Hace más de un año que un juez ordenó, por sentencia firme, que se hiciera la exhumación de los hermanos Lapeña en el Valle de los Caídos, el conjunto monumental franquista donde hay enterradas 33.000 personas, más de 12.000 de ellas sin identificar, y que el Gobierno no ha cumplido alegando problemas técnicos.
Patrimonio Nacional, encargado del Valle, y la vicepresidenta del Gobierno han tomado postura común justificándose en la complejidad para ejecutar el fallo. También ambos han eludido contar que el primer obstáculo lo puso hace seis meses la Abadía del Valle de los Caídos.
Tanto el organismo estatal como Soraya Sáenz de Santamaría han ocultado que en octubre del año pasado los monjes se opusieron de palabra y por escrito a la entrada de los técnicos, según la documentación oficial de Patrimonio a la que ha tenido acceso eldiario.es [ver documento abajo]. Desde entonces el proceso está en punto muerto.
Según esa documentación, el 17 de octubre de 2016 la Abadía del Valle de los Caídos envió un documento a Patrimonio en el que se oponía a la entrada de los técnicos a hacer un informe ni a tocar la cripta de ningún modo. Esta información se obvió de las comunicaciones públicas.
El abogado de los Lapeña, Eduardo Ranz, confirma a eldiario.es que en una reunión días después a la que asistieron Patrimonio, la familia y varios expertos del Instituto Torroja se relató que los monjes habían impedido que se entrara en la cripta e incluso que se introdujera una microcámara para conocer el estado interior y las posibilidades de sacar los cuerpos.
Un permiso imposible
La condición que pusieron los religiosos fue que antes de tocar nada se obtuviera el permiso del resto de las familias de las víctimas enterradas en esa fosa común, la Cripta del Sepulcro del piso tercero. En la práctica, conseguir esto es imposible ya que hay cuerpos sin identificar.
Aunque el Valle está gestionado por el Estado y es de titularidad pública, la basílica, donde están enterrados tanto las víctimas de Franco como el propio dictador, es de la Iglesia, y son los monjes benedictinos quienes la gestionan.
En su comparecencia pública en el Parlamento del miércoles, Sáenz de Santamaría eludió citar que son los religiosos quienes impidieron el paso a los técnicos, y lo dejó en un difuso “hubo oposición de terceros”, cubriendo a la orden benedictina que obstaculiza el cumplimiento de la sentencia judicial.
Tras el veto de los monjes, Patrimonio encargó un informe a la Abogacía General del Estado para saber “el modo en el cual proceder”, que se convirtió en el tercer dictamen solicitado, tras otros dos técnicos que se habían pedido en julio: uno al Instituto Torroja, dependiente del CSIC, para que dijera si acceder era viable. Si decía que sí, pediría otro informe más al Consejo Médico Forense, que es un órgano consultivo, para que se pronunciara sobre cómo hacerlo.
Sin posibilidad siquiera de empezar a trabajar en el primer informe técnico, ya que son los técnicos del Instituto Torroja a quienes se impidió la entrada, el proceso se sume en una maraña legal de competencias y actuaciones mientras la sentencia firme está a la espera y el Gobierno sigue diciendo que está trabajando en su cumplimiento.
Desde el día en el que se encarga el informe a la Abogacía han pasado seis meses, sin que se haya hecho públicas las recomendaciones de los abogados del Estado, aunque Patrimonio dice a eldiario.es que “este mes se conocerá y a partir de ahí la intención es tomar medidas”.
Preguntado por el contenido de ese informe, si es una cuestión de competencias: “No sabemos”. Entonces, en esa misma comunicación, Patrimonio añade un informe más al que aparece por escrito en su documento oficial [abajo]: “Son dos informes”, algo que la vicepresidenta también confirma días después en el Congreso.
El giro viene cuando Sáenz de Santamaría añade que “esos dos informes de la Abogacía se remitirán a las familias” y revela parte del contenido, que vuelve el proceso a la casilla de salida. El dictamen final de los abogados del Estado es “recabar un dictamen del Instituto Torroja para que se pronuncie sobre viabilidad del acceso y cómo llegar” y en caso de que sea positivo, “otro informe al Consejo Médico Forense” para la identificación y prueba del ADN. Es decir, volver a julio de 2016, cuando se ya se habían pedido supuestamente esos dos informes por parte de Patrimonio.
El abogado de los Lapeña interpreta que “quieren dejar morir el problema de viejo, pero no lo van a conseguir, es una vulneración de la Constitución en el cumplimiento de la sentencia y la digna sepultura”. “El hijo de uno de los Lapeña tiene 92 años y se ha pasado 60 llevando flores donde no estaba su padre”, lamenta.
eldiario.es ha contactado con el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que ha aducido no poder contestar en ese momento a las preguntas sobre la oposición de su orden a la exhumación dictada por el juez.