Isabel Tejerina, la primera mujer elegida democráticamente como concejala en Santander

Isabel Tejerina formó parte de la primera Corporación local constituida en Santander después de la dictadura, tras las elecciones municipales celebradas el 3 de abril de 1979, lo que la convirtió en la primera mujer concejala elegida democráticamente en la ciudad, dado que María Josefa Pérez Vega accedió a una concejalía en el Ayuntamiento de Santander por el tercio familiar en 1970, en plena dictadura. La fragilidad de una democracia surgida de un proceso de transición política imperfecto e incompleto se reveló a lo largo de su accidentado mandato y culminó con su expulsión del cargo, acordado por mayoría en la sesión del Pleno de 2 de septiembre de 1982.

El relato de su trayectoria comienza antes, el día 19 de abril de 1979, con la celebración de la sesión constituyente de la Corporación Municipal de Santander, tras las primeras elecciones municipales celebradas, el 3 de abril, tras 40 años de dictadura. Fue un acontecimiento histórico que generó una gran expectación y convocó a un buen número de ciudadanos que se acercaron al Ayuntamiento que se encontraba, como recogió literalmente el acta de la sesión, “repleto de público que ocupa los pasillos y las escaleras, al no poder tener acceso al interior”.

Un hecho esperanzador e ilusionante en una democracia recién estrenada, resultó sin embargo ser la génesis de un mandato plagado de irregularidades y despotismo, que ocasionó un enorme desamparo en la ciudadanía de Santander, especialmente entre los menos favorecidos. Juan Hormaechea Cazón fue nombrado en esta sesión alcalde de Santander, a pesar de no haber obtenido el mayor número de votos de los concejales recién elegidos. El acta del pleno recoge que el representante del PSOE, Jesús Cabezón Alonso, fue el candidato más votado con diez apoyos, uno más que Juan Hormaechea, aunque no llegó a los 14 necesarios para obtener la mayoría. Su elección se debió a encabezar la lista más votada, la de UCD.

Isabel Tejerina, representaba como concejala al Partido del Trabajo de Cantabria (PTC) y formó parte de una oposición de izquierdas muy minoritaria, junto con los representantes del Partido Comunista de España (PCE) Martín Silván Delgado y José Ramón Saiz Viadero, cuyos planteamientos en algunas ocasiones confluían y en otras muchas se mostraban discrepantes. Esto le llevó a sentirse muy sola e incomprendida en el Ayuntamiento, como ella misma contó en una entrevista realizada el 27 de agosto de 2019: “Yo estuve muy sola en el Ayuntamiento porque no hubo ningún pacto de izquierdas para hacer realmente una política progresista entre los partidos. PSOE y PCE estaban más al consenso, estaban más a sacar alguna cosilla. Que algunas cosas votamos juntos, pero la mayoría de las veces yo estaba bastante sola”, señaló.


Las líneas maestras de la política local que Isabel Tejerina defendió en todas sus actuaciones se encaminaban a lograr una mayor igualdad entre los ciudadanos y justicia social. Persiguió sin aliento la mejora de las condiciones de vida de la ciudad y sus habitantes, incidiendo en los barrios con mayores necesidades, así como la defensa de una mayor participación de los ciudadanos en las políticas locales. Las políticas de vivienda fueron su principal motivo de lucha, en la que contó siempre con el apoyo de su partido, el PTC y de AFEVIC (Asociación de Afectados por la Vivienda en Cantabria), a través su representante Vidal Pérez Bahillo; y a su vez la causa de su expulsión.

Las líneas maestras de la política local que Isabel Tejerina defendió en todas sus actuaciones se encaminaban a lograr una mayor igualdad entre los ciudadanos. Persiguió sin aliento la mejora de las condiciones de vida de la ciudad y sus habitantes, incidiendo en los barrios con mayores necesidades

El primer conflicto al que se tuvo que enfrentar como concejala fue el del inminente desalojo y derribo del poblado 'Canda Landáburu', popularmente conocido como “las casucas” de La Albericia, que habían sido construidas para dar cobijo a las personas que habían perdido sus viviendas en el incendio de Santander en 1941. La anterior Corporación local había cedido los terrenos en los que se ubicaba el poblado a una empresa constructora, ZAFER, S.A., a cambio de un número de viviendas sociales (80), que resultó ser absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de todos los afectados (156) y cuyo precio estaba fuera de sus posibilidades económicas.

Los vecinos de las casucas se negaron al desalojo hasta ver satisfechas sus pretensiones de conseguir para todos una vivienda digna a un precio asequible. Y para ello solicitaron la ayuda de Isabel Tejerina. En el mes de mayo de 1979 tuvieron lugar varias asambleas de los vecinos, a las que acudieron Isabel y Vidal, y una concentración de apoyo convocada por el PTC y la Organización Revolucionaria del Trabajo (ORT), con los que se logró que se solicitara la celebración de un pleno extraordinario para tratar este tema en profundidad, moción que firmaron los concejales del PTC, PCE, PSOE y PRC. En el pleno, que tuvo lugar el 7 de junio, Isabel Tejerina y Ramón Saiz Viadero defendieron que se adoptara una solución en bloque para todos los afectados de las casucas. Isabel Tejerina, además, propuso que, dado que las 80 viviendas que ZAFER iba a construir eran insuficientes, se acordara la adjudicación prioritaria de las 216 viviendas sociales que el MOPU tenía proyectado construir en Cazoña. El pleno acordó por unanimidad destinar todas las viviendas disponibles a solucionar este problema, aunque no se concretó el modo de llevarlo a efecto.

La construcción de viviendas sociales fue un tema recurrente y causa de numerosas controversias durante los primeros años del primer mandato democrático municipal. Santander, como muchas otras ciudades del país, experimentó un enorme y desordenado crecimiento urbano, derivado del desarrollismo de los años 60 y los consiguientes movimientos migratorios del campo a la ciudad, que dio lugar a un grave problema de vivienda y servicios urbanísticos esenciales.

Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna por carecer de los medios económicos necesarios, el chabolismo se convirtió en la única opción para muchas familias. La solución debía venir de la mano del Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y las corporaciones locales. En el caso del Ayuntamiento de Santander existía un compromiso de cesión de terrenos municipales al MOPU para que construyese viviendas sociales a un coste que resultase asequible para las personas en peor situación económica.

A este fin, en el pleno ordinario de 4 de octubre de 1979 se aprobó una moción de la Comisión de Servicios Sociales, de la que Isabel Tejerina era vocal, para destinar terrenos urbanizables de Cazoña y La Albericia a la construcción de unas 3.000 viviendas sociales, con lo que se solucionaría el grave problema de vivienda del municipio, y propuso igualmente la elaboración de un censo de necesidades de viviendas sociales, en la que deberían participar los ciudadanos.

Todos los miembros de la Corporación estaban de acuerdo en la necesidad de construir viviendas sociales, pero se discrepaba en el modo de hacerlo. En el pleno ordinario de 17 de abril de 1980 volvió a discutirse este tema en relación a un proyecto para construir unas 2.000 viviendas de protección oficial en el Cierro del Alisal. Había dos posturas muy claras sobre la mesa. La primera, promover viviendas más económicas en promoción directa o a través del MOPU, que ofrecían mejores condiciones a las familias con menos ingresos, postura defendida por Isabel Tejerina y los concejales de PCE, Martín Silván y José Ramón Saiz Viadero. La segunda, la promoción de suelo urbano para construir viviendas de protección oficial, un sistema que imponía precios mucho más altos y peores condiciones de financiación, pero que beneficiaba a las empresas constructoras al darles más margen de beneficio, opción defendida por UCD y que finamente resultó ser aprobada por mayoría.

En el pleno de 5 de marzo de 1981 se aprobó una moción para sacar a subasta la cesión de un solar en La Albericia, propiedad del Ayuntamiento, para la construcción de viviendas sociales, a lo que se opuso Isabel Tejerina y los concejales del PCE por entender que el sistema de subasta encarecería el precio de las viviendas haciéndolas inaccesibles para la mayoría de los trabajadores. El alcalde mencionó que iba a mantener contactos con varias empresas constructoras y que ya tenía una propuesta de la constructora López Pablo. Parece que el alcalde ya había tomado una decisión y comenzado las gestiones para ejecutarla, antes de que la cuestión fuera sometida al Pleno, lo que reflejaba su baja estima por los procesos democráticos.

Hubo otros muchos frentes en los que Isabel Tejerina estuvo en liza con el alcalde, como la subida desorbitada de las tasas municipales, la imposición de contribuciones especiales a los ciudadanos para los financiar los servicios en los barrios más pobres, la oposición a la propuesta para que se concediera al rey Juan Carlos el Premio Nobel de la Paz -en la que se quedó absolutamente sola y que provocó que sus declaraciones fueran llevadas por el gobernador civil al Ministerio Fiscal por entender aquel que podían ser constitutivas de delito-, la compra de los campos del Racing, la adjudicación directa de determinadas obras o la aprobación de los presupuestos municipales de 1982 por el terrible endeudamiento al que había llevado a la ciudad la mala gestión económica municipal.

No hay que olvidar las malas formas y los insultos proferidos por el alcalde hacia ella, algunos de los cuales se pueden leer en el acta del pleno de 6 de noviembre de 1980, que reproducimos literalmente tal y como aparecen en dicha acta: “La considero a usted una persona totalmente indeseable, una persona totalmente irresponsable, totalmente carente de ningún sentido de la dignidad y totalmente carente de la categoría para representar aquí a nadie de Santander”.

Isabel Tejerina fue una fiel defensora de los sectores más castigados de la población. Y estar al lado del más débil defendiendo sus derechos la llevó hasta los tribunales y puso fin a su mandato de concejala de Santander

Se puede decir que Isabel Tejerina fue una fiel defensora de los sectores más castigados de la población. Y estar al lado del más débil defendiendo sus derechos la llevó hasta los tribunales y puso fin a su mandato de concejala de Santander. El día 24 de septiembre de 1979 la Policía Nacional ejecutó el desalojo de Pedro Cruz Martínez, su esposa y sus tres hijos de la vivienda que ocupaban en el Grupo Santos Mártires en la calle Cervantes de Santander, un piso de protección oficial que llevaba ocho años vacío y abandonado por sus propietarios, lo que suponía un flagrante incumplimiento de la normativa sobre viviendas protegidas.

Una vez desalojada la vivienda, acudieron, en apoyo de la familia Cruz, Isabel Tejerina, Vidal Pérez Bahillo y otros activistas del PTC y AFEVIC, que ocuparon de nuevo el piso como medida de presión, en un acto de desobediencia civil. En el exterior de la vivienda tuvo lugar una concentración de protesta que había sido convocada previamente por AFEVIC. La policía reaccionó con violencia; un total de 18 policías nacionales sacaron por la fuerza y detuvieron a los ocupantes, entre ellos Isabel Tejerina, y a algunos manifestantes, que fueron puestos a disposición judicial; tres de ellos, Félix Churiaque, secretario General del PTC, Vidal Pérez Bahillo de AFEVIC y el ocupante de la vivienda Pedro Cruz, pasaron tres días en la Prisión Provincial en régimen de incomunicación.

Isabel Tejerina fue condenada por la Audiencia Provincial en sentencia de 25 de mayo de 1981 por los delitos de desacato y resistencia a la autoridad a tres meses de arresto mayor y 20.000 pesetas de multa, y a las penas accesorias de suspensión de cargo público, profesión y sufragio, mientras durase la condena; sentencia que devino firme el 19 de noviembre de 1981. Haciendo una interpretación torticera de la ley, el alcalde consideró que el pleno de la Corporación, recurriendo a la fórmula de “darse por enterado” de la sentencia, podía declarar la incompatibilidad de Isabel Tejerina con el cargo de concejala y en consecuencia cesarla en el mismo. De tal forma que incluyó la propuesta de cese en el orden del día del pleno de 2 de septiembre de 1982, el último al que acudió Isabel Tejerina, que se defendió con argumentos de peso, como consta en estas palabras que se recogieron en el acta de la sesión.

“Afirma que la Ley que la ha condenado a ella está sujeta a transformación y de hecho se han producido ya sentencias absolutorias a ocupantes de viviendas. Cree que su actuación en la ocupación de la vivienda lo merecía y hasta lo exigía, y que no tiene dolor de corazón ni propósito de enmienda. Defiende que las cosas tienen que modificarse y paga gustosamente el precio político de su posible cese como concejala por ese hecho. Manifiesta su absoluto rechazo al procedimiento seguido y a la misma Ley que elimina de las instituciones a un representante del pueblo como consecuencia de una acción política […] Si deciden mi cese, saldré con la cabeza bien alta a nivel personal, no me siento derrotada, humillada ni ofendida. Mi salida del Ayuntamiento supone mi retirada de la política, quizá provisional, porque mantenga la esperanza de que las cosas han de variar”.

El cese fue votado y aprobado por mayoría, con la oposición de los concejales del PSOE, PCE, PRC y de la propia Isabel Tejerina, y con la desaprobación del numeroso público asistente al pleno que durante toda la sesión mostró su desacuerdo con gritos, silbidos y protestas. El alcalde ordenó el desalojo de la sala y ante la negativa ciudadana, requirió a la Policía Local que lo hiciera por la fuerza. ¿A qué nos recuerda esta forma de proceder? Tal y como se recoge en el acta del pleno, se produjeron “actos de violencia, empujones y gritos, quedando finalmente despejado el recinto de público, tras violentos forcejeos”. Estos acontecimientos tuvieron una gran trascendencia mediática, llegando incluso a la prensa nacional.

Aquí terminó la carrera de Isabel Tejerina dentro de las instituciones políticas, aunque no su lucha por la justicia social en la que perseveró incansable hasta el fin de sus días.