Ser joven es uno de los factores de exclusión social que ha sacado a la luz la pandemia de la COVID-19, que después de casi dos años ha dejado a once millones de personas en esta situación, 2,7 millones de ellos, jóvenes de entre 16 y 34 años. La crisis sanitaria ha duplicado además la precariedad laboral, que alcanza a casi dos millones de hogares.
Son algunas de las conclusiones del informe 'Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España', elaborado por la Fundación Foessa y presentado este martes por Cáritas, que alerta de la “profundización” de la brecha de desigualdad en la sociedad española, en la que los grandes damnificados por la COVID-19 han sido los más débiles, “a quienes no ha llegado el denominado escudo social”.
“Cada crisis aumenta la desigualdad y el impacto de esta ha sido grave y severo”, ha subrayado la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, que ha detallado que, de los once millones de personas que ha dejado la pandemia en exclusión social, seis millones están en situación de pobreza severa, lo que supone 2,5 millones más que en 2018 y la cifra más elevada registrada en España desde 2007.
En 2021 se sumaron más de 650.000 nuevas personas jóvenes (16-34 años) a la exclusión, la mayoría en situación severa, lo que supone 500.000 más con respecto a 2018 y elevan a un total de 1,4 millones de jóvenes en situación severa.
A nivel generacional, la tasa de exclusión de la población menor de 30 años es algo más de tres veces superior a la de la población mayor de 65 años y la tasa de exclusión severa se llega a multiplicar por cinco entre ambos grupos etarios.
Los jóvenes españoles ya han sufrido dos crisis económicas
“Para los jóvenes es el segundo mazazo en poco tiempo. Han vivido dos crisis muy seguidas, que les ha restado mucha oportunidades en una fase esencial de sus vidas”, ha lamentado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de Foessa, Raúl Flores, que ha indicado que “a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”.
Según la investigación, a partir de una encuesta a 7.000 hogares, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal, que sufre inestabilidad laboral grave (con tres o más contratos en un año o que ha trabajado en tres o más empresas o que ha estado tres o más meses en paro en el año).
Una situación que durante la crisis de la COVID-29 ha alcanzado a 800.000 familias, y el desempleo total familiar casi se ha duplicado; es decir, hay casi dos millones de hogares donde todas las personas activas están en paro.
Pese al aumento de la protección social, no se ha podido compensar esta situación y un tercio de estos hogares (600.000) carece de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad.
“Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente”, ha remarcado Flores, que ha añadido que en términos de renta, el informe revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.
Tres de cada diez familias han recortado gastos en alimentación y ropa
La pandemia también ha aumentado la brecha de género al tener más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, de modo que la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (pasaron del 15% al 18%).
Además de la edad y el género, la nacionalidad es otro factor de exclusión social: el 50,3% de los hogares con extranjeros están en esta situación (casi tres veces mayor que en los hogares españoles).
A largo de 700 páginas, el informe destapa un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital, “el nuevo analfabetismo del siglo XXI”: casi la mitad de los hogares en exclusión social sufre el apagón digital, lo que significa que 1,8 millones vive esa brecha de manera cotidiana, especialmente los hogares conformados sólo por mayores de 65 años y personas que viven solas.
También ha dejado huella la pandemia en los gastos habituales de las familias: tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir el dinero destinado a alimentación, ropa y calzado, lo que se multiplica por dos entre los hogares que sufren exclusión social.
Frente a la imagen de pasividad que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, Flores ha destacado que su nivel de activación es muy alto, incluidas aquellas a las que llegan las ayudas, lo que, a su juicio, demuestra la “falsedad del supuesto efecto desincentivador del sistema de prestaciones”.
Desde Cáritas y Foessa creen que hay un “margen de mejora amplio”, pero para ello consideran necesario “perfeccionar” el sistema de protección social y proponen, entre otras medidas, mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital, ya de los 850.000 hogares beneficiarios previstos, lo han percibido cerca de 316.000 hogares; es decir, una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 en situación de pobreza severa.
Apuestan, además, por implantar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad del empleo, complementar los salarios escasos con otras medidas redistributivas, garantizar un sistema de salud público de calidad, poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, así como superar la brecha educativa provocada por el apagón digital y avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales actuales.