:
Cinco días de permiso para cuidar a familiares y convivientes
El anteproyecto incorpora un permiso por cuidado de cinco días retribuidos al año para “atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente”, indican desde el Ministerio. Los trabajadores podrán requerir esta medida si sus allegados sufren “un accidente o una enfermedad grave”, si se encuentran hospitalizados o si han afrontado una “hospitalización o intervención quirúrgica” que no requiere que se queden en el centro sanitario pero sí necesita reposo.
El segundo permiso que se incluye en la norma permite que los trabajadores tengan a su disposición cuatro días retribuidos al año. Se podrá disfrutar por horas para aquellos casos en los que los empleados tengan que ausentarse “por fuerza mayor familiar que requiera atención inmediata”. La parejas de hecho se podrán beneficiar también de esta medida.
Ocho semanas para cuidar a menores de hasta ocho años
Además, se incluye un nuevo permiso parental de ocho semanas que se podrá disfrutar de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla ocho años. El anteproyecto, al que ha accedido elDiario.es, estipula que las fechas tendrán que ser comunicadas a la empresa “con una antelación de diez días o la concretada por los convenios colectivos, salvo fuerza mayor”. No se prevé que este permiso sea remunerado. Esta decisión ha sido criticada por los sindicatos: CCOO y UGT han advertido este martes al Gobierno de que esta medida debería conllevar una compensación económica.
15 días por pareja de hecho
Con el objetivo de equiparar los derechos de los matrimonios y las parejas de hecho, se garantizará a estas últimas un permiso de 15 días. Para centralizar los registros específicos de parejas de hecho de cada autonomía se creará un registro estatal de este modelo de unión.
Prohibición del veto parental
Se destaca que la “diversidad familiar” debe ser un “principio del sistema educativo”. Con este artículo, Derechos Sociales pretende prohibir que padres o tutores impidan –a través del conocido como ‘pin parental’– el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en los centros educativos para evitar “una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad”. Así se busca impedir que salga adelante en comunidades autónomas una de las medidas que Vox promueve en su programa electoral.
Para articularlo, el anteproyecto sostiene que las administraciones públicas deben garantizar que el respeto a la diversidad familiar esté presente “en los libros de texto y demás materiales de uso educativo”. “De manera singular, los formularios y cuestionarios para el alumnado no podrán contener epígrafes no inclusivos”, detalla el anteproyecto.
Ampliación de la renta crianza
El texto también contempla la ampliación de la renta crianza de 100 euros al mes para un mayor número de familias con hijos e hijas de cero a tres años. “Según los cálculos del departamento, esta medida beneficiará a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres en nuestro país”, apuntan desde el Ministerio.
“Dicha ampliación incluye a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no, y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. A partir de ahora también recibirán el 100% de la prestación las mujeres que tengan un empleo a tiempo parcial o temporal”, añaden desde el departamento de Belarra.
Nueva categoría para familias monomarentales
La norma contempla la creación de un nuevo título acreditativo, el de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, que conllevará los mismos beneficios y derechos de los que disfrutan las conocidas hasta ahora como numerosas. Esta nueva categoría incluirá a alrededor de 300.000 familias monomarentales con dos hijos.
Asimismo, en ese nuevo paraguas creado por el Ministerio se prevé incorporar también a “las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y las familias con dos hijos en las que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión”.
“Por otro lado, pasarán a considerarse familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial las familias que hasta ahora eran consideradas numerosas de categoría general como aquellas con cuatro hijos, en vez de cinco como hasta el momento; las familias con tres hijos en caso de parto múltiple, en vez de cuatro como en la actualidad, y las familias con tres hijos y bajos ingresos (hasta el 150% del IPREM)”, informan desde Derechos Sociales.
Algunos colectivos ya han protestado porque las familias monoparentales de un hijo se quedan fuera de la nueva categoría creada. La norma alcanzará al 30% de las familias monoparentales, aunque se quedarán fuera el 70% de ellas, que son las que tienen un solo hijo o hija, informa Europa Press. El texto tampoco equipara los permisos de las familias monomarentales a los de las biparentales para cuidar a los bebés.
Derecho de las personas con discapacidad a formar una familia
Para que sea efectivo el “derecho de las personas con discapacidad a formar una familia, las administraciones públicas pondrán en marcha las medidas oportunas para promover la igualdad de trato y oportunidades de estas personas en el acceso a los apoyos, los bienes y servicios públicos”, recoge el anteproyecto.
Sobre esta cuestión, Derechos Sociales sostiene que las administraciones deben respetar “el derecho de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, así como a que se les ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos”.
Atención temprana
El texto recoge que las administraciones públicas deben garantizar “el derecho subjetivo de las personas menores de edad y sus familias a tener acceso universal a una atención al desarrollo infantil temprana, gratuita y de calidad, no limitada a la primera infancia y que garantice la continuidad asistencial durante toda la vida”.
Aunque este tipo de asistencia depende de las comunidades autónomas, si el artículo mantiene la misma redacción cuando la ley salga adelante permitirá que los ciudadanos que no tienen garantizada esta atención puedan acudir a los tribunales para reclamarla.