La reforma normativa referente a la Propiedad Intelectual llega a su fin. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el borrador de la reforma del Código Penal de los ministerios de Cultura, Justicia e Industria. Estas son algunas de las claves:
La nueva ley persigue la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto (a través de publicidad).
También estará perseguido el acceso a la localización de obras protegidas, enlazando a webs de almacenamiento de ficheros protegidos como Putlocker o Megaupload. En los casos más graves -cuando el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica o cuando los hechos revistan especial gravedad - las penas suben de cuatro a seis años de cárcel.
El texto asegura que “en ningún caso se actuará contra usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P que permiten compartir contenidos”.
En cuanto a la distribución física de material protegido (manteros), las penas se mantienen entre los seis meses y dos años pero incluyen una alternativa: dependiendo del beneficio y las circunstancias, la pena podría de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días.
Este cambio en la legislación supondría la tipificación de un nuevo delito, inexistente hasta ahora. Hasta ahora solo están penados la reproducción, plagio, distribución y comunicación sin permiso del autor.
Aunque no hay una confirmación oficial de los ministerios competentes, por lo que este planteamiento inicial aún está sujeto a modificaciones, la reforma plantea seis años de cárcel, la obligatoriedad de retirar los contenidos e incluso el bloqueo de la página, según El País.
En cuanto a qué pasaría con las empresas tecnológicas que, como Google, indexan otras páginas que pueden albergar contenidos protegidos por los derechos de autor, fuentes oficiales no se han querido pronunciar sobre “hipótesis”. “Por sentido común no les pasaría nada”, ha señalado Justicia.
En el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual que se envió a Consejo de Ministros en marzo no preveía penar con prisión a las páginas de elaces, aunque sí planteó atacarlas económicamente al ir contra las empresas que se anunciaran en ellas con sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros. Los departamentos de prensa de los ministerios involucrados en la reforma no han sabido precisar a eldiario.es si con ahora se plantea endurecer la persecución de estas páginas.