Agricultores, industria y hosteleros piden a Rajoy llevar el impuesto al azúcar catalán al Constitucional

Agricultores, industria alimentaria, empresas de distribución y sector hostelero han reclamado este lunes de forma conjunta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas por ser una “medida discriminatoria con mero afán recaudatorio”.

En conjunto, una docena de entidades han criticado este impuesto, aprobado oficialmente el 30 de marzo y que entró en vigor el pasado 1 de mayo, por, a su juicio, romper la unidad de mercado y obstaculizar la libre circulación de mercancías y servicios. El plazo para que Rajoy pueda presentar recurso de inconstitucionalidad expira el próximo 30 de junio, cuando pasen tres meses de la aprobación del impuesto.

El director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha reconocido que en el caso de que la iniciativa al TC no prospere, no descartan explorar otras vías legales. “Se trata de una medida discriminatoria, con falta de evidencia científica y mero afán recaudatorio. No creemos que la fiscalidad sea la estrategia adecuada para cambiar hábitos de vida”, ha criticado García de Quevedo, informa la agencia EFE.

Según las entidades, la tasa contribuye a la “estigmatización” del azúcar y los refrescos. Asimismo, han mostrado su inquietud porque este tipo de impuestos se extiendan a otras comunidades autónomas o a otros ingredientes. “Quién dice que mañana no se puedan gravar la leche, los yogures, la carne... La vía impositiva no es el mejor sistema de trabajo”, ha subrayado el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Preguntados por la posibilidad de que el Gobierno apruebe un impuesto en el conjunto de España sobre las bebidas azucaradas, desde el sector han recordado que el Ejecutivo ya anunció que no trabaja actualmente en su creación.

La petición al Ejecutivo para que recurra el impuesto al TC está respaldada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias y UPA, por las entidades representantes de la industria FIAB y Promarca, por el sector del gran consumo (Aecoc), así como por la distribución (ACES, Anged y Asedas) y la hostelería (FEHR y Marcas de Restauración).

Para apoyar su petición, han remitido al Gobierno un estudio sobre la constitucionalidad del impuesto, elaborado por el bufete Uría Menéndez. En el documento se argumenta que el impuesto presenta similitudes con el IVA, por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también sostiene que el tributo afecta a la seguridad jurídica y conculca el principio de igualdad de mercado.

La Generalitat, por contra, rebatió las críticas cuando impulsó el impuesto asegurando que se enmarcaba plenamente en sus competencias tributarias, en concreto la que permite a las comunidades autonómicas gravar actividades o hábitos perjudiciales para la salud. Y es que el impuesto al azúcar es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El impuesto afecta a productos populares como la Fanta o la Coca-Cola, pero también a zumos y néctares, sodas, bebidas energéticas, de té y de café, leches endulzadas y aguas de sabores. Los comercios y distribuidores están obligados a repercutir el gravamen en el consumidor, que paga ocho céntimos para bebidas con entre 5 y 8 gramos de azúcar añadido por cada 100 mililitros y doce céntimos para las que superan esa cifra. La Generalitat prevé recaudar unos 40 millones al año con el impuesto.