La Eurocámara quiere que el aborto sea un derecho fundamental de la UE. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que han vuelto a reclamar a los 27 que lo incluyan en la Carta Europea de Derechos Fundamentales para blindarlo e incrementar la protección de las mujeres ante los retrocesos que en los últimos años han sufrido en países como Hungría, Polonia o Malta. La resolución, impulsada a raíz de la consagración del aborto en la Constitución de Francia y el compromiso de Emmanuel Macron de impulsar su reconocimiento como un derecho universal, ha salido adelante con una amplia mayoría (336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones).
Entre los votos en contra estaban los del PP de Alberto Núñez Feijóo, Vox y dos eurodiputados de Ciudadanos. El texto lo han respaldado socialistas, liberales, verdes y la izquierda y lo han rechazado los grupos de la extrema derecha. El Partido Popular Europeo se ha dividido.
Los eurodiputados reclaman a los 27 que se modifique el artículo 3 de la Carta para incluir un reconocimiento a que “toda persona tiene derecho a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación”. Se trata de una petición compleja ya que requiere de la unanimidad de los estados miembros en un momento en el que el conservadurismo se ha ido imponiendo en la UE, donde el cordón sanitario a la extrema derecha se ha roto en los últimos tiempos.
El texto, de hecho, carga contra los retrocesos en materia de igualdad e insta a países europeos como Polonia o Malta a que despenalicen la interrupción voluntaria del embarazo. Acabar con la penalización del aborto fue una de las principales banderas de Donald Tusk durante la campaña electoral que le llevó a desbancar del poder al ultranacionalista Ley y Justicia tras quince años de deriva autoritaria y retroceso en materia de derechos sociales. Sin embargo, la propuesta para reformar la normativa y avalar la interrupción del embarazo en determinados supuestos ha hecho emerger las primeras grietas en la coalición de gobierno.
Los eurodiputados también condenan “la negativa de los médicos en algunos Estados miembros a practicar abortos, en algunos casos por instituciones médicas enteras, sobre la base de una cláusula de «conciencia»”. En España, por ejemplo, sólo el 15% de las interrupciones del embarazo se practican en la sanidad pública y, cada año, miles de mujeres se ven obligadas a desplazarse entre provincias para poder abortar.
La resolución adoptada en el Parlamento Europeo también aboga por poner coto al dinero público que acaba en organizaciones antiabortistas, que ha aumentado en los últimos tiempos. Así, insta a la Comisión Europea a que garantice que las organizaciones que trabajan contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos, no reciban financiación de la Unión.