Europa va a juzgar, al menos, una década de abuso constatado del agua que da vida al Parque Nacional de Doñana. La denuncia sobre el expolio del acuífero Almonte-Marismas llegó a Bruselas en 2010, presentada por la organización WWF. El jueves, la Comisión Europea decidió llevar el caso al Tribunal de Justicia tras considerar insuficientes las respuestas y medidas que España ha ido presentando a los requerimientos de la Unión Europea.
Por el camino, se han multiplicado las hectáreas dedicadas a cultivos de regadío, se han detectado centenares de pozos ilegales para sacar agua y balsas sin permisos donde acumularla. El almacén hídrico subterráneo está, técnicamente, en mal estado. La ONU barajó la posibilidad de declarar el parque “patrimonio en peligro”.
El Ministerio de Transición Ecológica admite que ha recibido la noticia “con preocupación”. El Gobierno planea llevar a la Junta de Gobierno de Doñana declarar los acuíferos “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo” para permitir más control sobre la extracción del líquido.
Por ahora, la Comisión debe enviar la documentación a los jueces para que fallen. “Es pronto para especular sobre cuantías de multa”, ha dicho un portavoz de la Comisaría Europea de Medio Ambiente.
Solo si España elevara una solicitud de inadmisión, los magistrados tendrían que estudiar la forma antes que el fondo de la cuestión. Si no, la Corte decidirá sobre las responsabilidades a la hora de esquilmar los recursos de uno de los espacios naturales más valiosos del mundo. “Es una buena noticia”, han generalizado los propios trabajadores del parque que han hablado con eldiario.es.
El oro del regadío que chupa el agua de Doñana
El expolio del agua que debe nutrir Doñana alimenta, en gran parte, la agricultura de regadío. “El desvío de grandes cantidades de agua tanto para la agricultura como para las necesidades de los turistas locales está deprimiendo la capa freática” ha descrito Bruselas.
Se trata de un mercado de alta rentabilidad que no para de crecer. En Huelva se produce el 100% de frambuesas españolas, el 96% de los arándanos y el 97% de las fresas. Las exportaciones conjuntas de estos tres frutos rojos pasaron de 522 millones de euros en 2011 a 1.067 millones en 2017, según la federación de productores Fepex. Un 104% más.
Mientras las fresas –el cultivo con mayor mercado en términos absolutos– ha mantenido más o menos estables las hectáreas dedicadas a la producción (6.600), los datos del Observatorio de Frutos Rojos de la Junta de Andalucía revelan que el arándano dobló su superficie en los últimos siete años, un sector “en plena expansión”. La frambuesa ha aumentado su superficie un 180% y más que doblado la producción: de 15.950 toneladas a 43.794.
Con estas cifras, ¿quién se mantiene ajeno a este impulso? El delegado de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz, indica que la cuestión no es ir en contra de la agricultura sino de “la agricultura ilegal. Hemos detectado cerca de 3.000 hectáreas de regadío sin permiso”. Alrededor del Parque Nacional de Doñana está previsto que haya hasta 9.300 hectáreas de este cultivo. “Ya se han regularizado 4.500”, recuerda Fuentelsaz. “Uno de los principales afectados por estos agropiratas son los agricultores dentro de la legalidad”, remata.
La declaración de “en riesgo” de las masas de agua subterráneas permite modificar los volúmenes que se sacan y “asegurar que los aprovechamientos se ciñen a las posibilidades”, cuentan en Transición Ecológica. Esto podría paralizar concesiones de uso de agua hasta que se dé un equilibrio hidrológico.
La cuestión es que la riqueza del espacio natural depende en gran parte de las aguas subterráneas que afloran en la marisma. El acuífero Almonte-Marismas, de 2.409 km , nutre del agua que justifica el valor ambiental de las 100.000 hectáreas del parque nacional de Doñana y su zona periférica. Ese terreno sí está blindado legalmente, pero el problema se produce más allá de sus lindes.
Pozos y balsas ilegales
Que se saca mucha agua que debería fluir hasta los humedales queda constatado por la cantidad de pozos y balsas ilegales que se quedan con los recursos. La Junta de Andalucía tenía contabilizados más de 800 en 2014. WWF ha llevado la cifra a más de mil perforaciones y 1.700 balsas.Este año, el Gobierno ha contestado al diputado de Unidos-Podemos Juantxo López de Uralde que la Guardia Civil había clausurado más de 500 tomas de agua y 140 balsas de regadío.
La combinación de fincas ilegales y captaciones irregulares se ha prolongado en el tiempo a costa del buen estado del ecosistema protegido. En 2018 se realizaron 1.000 inspecciones y se levantaron 328 actas de denuncia, según los datos del Gobierno. Precisamente un inspector de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue agredido en septiembre cuando actuaba sobre uno de estos pozos.
“Se está incumpliendo la legislación europea por la extracción abusiva e insostenible”, cuenta el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi que visitó Doñana el otoño pasado junto a una delegación del Parlamento europeo. “El Gobierno español debería actuar de forma urgente y cerrar los pozos ilegales para proteger el parque nacional”, remata Marcellesi en una llamada a los gestores del espacio natural.
Los responsables políticos
El parque nacional está gestionado por la Junta de Andalucía tras establecer el Tribunal Constitucional que esta era una competencia exclusiva de las comunidades autónomas en 2004. También ha sido responsabilidad de la Junta la ordenación de los regadíos que rodean el entorno natural.
Sin embargo, la baza política de los regantes no ha sido desdeñada por el Gobierno central –la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir depende del Ejecutivo–. Durante el último mandato del Partido Popular, se convirtió en habitual que fuera la ministra de Trabajo, la onubense Fátima Báñez, la que apareciera en clausuras de pozos ilegales y declarando su intención de garantizar trasvases de agua para satisfacer las demandas de los agricultores. La titular del ramo era la ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
Precisamente García Tejerina se comprometió a sacar adelante una ley para aumentar el caudal del trasvase desde el sistema de los ríos Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir de 4,99 hectómertos cúbicos a 19,99 hectómetros. La proposición partió del Parlamento andaluz con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y PP. La ley se publicó en el BOE en diciembre de 2018. El patrón que justifica este aumento de agua trasvasada es que, de esta manera, no se recurrirá a los recursos naturales del parque nacional. Una fórmula que no convence a WWF ya que “a más agua disponible, más regadíos. Hay que insistir más en la gobernanza del agua”.
Los avisos en saco rato: medidas ineficaces
La sobrexplotación del acuífero fue denunciada en Europa en abril de 2010 por la ong WWF. Ha llegado al Tribunal Europeo casi una década después. En ese camino, además de los avisos de la Comisión Europea, la extracción de agua subterránea ha llevado al acuífero a un “mal estado”, según reflejan los propios informes internos del Gobierno. Sus análisis reflejan el agotamiento paulatino de los depósitos subterráneos. Sus 16 sectores presentan algún grado de riesgo. Los estudios evidencian que, además, las lluvias no consiguen reponer el caudal para compensar el ritmo al que la agricultura saca el agua.
El expediente de sanción europeo arrancó en 2014 con un primer aviso formal. La respuesta española llegó con la presentación de un paquete de medidas como la compra de la finca Los Mimbrales por 35 millones de euros –con la idea de no gastar los 6,8 Hm de agua a los que tenía derecho– y, sobre todo el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana. Este plan vio la luz en diciembre de 2014 y ampara hasta 9.300 hectáreas dedicadas al regadío. La Junta ya ha regularizado unas 4.500.
Este plan tampoco ha traído la paz social. La Plataforma de Regantes del Condado no ha parado de pedir que se incluyan como legales las 1.500 hectáreas que quedaron fuera del documento. Los ayuntamientos de Moguer, Almonte, Rociana y El Condado lanzaron en 2015 y 2016 mociones para apoyar esta demanda. El Partido Popular de Huelva ha pedido repetidamente al Gobierno andaluz que revertiera el estatus de estas fincas. Ahora tiene a un compañero de partido al frente del Ejecutivo.
Sin embargo, la Comisión Europea envió un segundo dictamen sobre el deterioro del espacio natural por el abuso del agua que lo nutre en abril de 2016. Lo que Europa ha acabado por decir es: Sí, son medidas, pero ineficaces e insuficientes por lo que remitimos el caso a los jueces. Cinco años de burocracia europea y casi diez de abuso constatado.
Otras amenazas: el depósito de gas y la autovía que vuelve
El expediente que viaja hacia el Tribunal Europeo se refiere al agua. La sangre del humedal de Doñana. Sin embargo, sobre el parque se ciernen otras amenazas. Sin ir más lejos, el proyecto de almacén gasístico de Gas Natural que pretende inyectar el hidrocarburo en cavidades subterráneas, todas lindando con el mapa del parque. Un informe del Instituto Geológico y Minero, no hecho público y al que accedió eldiario.es, indicaba que uno de los depósitos proyectados presenta “peligrosidad alta”.
Tras la toma de posesión del nuevo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha resucitado un antiguo anhelo y plan del Partido Popular andaluz: una autovía que una Huelva y Cádiz con riesgo de tocar Doñana. Moreno Bonilla lo prometió como candidato en noviembre de 2018. El secretario general del PP de Huelva, Manuel Andrés González, lo repitió ya en enero de 2019.