La violencia obstétrica ha salido del armario. Desde el activismo feminista pero también desde los despachos de abogadas, las asociaciones de usuarias, las profesionales de la salud y también desde la academia, las violencias que sufren las mujeres durante sus embarazos, partos y postpartos ocupan un lugar en la conversación pública y política. La jurista Dayana Méndez (Florencia, Colombia, 1987) acaba de publicar la primera tesis en España que mira la violencia obstétrica desde el punto de vista de los derechos humanos. En La violencia obstétrica más allá de las salas de parto: Una propuesta para su reconceptualización desde un enfoque feminista, interseccional y de derechos humanos, Méndez señala que el concepto utilizado hasta ahora deja fuera experiencias que también deberían considerarse violencia obstétrica, aunque sucedan fuera de las salas de los hospitales.
Su trabajo de campo, realizado con mujeres rurales de Caquetá, en Colombia, le hizo cambiar su perspectiva: “Ellas me contaban la forma en que tenían que andar horas por tierra, a lomo de caballo y luego otras tantas horas más en una lancha por el río para llegar al hospital más cercano a parir, muchas de ellas no pueden hacerlo y lo que les queda es parir solas, tal vez acompañada de alguna amiga y cortar el cordón umbilical con cuchillo de la cocina que más filo tiene. Algunas que habían podido tener ayuda de una partera de la zona contaban que sus desgarros vaginales se los habían suturado con hilo de coser ropa. ¿Cómo podríamos pensar que este tipo de horrores no pueden ser violencia obstétrica sólo porque no ocurren en un hospital?”. Por eso, la jurista aboga por reconceptualizar el término con una mirada necesariamente interseccional.
¿Qué es lo que se ha llamado violencia obstétrica y de dónde procede ese concepto?
La violencia obstétrica ha sido la denominación que se le ha dado a una serie de prácticas, de tratos abusivos, patologizantes, cosificantes y en exceso medicalizadores, que se dan al interior de las instituciones de salud por parte del personal médico y que recaen sobre las mujeres en situación de embarazo, parto o posparto. Es un tipo de violencia de género, un concepto que se viene trabajando desde hace muchos años por los movimientos feministas latinoamericanos desde el activismo, la academia y que ha ido impactando también en el mundo jurídico. Ahora mismo en al menos nueve países de América Latina ya se ha reconocido expresamente en sus ordenamientos jurídicos internos.
Su tesis sostiene, sin embargo, que tal y como utilizamos este concepto deja fuera prácticas que también deberían ser consideradas violencia obstétrica, ¿cuáles son?, ¿hacia qué conceptualización de la violencia obstétrica deberíamos caminar?
Yo prefiero definir la violencia obstétrica como las vulneraciones de derechos que se dan en el desarrollo de procesos reproductivos como el embarazo, parto, posparto, aborto y posaborto, indistintamente de si esas vulneraciones ocurren o no en una institución de salud. Y lo prefiero básicamente por dos razones. La primera, es que de esta manera se pone el énfasis en las obligaciones que tienen los Estados en la protección de los derechos humanos, en su obligación de debida diligencia. En el caso concreto de la violencia obstétrica hablamos del derecho a una vida libre de violencias y discriminaciones, y del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Las obligaciones de los estados frente a los derechos humanos no se limitan a un lugar concreto como puede ser una sala de partos o un hospital, ni frente al accionar de unos agentes concretos como lo son los profesionales de la salud.
La segunda razón es que hablar de vulneración de derechos en los procesos reproductivos implica también reconocer experiencias y personas que se nos quedan fuera con la definición convencional, pues no es suficiente un enfoque de género, hace falta un enfoque interseccional que implique una perspectiva de raza, discapacidad, migración, etc. Así que lo que propongo en mi tesis es repensarnos la forma en que estamos construyendo el concepto de violencia obstétrica e incorporar en él una perspectiva de derechos humanos y de interseccionalidad que recoja y busque proteger esas experiencias y mujeres y personas con capacidad de gestar que se están quedando por fuera.
Sostiene que el concepto utilizado hasta ahora deja fuera a sujetos. ¿Es más probable que una mujer gitana, negra, racializada o de clase baja reciba algún tipo de violencia obstétrica?
Cuando digo que hay personas y experiencias que se quedan sin reconocimiento del concepto convencional de violencia obstétrica lo digo en dos sentidos. Por un lado, porque, aunque nos parezca increíble hay millones de mujeres en el mundo que no tienen la más remota posibilidad de llegar a una sala de partos. Por otro lado, porque hay muchas experiencias de embarazos, partos y abortos que, aunque se dan al interior de las instituciones sanitarias, de ellas muy poco se habla cuando se habla de violencia obstétrica.
Sobre el primer grupo, pensemos en la situación de las mujeres migrantes a quienes por razones administrativas o burocráticas se les niega el acceso a la salud incluso estando embarazadas. Esto puede sorprender a algunas personas pero la verdad es que en España está sucediendo en varias regiones. La exclusión sanitaria también es algo que de manera recurrente padecen las mujeres rurales en muchos países del mundo.
Ahora bien, en el contexto hospitalario hay muchas realidades y experiencias que tampoco se han visibilizado con suficiencia. Pensemos en los prejuicios raciales que recaen sobre las mujeres negras, a quienes esto les implica por ejemplo que no se les dé un tratamiento adecuado al dolor porque según ese prejuicio son más resistentes. Las mujeres negras tienden a ser menos escuchadas en las consultas médicas. Las mujeres con discapacidad tienen que lidiar con todos los prejuicios que recaen sobre ellas, que no se les respete su autonomía, que frecuentemente se encuentren con las barreras físicas de acceso porque las consultas no están adaptadas para ellas, pero también las barreras de la mentalidad de quien les atiende. Hay una idea muy arraigada de que ellas son seres asexuados y que no deberían ser madres. Las mujeres gitanas vienen denunciando desde hace mucho tiempo la segregación y la mala atención a la que se ven expuestas en los servicios de maternidad.
Una de las experiencias más invisibilizadas todavía si se quiere es la que se da en torno a los embarazos y partos de personas con capacidad de gestar, como hombres trans y personas no binarias. Para mí fue muy reveladora y diciente la escasa investigación que se ha hecho al respecto, a pesar de que es algo que desde estos colectivos se ha venido reivindicando.
Pensemos en los prejuicios raciales que recaen sobre las mujeres negras, a quienes esto les implica que no se les dé un tratamiento adecuado al dolor porque según ese prejuicio son más resistentes. También tienden a ser menos escuchadas en las consultas
La violencia obstétrica, entonces, no solo sucede dentro de las instituciones médicas
Bajo una perspectiva interseccional y de derechos humanos, no. Habría muchos otros entornos y maneras en las que esa violencia se puede presentar. Para entender esto es necesario entrar un poco más en lo que es el derecho a la salud. Es decir, hay una idea muy arraigada según la cual el derecho a la salud es solo la atención médica, pero es que el derecho a la salud está determinado también por un montón de factores que se conocen como determinantes sociales de la salud, que son básicamente la forma en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, etc. Este es un concepto desde el que se viene trabajando hace algunas décadas ya y que está muy relacionado con la perspectiva de la salud pública. Tenemos que desmedicalizar el concepto de la violencia obstétrica, igual que el derecho a la salud, en el entendido de que es mucho más que lo que ocurre en el ámbito meramente médico y sanitario. Tenemos que verlo como una cuestión también de salud pública y de justicia reproductiva.
La idea de imponer ciertas prácticas rutinarias e injustificadas a costa del dolor y daño a las mujeres es más una herencia del paternalismo médico, de esa idea según la cual el “paciente” sólo hace y obedece lo que el médico dice
¿La tendencia a patologizar y medicalizar el embarazo y el parto es también violencia obstétrica?, ¿dónde ponemos la línea entre medicalización y una atención médica que permite salvar vidas de madres y bebés?
Sobre esto ha habido mucha resistencia institucional, entenderlo se ha dificultado mucho y no es ni siquiera porque el activismo feminista por la eliminación de la violencia obstétrica no lo haya explicado. Es más, la OMS ya lo ha dicho y se ha pronunciado mediante sus recomendaciones en donde es consistente en decir que la intervención médica no es la centralidad del embarazo y el parto, que la protagonista es quien está llevando ese embarazo y ese parto. Yo creo que ha habido una cuestión más de resistencia a la pérdida de poder, del poder que reviste a la autoridad médica, de ser quien dice qué es lo correcto y qué no. Quiero enfatizar en que de ninguna manera desconocemos que hay un conocimiento concreto y necesario, por supuesto que lo hay, el conocimiento médico se defiende por sí solo. Pero la idea de imponer ciertas prácticas rutinarias e injustificadas a costa del dolor y daño a las mujeres y las personas con capacidad de gestar es más una herencia del paternalismo médico, de esa idea según la cual el “paciente” sólo hace y obedece lo que el médico dice, no hay una relación lineal sino jerárquica.
Hay resistencia entre los profesionales de la salud a asumir el concepto violencia obstétrica. Es algo que sucede en España, donde finalmente la ley de salud sexual no incluye ese término concreto, pero también en otros países, ¿por qué esa resistencia?
Sí, ha sido recurrente la oposición al término. En efecto, esta oposición de los profesionales de la salud es algo que ha ocurrido en otros países como México y Brasil. Una parte importante de esa oposición está dada por la oposición al término violencia, a la manera en cómo la entienden. Es decir, bajo la idea típica según la cual la violencia es algo meramente físico que se hace con dolo, con la intención deliberada de causar daño. Pero no es a eso a lo que nos referimos. La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, precisamente porque entendemos que la violencia de género es de tipo estructural, algo que incide en todas las esferas de la vida de las mujeres y la sociedad, que no se limita de ninguna manera a la violencia física entre parejas, y que tiene que ver también con los roles y estereotipos.
Bajo ese entendido la violencia, también la obstétrica, no necesariamente se ejerce con mala intención. Sinceramente creo que quienes trabajan en el ámbito de la salud no tienen intenciones de dañar a nadie, no creo que muchas prácticas que se repiten por costumbre en las salas de partos se hagan porque se quiere afectar a quienes van a parir. Simplemente hay cosas que están ahí anquilosadas y que como se han hecho toda la vida se asume que eso es lo correcto, pero la ciencia médica y quienes están en ella, como en cualquier otra, deberían reconocer que también se equivocan y que lo que hacen puede afectar la vida y la salud de las mujeres. Es una crítica que también como abogada le hago al Derecho, a las instituciones judiciales y a las personas que están en ellas. Se trata de entender que hay una cuestión estructural y cultural que tenemos que cuestionarnos y desaprender.
Quienes trabajan en el ámbito de la salud no tienen intenciones de dañar a nadie. Simplemente hay cosas que como se han hecho toda la vida en las salas de parto se asume que eso es lo correcto
¿Existen ideas cotidianas, tópicos muy extendidos que de alguna manera sirven para justificar o para que veamos normales la intervención excesiva en el embarazo o en el parto? Pienso por ejemplo en una típica: “Lo importante es que el bebé nazca bien”
Siempre he sentido que esa idea es muy deshumanizante, que le quita toda la posibilidad a quien está pariendo de sentir, de quejarse, de que su mera existencia e integridad importe en ese momento. Además, se alimenta mucho de esa idea cristiana del “parirás con dolor”, que hace que cualquier dolor o daño se justifique con el fin de parir. Como que dibuja perfectamente la idea de abnegación y sumisión que se espera de las mujeres, incluso en esas circunstancias en extremo dolorosas.
Por eso vemos que pese a todos los daños y secuelas físicas y emocionales que una mujer advierta en su cuerpo luego del parto, eso es lo que recurrentemente le dicen o se dice ella misma porque es lo que le dijeron que era lo correcto. Algo que se refleja en que cuando el bebe ha nacido, a muchas mujeres las dejan allí solas abandonadas en la camilla sangrando o que cuando van a visitarlas amigos y familiares se preocupen primero por el bebe y luego por ellas. Básicamente como si fuese solo un medio para la consecución de un fin y no una persona que importa por sí sola.
Menciona en la tesis los casos que se han producido, también en España, de mujeres que recibieron órdenes judiciales para acudir a parir a un hospital porque, por ejemplo, una vez llegado su embarazo a término querían esperar unos días más antes de inducir el parto. Son casos en los que mucha gente entiende que debe hacerse algo porque la vida de un bebé puede estar en riesgo, ¿es esto violencia obstétrica, cómo lo explicaría?
Las órdenes judiciales de traslados forzosos de mujeres embarazadas a los hospitales mediante policía son una práctica sumamente violenta, que en el fondo lo que pretende es mantener mediante el uso de la fuerza y la justicia esa expectativa de obediencia y sumisión que se espera de las mujeres frente a las instituciones, en este caso médicas. No conozco a una mujer que decida llevar un embarazo y un parto y esté pensando en cuál es la manera más efectiva de causarle daño a su bebe. Es absurdo creer que someterlas a la angustia, al estrés, a la ansiedad que genera que la policía vaya a tu casa y te saque por la fuerza para llevarte a un hospital pueda ser la mejor opción para protegerlas.
Es una trasgresión absoluta a su derecho a la elección, a tomar decisiones debidamente informadas, a decidir cómo asumir los riesgos que la situación en sí misma plantea porque la medicina de hecho se construye en torno a riesgos y también debería permitirse a quienes van a parir elegir con qué riesgos y en qué entornos se sienten más seguras. Lo contrario es el afianzamiento del paternalismo que todas las instituciones y los poderes quieren seguir ejerciendo sobre los cuerpos de las mujeres.
Las mujeres que sufren violencia obstétrica encuentran muy poco respaldo jurídico cuando acuden a los tribunales a denunciar lo sucedido, ¿por qué?
Es irónico, que por un lado estas órdenes judiciales de las que hablábamos se justifiquen en la protección de la mujer y su hijo y que, por otro lado, pasen cosas como las que ocurren ahora mismo en España, con la negativa rotunda a cumplir decisiones del Comité CEDAW que pretenden precisamente resarcir el daño causado a las mujeres y sus hijos por parte del personal médico que atendió esos partos. El Tribunal Supremo ha optado por decir que esas decisiones no son vinculantes, es decir, que el Estado Español no está obligado a cumplirlas, lo cual a la luz de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un total desacierto. De este tipo de cosas hablamos cuando decimos que la justicia es patriarcal. Las mujeres que han ido a la CEDAW han tenido que vivir procesos judiciales donde les han negado sistemáticamente sus derechos, por eso han apelado a la ayuda del Sistema de Naciones Unidas. Y como ellas muchas más a quienes en estos casos la justicia no encuentra evidencia de violencia obstétrica. Es que los fundamentos sobre los que se emiten esas decisiones judiciales están dados por preceptos que no reconocen un sistema estructural y cultural desigual que afecta especialmente a las mujeres.
Pero en contraste con esto quiero mencionar perspectivas jurídicas esperanzadoras que nos llegan desde América Latina. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos viene denunciando la violencia obstétrica desde hace al menos una década, por medio de los informes del MESECVI, de la Comisión Interamericana, de Opiniones Consultivas de la Corte y recientemente la Corte Interamericana emitió la primera sentencia en contra de un Estado, en este caso Argentina, por haber incumplido sus obligaciones y haber incurrido en violencia obstétrica. Es el Caso Brítez Arce contra Argentina, además me resulta muy interesante porque la perspectiva que aplica allí la Corte no se limita a valorar solo la práctica médica, sino que además condena también por el estado de ansiedad y la angustia que se le causó a la víctima con una serie de prácticas que desencadenaron su muerte y la del feto. Con lo cual, habla de la relación que tienen este tipo de prácticas con la mortalidad materna.
La violencia obstétrica puede ser en muchos casos la causa de muertes maternas y la mortalidad materna puede ser también evidencia de la existencia de violencia obstétrica.
Usted en la tesis habla precisamente de la relación entre la violencia obstétrica y las muertes maternas.
Considero que necesitamos hablar más de esa relación. La violencia obstétrica puede ser en muchos casos la causa de muertes maternas y la mortalidad materna puede ser también evidencia de la existencia de violencia obstétrica. Así que lo que le pedimos a la justicia es que decida con un enfoque interseccional y en derechos humanos, no es nada distinto a cumplir las normas del derecho internacional que ya existen, porque hay un montón de argumentos jurídicos para esto. Lo que está pasando en América Latina puede ser inspiracional y referente.
¿Qué pasos son importantes dar ahora para seguir avanzando en la erradicación y prevención de la violencia obstétrica?
Creo que es muy importante para quienes estos temas nos interesan, ya sea desde el activismo, la academia, el periodismo, el activismo jurídico, etc; hacer algo muy básico pero necesario: escuchar. Necesitamos escuchar lo que muchas mujeres y personas con capacidad de gestar vienen diciendo desde hace mucho tiempo y que no se sienten recogidas en la manera en que el concepto se ha venido construyendo. Y el momento es ahora, porque es ahora cuando empieza a fortalecerse y a tener un reconocimiento a nivel social, político y jurídico, para que podamos reflexionar, darnos cuenta de cuántas experiencias se nos están quedando por fuera y que necesitan ser reconocidas y protegidas. Cuando fui a hablar con las mujeres rurales en el marco de esta investigación, yo tenía dos opciones, o aplicaba el marco que tenía en mi cabeza sobre lo que había aprendido que era la violencia obstétrica, o me permitía escuchar y dejaba que ellas me rompieran esos esquemas. Escogí la segunda opción: las mujeres rurales me enseñaron que ese esquema se quedaba pequeño a la realidad, que luego se fue nutriendo de las experiencias de otras mujeres y personas gestantes cuyas historias siguen en los márgenes.
Frente a las instituciones, urge que estén dispuestas a atender lo que las mujeres estamos diciendo, que se permitan un cambio de perspectiva y de abandonar viejos patrones y prejuicios. Entender que si insistimos en hablar de esto no es porque queramos dañar a nadie, sino porque queremos darle nombre y llamar la atención sobre prácticas y realidades que nos están dañando. Necesitamos el compromiso estatal, que cuando se han comprometido a eliminar la violencia de género se han comprometido también a eliminar la violencia obstétrica y necesitamos que eso se refleje en políticas públicas, en acciones concretas.