El caso llegó hasta donde ningún otro había llegado nunca, pero ha acabado topándose con los mismos obstáculos de siempre. La Justicia ha archivado este martes la única causa judicial que investigaba en España torturas policiales durante el franquismo, un caso que convirtió a Julio Pacheco –y a Rosa María García en calidad de testigo– en el primer represaliado de la dictadura en ser escuchado en sede judicial en nuestro país. La magistrada Ana María Iguacel, del Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid, admitió a trámite la querella del militante antifranquista por torturas contra cuatro miembros de la Brigada Político-Social, entre ellos José Manuel Villarejo, pero un año después de su declaración ha dado carpetazo al asunto.
Apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que cerró la puerta una vez más a que los crímenes de este tipo fueran investigados pese a la actual Ley de Memoria Democrática, la magistrada despliega la batería de argumentos jurídicos habituales que han puesto punto y final a las “más de un centenar” de denuncias interpuestas en los últimos años por víctimas del franquismo. La mayoría de ellas, según el colectivo CEAQUA, no fueron ni siquiera admitidas a trámite.
Iguacel cierra la vía judicial al considerar que la detención y tortura que Pacheco denuncia que sufrió en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol en 1975 “no puede encajarse” en los delitos de lesa humanidad debido al principio de legalidad y la irretroactividad de la ley. Y es que cuando ocurrieron los hechos, no existía esta figura en el ordenamiento jurídico español, que se introdujo en el año 2004. Esto hace que la alternativa, que es la tipificación como delito de torturas –también incluido en el Código Penal posteriormente– se tope con la prescripción sin que pueda apoyarse en el derecho internacional para seguir adelante, argumenta la jueza.
Pacheco tenía “cierta esperanza” de que el caso prosperara, pero lo que califica como “un nuevo mazazo” en la lucha de las víctimas de la dictadura por obtener justicia no le ha pillado por sorpresa. “La verdad es que yo me lo esperaba. La impunidad es terrible, parece que no hay salida en el Estado español y en realidad el auto de la jueza es muy bueno porque resume perfectamente cómo la ley le impide seguir”, afirma. Eso, a pesar de que desde la perspectiva del derecho internacional y varios de los tratados firmados por España, este tipo de crímenes no son amnistiables ni prescriben.
“¿Cuánto tiempo más?”
Militante de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que se adhirió en los 70 al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), fue detenido en agosto de 1975, cuando tenía 19 años. Su relato, que reproduce la jueza en el auto, narra cómo durante el traslado a la Puerta del Sol “fue golpeado repetidamente” y durante siete días sufrió “torturas salvajes”. “Fue esposado a un radiador [...] fue golpeado en las plantas de los pies, sufrió 'ruedas' de golpes simultáneos por varios policías y con porras reglamentarias”. Además, “no se le facilitó comida alguna, apenas se le permitió dormir” y “con la finalidad de quebrar su voluntad”, los policías “le mostraron las heridas y contusiones de su pareja, Rosa María García”, que también había sido detenida en la misma operación.
De hecho, Rosa María, hoy su mujer, también declaró ante la jueza, en su caso como testigo. El enfado es la emoción que transmite su voz tras la noticia del archivo. “Seguimos sin tener derecho a la justicia que nos corresponde como víctimas, a pesar de que se van a cumplir 49 años de la muerte del dictador. Es algo que no sucede con otras víctimas. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? ¿Qué Gobierno tiene que haber en España para dar este paso imprescindible?”, se pregunta la mujer, que apunta a la “impotencia” que les supone la decisión tras “la dureza” de “abrirse a recordar y narrar unos momentos que dejan un trauma para siempre”.
Para los colectivos memorialistas y de derechos humanos, la reciente decisión “consolida un modelo de impunidad inadmisible en un Estado de Derecho”. “Socava e infringe, una vez más, los derechos más elementales que asisten a quienes sufrieron crímenes franquistas”, apuntan CEAQUA, Amnistía Internacional, Iridia y Sira en un comunicado, en el que confirman que han recurrido el auto.
Las organizaciones lamentan el dictamen que el pasado junio emitió el Tribunal Constitucional en el caso de Francisco Ventura, represaliado por la dictadura en Valencia, en el que Iguacel se ha basado parcialmente. Y es que, tal y como pronosticaban los colectivos y a pesar de cómo parte del Gobierno vendió en su momento la Ley de Memoria Democrática, el Constitucional certifica que la norma no cambia en lo que respecta a juzgar los crímenes y que las trabas siguen siendo las mismas que antes de su entrada en vigor. El auto, no obstante, contó con el voto particular de dos magistrados que apunta a “la necesidad de revisar la doctrina constitucional” en estos casos.
Reformas legislativas
Por eso, y a pesar de que los colectivos creen que otra línea jurisprudencial es posible al amparo del derecho internacional y muestran “su absoluto rechazo” a la interpretación de los tribunales, creen que a quien le toca mover ficha es “al poder ejecutivo y legislativo”. Lo que piden es “impulsar todas las medidas legislativas” que “habiliten la investigación penal” de los crímenes. Así, califican de “imprescindible” la derogación o modificación de la Ley de Amnistía y la reforma del Código Penal para que puedan enjuiciarse hechos que en el momento de cometerse constituían delitos de genocidio o lesa humanidad por el derecho internacional aunque no estuvieran así tipificados en España.
“La responsabilidad en cuanto al mantenimiento de este marco de impunidad es compartida por los tres poderes del Estado y de nada sirve poner el foco, única y exclusivamente, en el poder judicial”, razonan las organizaciones, que ponen el foco en cómo algunas de estas medidas han sido alguna vez propuestas en el Congreso pero han acabado rechazadas “por una amplia mayoría”. El último intento, el de reforma del Código Penal, con los votos del PSOE y las derechas.
Eso a pesar de que desde instancias internacionales llevan años insistiendo reiteradamente a España de su obligación de perseguir estas violaciones de derechos humanos. Hace solo un año fue el turno del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que celebró la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, pero lamentó que “no elimine los obstáculos a la investigación” de los crímenes. Aunque España argumentó que la norma “establece procedimientos para garantizar la verdad” a través de investigaciones oficiales dirigidas por la Fiscalía especializada, el comité reiteró la recomendación de que se adopten medidas “para garantizar” que las torturas o desapariciones forzadas no prescriben ni son amnistiables.
De momento, las víctimas del franquismo esperan que algo así ocurra mientras siguen sin encontrar en la Justicia una puerta abierta. Según la memoria de la Fiscalía, en 2023 había cuatro diligencias en juzgados por crímenes en el contexto de la dictadura, tres de ellas archivadas y pendientes de recurso. La última, la de Pacheco, todavía estaba viva. Hasta hoy.