Qué sabemos sobre la mortalidad que ha habido en España durante el primer verano de la pandemia

El MoMo, el sistema de vigilancia de la mortalidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha vuelto a registrar un exceso de defunciones este verano, después del que se dio entre marzo y mayo. Para los dos meses completos de julio y agosto, según los datos analizados por elDiario.es del último informe publicado por el organismo, el exceso de defunciones subiría hasta los 3.669 personas, sobre todo en el grupo de edad de mayores de 74 años, y además la mortalidad se concentra más entre mujeres que entre hombres. La cifra es provisional, se reajusta diariamente, y queda lejos de la reflejada en los mismos documentos entre el 10 de marzo y el 9 de mayo, la primera ola de COVID-19 en España, cuando se registró un “exceso” de 43.556 muertes para las que no estábamos preparados.

El total de muertes confirmadas por COVID-19 por el Ministerio de Sanidad entre el 1 julio y el 31 de agosto es 887. Aunque los contagios se hayan disparado, la mortalidad por COVID-19, al menos de momento, no ha crecido estos meses de 'segunda ola'. Por eso, muchos miembros del Partido Popular han utilizado este martes la información del MoMo para acusar al Gobierno de que el ISCIII, que depende de los Ministerios de Ciencia y de Sanidad, está desmintiendo las cifras que da diariamente el propio Ministerio de Sanidad en sus informes, aludiendo a esa diferencia entre los 752 muertos y el exceso total.

Sin embargo, si se analizan al detalle los datos se ve que no se pueden relacionar directamente con el coronavirus. Muchas comunidades que registran muchas más muertes de lo habitual en esta época del año no son las que más fallecidos están notificando con COVID-19 confirmado. Por ejemplo, Andalucía registró 747 muertes más de las esperadas entre julio y agosto mientras que la Junta de Andalucía solo ha notificado 62 defunciones entre los positivos de la comunidad. Situación similar en Extremadura, donde apenas han fallecido 8 personas con COVID-19 y el exceso de mortalidad se sitúa en las 170 personas.

Es habitual que haya un exceso durante los meses del verano, estemos o no en medio de una pandemia. El MoMo siempre ha reflejado dos picos. Por un lado, las olas de frío. El anterior techo del MoMo, hasta que llegó la pandemia, fue en enero de 2013, debido a la gripe de ese año. Por otro, las olas de calor. La más dura, cuando hubo más muertes que en el verano de 2020, fue en 2003, 5.631 fallecimientos “de más” solo entre los asociados a las altas temperaturas. En 2019, los informes del MoMo registraron un exceso de 2.103 muertes asociadas a las altas temperaturas y en 2016 de 2.291. En 2018 y en 2017, aunque hubo más de 1.100 muertes atribuibles al calor, el saldo total de fallecimientos quedó en negativo respecto a lo esperado.

Para monitorizar todo eso, el MoMo cuenta con un sistema específico para usar en esta época: el MoMocalor. Proporciona alertas de mortalidad asociadas al exceso de temperatura con un modelo de estimación que tiene en cuenta la edad de la población por provincias y un indicador estadístico calculado con la temperatura llamado Índice Kairós. Ahora mismo ese sistema estima 1.837 muertes desde el 1 de junio atribuibles a alguna causa relacionada con las altas temperaturas, unas 1.000 de ellas para el periodo del 27 de julio al 15 de agosto, el del exceso. Aunque son datos también no consolidados que se utilizan para estimaciones estadísticas y que relacionan la sobre mortalidad con los días en los que hubo altas temperaturas.

Los informes MoMo los elabora el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Lo que hacen los científicos responsables del MoMo es comparar los decesos que se han dado de manera real con los que se esperaba que hubiera, teniendo en cuenta las medias de los últimos 10 años ajustadas por modelos estadísticos, “por la tendencia y por la estacionalidad”, explicaba la responsable del equipo en una entrevista con eldiario.es, la doctora Amparo Larrauri. Y no consideran exceso siempre que hay muertes “de más”, sino cuando “se observa al menos dos días consecutivos con defunciones observadas por encima del percentil 99 de las estimadas”. 

En la primera ola hubo mucho desfase entre las cifras oficiales del Ministerio de confirmados por COVID-19, casi 28.000 muertos, y las del ‘exceso’ del MoMo, esas casi 44.000. Amparo Larrauri apuntaba en junio que el exceso de muertes no se podía atribuir directamente solo a COVID-19: “Puede deberse a casos con COVID-19 confirmada, a casos con COVID-19 sin confirmar y que los sistemas de vigilancia no identifican, y a la pandemia de manera indirecta. (..) Hemos vivido un cambio de estructura social y sanitaria, y eso ha provocado que muchas personas con patologías de base no se hayan acercado al médico por multitud de razones, como que temían el contagio o que sus consultas no funcionaban como lo hacían habitualmente”. Es decir, afirmaba que “nunca llegaremos a saber cuántas de las 43.000 muertes de más fueron directamente por COVID-19”.

El segundo exceso de muertes de este año es mucho menor pero aún más complejo socialmente. Aunque todavía haya muertes que se puedan escapar, por protocolo los hospitales realizan la prueba PCR a todos los ingresados. España, aunque ha habido lugares puntuales en los que se ha denunciado falta de material, como en algunos centros de salud de la Comunidad de Madrid, tiene mucha más capacidad de diagnóstico que entre marzo y mayo. Ahora mismo no existe además un problema en las residencias de ancianos como el que se dio en primavera, cuyos usuarios en la mayoría de los casos no fueron diagnosticados antes de morir y constituían buena parte de los decesos por coronavirus ‘no oficiales’.

Pero continuamos en una pandemia y eso tiene consecuencias. Pedro Gullón, médico especializado en Epidemiología y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, enumera las tres causas más probables para la “sobremortalidad” de este verano. La primera sería “lo más inusual que ha ocurrido este año, las muertes por COVID”. La segunda, “las muertes indirectas COVID: seguramente cosas que aún se arrastran desde marzo y abril, se me ocurre, por ejemplo, diagnósticos de cáncer que se hicieron con retraso debido al colapso sanitario y que han complicado la enfermedad”. La Sociedad Española de Oncología estimaba sobre esto, por ejemplo, que en los meses de primavera hubo un 35% menos de diagnósticos de cáncer de lo esperable. Y tercera, “la causa para la que normalmente se utiliza el MoMo: exceso de calor, o de frío”. Añade sobre esta última, en este verano atípico en el que la gente ha viajado algo menos, que “es verdad que este año ha podido tener un impacto pequeño por cómo ha sido el verano, pero una parte de ello siempre habrá”.

887 muertes del Ministerio, 1.437 de las comunidades

Hay otro factor que sigue desbarajustando los datos: los retrasos en las notificaciones de las comunidades en las cifras que dan al Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias (CCAES) del Ministerio del Ministerio. Mientras el Sanidad registra esos 887 decesos entre julio y agosto, si se cogen las cifras para el mismo periodo que están escritas en los informes diarios de cada gobierno autonómico, la suma da 1.437. Esto se debe a que algunas comunidades no están remitiendo los decesos al Ministerio, que tiene un sistema de vigilancia y control concreto que las comunidades han de mandar, al tiempo que actualizan sus propios informes. 

El principal retraso lo cuenta Catalunya, que cuenta con una diferencia de 369 muertos entre sus propios datos y los que da al CCAES a fecha 2 de septiembre. Después Euskadi (75 de diferencia) Castilla-La Mancha (50), Madrid (26). Aunque lo de Catalunya, con mucho peso en la suma total, puede deberse en parte a una diferencia de criterios: el Ministerio pide en su sistema que se notifiquen las muertes con prueba PCR, pero Catalunya sigue incluyendo en la web de la Generalitat las que las funerarias apuntan como “sospecha de COVID-19”.

La información sobre mortalidad diaria la obtiene el MoMo del Registro General de Registros Civiles y Notariados del Ministerio de Justicia, distribuidos entre todas las Comunidades Autónomas y 52 capitales de provincia. En mayo de este año, incorporaron además las defunciones por todas las causas de los 3.929 registros civiles informatizados que hay en España, lo cual representa a las que tocan al 92% de la población española. Eso supuso que, de golpe, ya superada la primera ola de COVID-19 se sumaron los fallecimientos ‘no esperados’ de 12.000 personas hasta entonces no contabilizados. 

Nota: en una primera versión de este artículo se decía que la cifra de personas fallecidas con COVID-19 oficiales era 773, pero se ha actualizado a 887 tras el último informe del Ministerio de Sanidad del 4 de septiembre, que ampliaba la cifra.