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España se alinea con los países que bloquean una mayor reducción de emisiones contaminantes en la UE
España es incapaz de cumplir el límite de emisiones tóxicas de amoniaco marcado por la legislación europea. En 2018 volvió a rebasar el tope en un 33%. “Arrastrada por el aumento de la cabaña ganadera y el uso de fertilizantes”, encadena nueve cursos fuera del techo que entró en vigor en 2010, según analiza el Inventario Nacional de Contaminantes Atmosféricos del Ministerio de Transición Ecológica.
En 2018 se liberaron al aire 473.700 toneladas de este compuesto corrosivo con efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. Un poco menos (1,9%) que un año antes, pero todavía 121.000 toneladas por encima del tope asignado. La gran mayoría proviene de la degradación de residuos animales. El estiércol del ganado está detrás del 78% ya sea por la gestión de desechos o su aplicación a los suelos. Solo la cabaña porcina emitió 72.000 toneladas de NH.
El propio inventario apunta al foco del problema: el aumento del número de cabezas de ganado (al que se le suman los fertilizantes “tanto estiércol como orgánicos”). A la cabeza de ese aumento se sitúa un disparado sector porcino.
El boom del cerdo arrancó en 2013. Entonces, el censo se había estabilizado en torno a los 25-26 millones de animales. A partir de 2014, las explotaciones porcinas comenzaron a dar saltos millonarios. En 2014 la cabaña sumó un millón de animales. En 2015 fue 1,8 millones y España se colocó como tercera potencia mundial.
En 2018 volvió a aumentar el número de cerdos: 30,8 millones de animales (+2,78%). En los últimos cinco años se han alcanzado “cifras récord cada año”, resume el Ministerio de Agricultura que contabilizó ese curso “52,4 millones de animales sacrificados y unos 4,52 millones de toneladas de carne producida”.
El aumento de producción ha satisfecho una mayor demanda de carne de cerdo en España pero, sobre todo, ha sustentado el ascenso de las exportaciones a otros países. Entre 2008 y 2018 se ha doblado la cantidad de carne vendida fuera: de uno a dos millones de toneladas. Mucha más carne. Muchos más animales, más amoniaco. Este sector acelerado tiene pendiente una nueva regulación legal ya preparada en el Ministerio de Agricultura desde noviembre de 2018, pero que no ha terminado por aprobarse y entrar en vigor.
Nuevo cálculo de los techos
A este límite de emisiones que ha incumplido España desde 2010 solo le quedan dos años de existencia. La Unión Europea revisó los techos nacionales de contaminantes en 2016 de manera que, a partir de 2020, entra en funcionamiento una nuevo cálculo. El Gobierno del PP –con Isabel García Tejerina en Agricultura y Medio Ambiente– se alineó con los ejecutivos que presionaron para que las rebajas fueran más moderadas.
La nueva normativa se ha traducido en España en un decreto aprobado en julio de 2018. La norma establece que las emisiones de amoniaco desde 2020 sean un 3% inferiores a las de 2005 como año de referencia. Eso deja el nivel máximo en 467.000 toneladas. Desde esa cota se espera una bajada lineal.
Se trata de un techo objetivamente más permisivo respecto a los 353.000 que operan entre 2010-2020. El Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica explica que se había “infravalorado” el anterior valor. Con todo, las emisiones registradas en 2018 todavía superan ese objetivo. Para 2030 la reducción se eleva al 16%: el tope se quedará en 404.000 toneladas.
El Programa repite otra vez dónde está el origen de la contaminación: “El estiércol acumulado tanto en el alojamiento como en los almacenamientos externos constituyen una de las principales fuentes de emisión en las granjas intensivas”. El documento elaborado por Transición Ecológica fue aprobado en septiembre pasado por el Consejo de Ministros.
Ahí se afirma que si no se toman medidas extra, se “prevé un incumplimiento de los límites de emisión a partir de 2022”, es decir, superar el nuevo techo para el NH a pesar de que sea más alto. El programa incluye unas líneas maestras de actuación que afectan a “la gestión de estiércoles”.
Sin embargo, la regulación específica que ordenar “las normas básicas de las granjas porcinas intensivas”, todavía aguarda su aprobación. Este proyecto de decreto, presentado en noviembre de 2018, explica que “incorpora medidas para cumplir los compromisos nacionales de reducción de emisiones de amoniaco”. El texto, aún en borrador, debe regular las condiciones sanitarias, de ubicación, higiénicas, de infraestructuras, de bioseguridad y los requisitos ambientales de estas infraestructuras. Todo un paquete de medidas, todavía a la espera.