La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado este martes en el Senado que la Ley Trans ha recibido 60.000 aportaciones durante la consulta pública abierta por el Ministerio hasta el pasado 18 de noviembre, “el 96% de ellas, de apoyo”. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta sobre los pasos legislativos del Gobierno para garantizar los derechos del colectivo. En su intervención, Montero se ha comprometido a “despatologizar las realidades trans”, es decir, a reconocer la llamada autodeterminación de género: “Este año es el año en que van a ver sus derechos reconocidos en la ley”, ha afirmado.
La norma, que es objeto de un intenso debate en el seno del movimiento feminista, ha estado sujeta a consulta pública desde el 30 de octubre con el objetivo de recabar la opinión de la población, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del proyecto. A pesar de que estos procesos están destinados a recoger aportaciones, durante este periodo, personas y colectivos trans animaron en redes sociales a enviar sus muestras de apoyo a la ley a través del e-mail habilitado para tal fin por la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio. Por su parte, colectivos feministas que se oponen a la norma, agrupados bajo la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres, también alentaron a enviar sus aportaciones contrarias.
Según ha detallado tras la intervención de Montero el Ministerio de Igualdad en una nota de prensa, de los 60.957 correos electrónicos recibidos en el buzón habilitado para la consulta, 58.993 han sido de apoyo, 1.386 la han rechazado, y 578 han sido no válidos.
Los cambios de la ley
La Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans prevé impulsar la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género, que implica eliminar los requisitos médicos que el Estado exige a estas personas para modificar su sexo en el Registro Civil. La ley actual, la de Identidad de Género de 2007, obliga a las personas trans a contar con un informe psicológico que les diagnostique “disforia de género” y a haber estado al menos dos años en hormonación para cambiar su mención registral. Además, excluye a los menores de edad, algo que ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional, y a las personas extranjeras sin nacionalidad española. Nueve comunidades autónomas han superado este marco y en los últimos años han ido aprobando normas que eliminan estos requisitos para los ámbitos de su competencia.
En opinión del departamento que dirige Irene Montero, la ley de 2007 supuso un “un avance sustancial”, pero considera necesario un marco estatal que “se equipare a los estándares internacionales”. En este sentido, “los organismos internacionales de protección de los derechos humanos se han manifestado sobre la necesidad de superar la concepción de la transexualidad como una enfermedad o trastorno, y de lograr la despatologización de las identidades trans”, añade el Ministerio en la información habilitada a la ciudadanía para la consulta pública. Además, la ley prevé incluir medidas en otros ámbitos –sanitario, educativo...– con el objetivo de combatir la transfobia: según una reciente encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), un 63% de personas trans en España se han sentido discriminadas en el último año.
La norma, que forma parte, junto a la LGTBI y la de Igualdad de Trato, del paquete legislativo contra la discriminación que el PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a impulsar en su acuerdo para el Gobierno de coalición, ha desatado un profundo debate en el seno del feminismo. Para una parte, se trata de una norma necesaria para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas trans, otra considera que el derecho a la libre autodeterminación de género provocaría “el borrado” de las mujeres y que estas leyes vienen a introducir en el ordenamiento jurídico la 'teoría queer'.
En este sentido, organizaciones agrupadas en plataformas como Contra el Borrado de las Mujeres o la Confluencia Movimiento Feminista pelean por paralizar el proyecto porque afirman que autorizar a las personas trans a que modifiquen su sexo sin requisitos médicos supone la “pérdida de la protección de los derechos específicos contra la opresión por razón de sexo”. Entre otras cosas, ponen como ejemplo que los agresores machistas podrían afirmar ser mujeres para evitar ser condenados por la Ley de Violencia de Género. La tensión está también presente en el ámbito político y en el propio Gobierno y se evidenció el pasado mes de junio, cuando se hizo público un argumentario interno del PSOE, firmado por algunos altos cargos y sosteniendo motivos similares para oponerse a la norma.