La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alerta sobre la desigualdad territorial en el acceso a servicios sociales en España. En su último informe advierte de la disparidad de prestaciones que se encuentran los usuarios dependiendo del código postal en el que residan. Con un sistema muy heterogéneo, que conlleva una inversión del 1,5% del PIB nacional, la organización internacional destaca en la radiografía que ha realizado que en los últimos años el sistema ha contado tanto con diferencias en el número de trabajadores como en los servicios que se ofrecen y también en los criterios que se determinan para acceder a ellos.
“En muchos casos, la elevada demanda de servicios sociales suele ser atendida con recursos humanos inadecuados en cuanto a ratios de personal y tipo de profesionales”, concluye el informe que esta organización ha hecho público esta semana con el título Modernización de los servicios sociales en España. La responsable de la investigación, Ana Llena-Nozal, explica a elDiario.es que la situación detectada “parece determinar que no se puede atender igual a los habitantes según estén en una comunidad o en otra”.
Mayores ratios en Extremadura, Andalucía y Madrid
En el documento, compuesto de más de 100 páginas, los investigadores concluyen que las ratios de la atención primaria que se prestaba en 2018 en ese sector son muy dispares dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida el usuario. Extremadura, Andalucía y la Comunidad de Madrid registraron los parámetros más elevados, con una ratio de un profesional cada 3.764, 3.294 y 3.338 habitantes, respectivamente; en el otro extremo se sitúa –siempre según el análisis realizado por la OCDE– Navarra (413), Cantabria (446) y Baleares (714).
En relación a este asunto, los investigadores alertan de que ocho comunidades “no establecen mínimos de dotación de personal” en las leyes autonómicas que rigen los servicios sociales. Por su parte, entre aquellas que sí han dejado constancia de este dato en la normativa, la cifra “varía de 1.500 habitantes a 4.000 habitantes por profesional”.
En el análisis realizado también advierten del caso de Extremadura, la comunidad autónoma con la ratio más elevada, siempre según los cálculos del estudio, que “tenía una ratio global de un trabajador de atención primaria cada 3.764 habitantes”, una cantidad que “es inferior a la ratio mínima establecida en su normativa [3.000]”.
A pesar de esta conclusión, la OCDE señala que “en la mayoría de las regiones con datos disponibles, el gasto dedicado a los servicios sociales de atención primaria por habitante ha aumentado entre 2012 y 2018”. “El incremento ha sido más importante entre 2015 y 2018 que anteriormente, reflejo de la recuperación económica y de un interés de las comunidades autónomas por invertir en los servicios sociales”, subrayan.
Más tiempo de administración y menos de intervención
Los investigadores también detallan qué respuesta se han encontrado por parte de los trabajadores de este sector. “En las encuestas, los profesionales mencionan la necesidad de más personal administrativo y más trabajadores sociales. Estas carencias de personal obligan a los profesionales a dedicar mucho tiempo a las tareas administrativas y les dificulta la intervención y el apoyo social”, apunta el informe.
Se recogen varias reivindicaciones que han realizado los entrevistados: mejorar la formación, apostar por la progresión profesional, sobrecarga de trabajo, precariedad de los profesionales que no son funcionarios y burnout (estar quemado). “De hecho, en España, los trabajadores en los servicios sociales y sanitarios cuentan con las tasas más altas de absentismo relacionadas con las bajas y enfermedades laborales”, recuerdan los investigadores.
Esta investigación se ha estado cocinando durante dos años, tal y como apunta Ana Llena-Nozal, responsable del informe y economista senior de la OCDE. Para obtener una información verosímil, los datos que se han utilizado proceden de 2018 y 2019, años previos a la pandemia. De esta forma, intentan no “sesgar” las conclusiones con el impacto que tuvo la emergencia sanitaria en los servicios sociales. Entre las hipótesis finales del estudio, Llena-Nozal apunta que en nuestro país “no hay un acuerdo de mínimos ni una definición de lo que debería englobar los servicios sociales”.
La disparidad de funcionamientos autonómicos provoca que los usuarios no sean los únicos afectados por esta situación. El informe también pone el foco en las consecuencias que tiene para los trabajadores. Por ejemplo, de acuerdo a la información recabada por la OCDE, en algunas autonomías –como Asturias, Baleares y Murcia– un trabajador maneja de media 60 expedientes al año; en Galicia ronda los 40; mientras en otras regiones ese número es mucho más elevado. En Aragón la media es de 250 por trabajador y en Cantabria supera los 300.
“También existe una gran variabilidad dentro de las comunidades autónomas: los trabajadores pueden atender el doble o el cuádruple de casos que un compañero de la misma región. En Aragón, por ejemplo, el número mínimo de casos es de 77 y el máximo de 373. En Extremadura, las cifras se pueden multiplicar por 10, con casos que oscilan entre 25 y 250”, apunta el informe.
Ahondando aún más en la desigualdad del sistema, los investigadores avisan de los diferentes servicios que promueven las autonomías y los criterios dispares para acceder a ellos. Únicamente siete comunidades –Castilla y León, Catalunya, Navarra, Euskadi, La Rioja, Aragón y Baleares– contaban en 2020 con un catálogo o una cartera de prestaciones aprobada por el Gobierno autonómico. En el resto, este reglamento no había sido ratificado, apuntan desde la OCDE.
Esta situación, el hecho de que no se aprueben las normas que determinan el catálogo de servicios, repercute en la atención. Llena-Nozal explica que si no están aprobados, y no se reconocen como “derechos subjetivos de los ciudadanos”, “no se pueden ejercitar correctamente”. “Mientras estos derechos no están definidos, el ciudadano no los puede reclamar”, señala.
La organización internacional destaca que esta actuación provoca que no se articulen “verdaderas políticas públicas que den solución a las necesidades sociales que impulsaron el desarrollo y aprobación de la ley y se queda todo en un texto con una serie de principios generales y definiciones que tienen escaso reflejo práctico en la vida de la ciudadanía”.
Aún así, Llena-Nozal explica que hay varias comunidades que están trabajando en ello y algunas cuentan ya con borradores. Entre ellas, cita los casos de Valencia y Canarias que han aprobado en los últimos años una ley de servicios sociales. Por lo tanto, constatan que existe “una voluntad de las comunidades autónomas” en “mejorar” tras una pandemia que ha mermado a este sector.
Disparidad en los servicios que oferta cada comunidad
Analizando las carteras ya aprobadas y los borradores, la OCDE constata “grandes diferencias en la cantidad de servicios y prestaciones ofrecidas entre las comunidades que están establecidas en los catálogos autonómicos”. El número de prestaciones que se ofertan oscilan entre las 136 propuestas por Catalunya y las 30 de Murcia.
Los investigadores no han encontrado información en las consejerías de asuntos sociales de Canarias, Cantabria y la Comunidad de Madrid. Por este motivo el análisis realizado sobre las prestaciones garantizadas abarca 14 comunidades autónomas. La relevancia de que el acceso a estos servicios quede recogido como un derecho en alguna norma o reglamento garantiza que “se pueda ampliar la partida presupuestaria en caso de más demanda”, recuerdan desde la OCDE.
El servicio de información es el que está presente en más carteras; se menciona en los catorce catálogos analizados, aunque está garantizado en 10. En otros casos, como las ayudas para las víctimas de violencia de género, la desigualdad es más evidente. Solo seis regiones garantizan en sus reglamentos autonómicos la atención psicosocial a las afectadas, aunque en cuatro más también existe este servicio. Por su parte, siempre según la información recabada por la organización internacional, en once comunidades se contempla la atención residencial para estas víctimas; no obstante, solo en siete de ellas esta asistencia está garantizada bajo condiciones.
Sin embargo, la OCDE no solo pone el foco en los servicios que se ofertan, también en los criterios de elegibilidad, donde una vez más encuentran desigualdades dependiendo de las comunidades autónomas. Por ejemplo, los investigadores del informe destacan que para acceder a la renta mínima de inserción se establece como requisito “residencia legal en algún municipio de la Comunidad, como ocurre en Castilla y León o en Extremadura, mientras que en otras, a este requisito se añade el de ‘residencia efectiva’ e ‘ininterrumpida’ en cualquier municipio de la Comunidad, en concreto, en La Rioja, en Cantabria, en Asturias; o el de ‘residencia efectiva’ y 'continuada' en la región, tal y como sucede en Murcia, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid”.
Copago en atención residencial y domiciliaria
Asimismo, el copago es un factor presente en la asistencia social. La cantidad que tienen que pagar los usuarios para recibir una prestación varía dependiendo de su código postal. “Únicamente Castilla-La-Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana garantizan el servicio de mediación familiar de forma gratuita para toda la ciudadanía”, apuntan desde la OCDE. Y añaden: “[En] las otras comunidades, el servicio es gratuito únicamente para familias que cumplan los requisitos de atención jurídica gratuita, cuando la mediación es iniciada por una autoridad judicial”.
Para obtener una plaza en una residencia también hay que hacer frente a un copago. La evaluación de la organización internacional ha revelado que “en algunas comunidades el patrimonio del solicitante o la totalidad de las rentas percibidas” no se han tenido “en consideración a efectos del cálculo” de la cantidad que tienen que abonar los usuarios. De media los beneficiarios de estas plazas pagan el 40% del coste de la atención residencial, aunque los porcentaje autonómicos oscilan entre el 17,6% de Canarias, 17,3% de Extremadura y el 20,9% de Madrid; frente al 49,7% de Castilla y León, 49,8% de Euskadi y 55,8% de La Rioja.
En la ayuda domiciliaria la brecha es mucho mayor. Los usuarios en Murcia tienen que afrontar de media el 44%, frente al 2% que se contempla Andalucía, según los cálculos realizado por la OCDE con datos de 2019. En la misma línea se sitúa la tarifa horaria que se paga por usuario. En un extremo se encuentran los 9,04 euros de Extremadura y los 9,42 euros de Galicia, y en otro los 16,5 de Baleares y los 17,4 de Aragón.
España se encuentra por debajo de la media en gasto de servicios sociales de los países de la OCDE. “Para reducir la desigualdad tendría que buscarse una manera de encontrar unos mínimos en el país para que los ciudadanos tengan derecho a los mismos servicios y para que se pueda pedir una transferencia de estas prestaciones de una autonomía a otra”, indica Llena-Nozal.
El Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en un proyecto de ley de servicios sociales con el que garantizar una protección mínima en el conjunto del territorio español y combatir las desigualdades territoriales. Al frente del texto está el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien aseguró esta semana que confía en remitir en las próximas semanas el texto al Consejo de Ministros.