El Senado aprueba sin cambios importantes la ley de protección a denunciantes de corrupción

Tras ocho años intentándolo, España está a un paso de aprobar definitivamente una ley para proteger de represalias a las personas que denuncien o informen sobre casos de corrupción. El Senado ha dado su visto bueno al texto que debe hacer que España deje de ser el único país de la OCDE que no contempla protecciones especiales para estas personas. La cámara alta lo ha sacado adelante con los votos de los senadores del bloque de la investidura y la negativa de PP, Vox y Navarra Suma.

La nueva ley dispone la creación de una autoridad central encargada de analizar las alertas de irregularidades y dar apoyo a sus denunciantes, tanto jurídico como psicológico. También establece cuantiosas multas para aquellos que los acosen o coaccionen, ordena el establecimiento de buzones internos de denuncia en las administraciones, partidos políticos y empresas públicas y privadas, permitiendo además que se hagan denuncias anónimas, una posibilidad hasta ahora no contemplada en el ordenamiento jurídico español.

España estaba obligada a aprobar una norma de este tipo para trasponer la directiva europea de protección a denunciantes de 2019. Sin embargo el texto ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil y personas que han denunciado en el pasado casos de corrupción por ser “disfuncional”, no respetar los principios de la directiva y dejar agujeros que permitirían a los corruptos perjudicar a las personas que les señalan. Entre ellos, destacan la posibilidad de que los informantes sean denunciados por revelación de secretos por aquellos a los que señalan.

“La ley tiene carencias importantes. De las más importantes es que se pueda condenar por revelación de secretos a un denunciante de corrupción”, afea en conversación con elDiario.es Ana Garrido, denunciante de la trama Gürtel que padeció durante años las represalias de los denunciados. “Tiene tantas deficiencias que vamos a tener que seguir trabajando una vez aprobada la ley para solucionarlas”, revela Garrido, presidenta de la Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción (Aedico), de nueva creación.

Sin enmiendas de consideración

Las organizaciones que criticaron la ley habían pedido a los senadores que la enmendaran para tapar sus agujeros antes de la votación final, pero no han conseguido su objetivo. el texto ha sido aprobado sin cambios de consideración en su articulado. No obstante, deberá volver al Congreso para recibir su ratificación definitiva después de que el Senado introdujera algunas enmiendas.

Una de ellas anticipa la posible detección de esos fallos y compromete al Gobierno a corregirlos “en el plazo máximo de 18 meses”. “Deberá aprobar una Estrategia contra la corrupción que al menos deberá incluir una evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley, así como las medidas que se consideren necesarias para paliar las deficiencias que se hayan encontrado en ese período de tiempo”, reza el texto de la enmienda, impulsada por ERC y ratificada por el Pleno del Senado.

Sus críticos no lo consideran suficiente. “La ley es una decepción para los ciudadanos y ciudadanas que ven su vida desmantelada a consecuencia de represalias profesionales, personales e incluso jurídicas”, afirma Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, que asegura que “la norma se queda muy corta”. Uno de los aspectos que señalan es la potencial falta de independencia de la autoridad central encargada de supervisar las denuncias, al ser nombrada por el Gobierno.

“Un resultado previsible. Desgraciadamente queda consolidado que España tiene una de las peores leyes sobre la materia”, lamenta Simona Levi, del grupo hacktivista Xnet. Este grupo forma parte de la asociación WIN (Whistleblowing International Network) que agrupa a otras 30 asociaciones a nivel internacional y ha llegado a ponerse en contacto con la Comisión Europea para alertar de las “disfunciones” de la ley española.

Pese a todo, Garrido opina que la aprobación de la ley es una buena noticia y “un punto de partida sobre el que trabajar”. Celebra también lo que a su juicio son cambios positivos que se han dado durante la negociación, como la concesión de un puesto para las organizaciones que representan a los denunciantes de corrupción en la dirección de la autoridad central que debe protegerlos.

Tras los pequeños cambios introducidos, la ley volverá al Congreso en las próximas semanas para recibir la definitiva luz verde antes de entrar en vigor.