El jefe de Glovo declara por primera vez como imputado entre intentos de los 'riders' para ampliar los delitos del caso

Por primera vez en España un directivo del capitalismo de plataformas acudirá a declarar a un juzgado como investigado. Se trata de Oscar Pierre, fundador y director general de Glovo, que este martes comparecerá ante la magistrada del juzgado de instrucción 31 de Barcelona imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. El polémico modelo laboral de la compañía sigue en los juzgados, pero ha pasado de la jurisdicción social a la penal.

El caso está abierto por un delito contra los derechos de los trabajadores, aunque el colectivo de los riders (anglicismo por el que se conocen los repartidores de Glovo y otras empresas) está organizándose para intentar ampliar los tipos penales a los que se enfrente Pierre al entender que la Fiscalía “se ha quedado corta”, según fuentes de los trabajadores.

El colectivo RidersxDerechos, pionero en la lucha de los repartidores contra los falsos autónomos en el sector, junto al Observatorio del Trabajo Algoritmo y Sociedad (TAS) intentó personarse como acusación popular del caso, pero la jueza fijó una fianza muy alta (20.000 euros). Ahora se baraja que los repartidores se personen como acusaciones particulares para intentar ampliar la causa a delitos fiscales y contra la Seguridad Social, estafa y falsedad documental.

A la espera de si este salto cuantitativo en cuanto a los delitos tiene éxito, la clave y el futuro del caso dependen de la respuesta a una pregunta. ¿Mantuvo Glovo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal? Para la Fiscalía sí, pero para la empresa y su fundador, no. La decisión final corresponderá a la jueza instructora, María Isabel Hernando Vallejo, que deberá resolver si envía la causa a juicio.

Sobre la mesa de la magistrada acusación y defensa han presentado documentos para reforzar sus respectivas tesis, consistentes en sentencias y actas de Inspección de Trabajo. Según la Fiscalía, muestran que Glovo mantuvo su modelo de relación laboral con los riders con posterioridad a la histórica decisión del Supremo de 2020. Por el contrario, la defensa de Pierre sostiene que sí cambió su modelo de relaciones laborales con los riders, adecuándolo a las condiciones fijadas por el Supremo para mantener como autónomos a los repartidores.

Así lo acreditan, aducen, recientes sentencias de la Audiencia Nacional (también posteriores a la sentencia del Supremo) que han revocado sanciones de la Seguridad Social al constatar que los repartidores sí “podían conectarse o no a la aplicación cuando quisieran, con total y absoluta libertad”, a diferencia del modelo que el Supremo tumbó y que premiaba a los repartidores con reservas de las franjas horarias con mayor demanda.

En su denuncia, la Fiscalía no se centra tanto en la cuestión de las franjas horarias, sino que atribuye otras estrategias de Pierre para mantener la relación de falsos autónomos con sus repartidores. Por ejemplo, no garantizar a los riders un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada y dejar de ingresar a la Seguridad Social las cotizaciones laborales correspondientes. Todo ello tendría, a juicio de la fiscal, el objetivo “reducir costes empresariales” de Glovo, esto es, el mismo que el modelo de falsos autónomos.

A toda la documentación de las partes hay que añadir los más de 20 riders que hasta ahora han comparecido como testigos. Según fuentes jurídicas, todos ellos han expuesto varias quejas sobre el funcionamiento de la empresa, si bien no ha habido unanimidad a la hora de declararse autónomos o empleados de Glovo.

La denuncia de la Fiscalía supuso un salto a la vía penal tras las diversas sanciones que, por vía administrativa, Inspección de Trabajo ya interpuso contra la compañía por desoír el fallo histórico del Alto Tribunal que declaró que los riders de la compañía eran falsos autónomos.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha mantenido la presión sobre la empresa para vigilar si mantenía su modelo de falsos autónomos hasta llegar a la vía penal. El Gobierno aprobó la Ley Rider en 2021 con el objetivo de acabar con el abuso sistemático de la figura de los falsos autónomos entre las principales empresas de reparto a domicilio. La norma estuvo apoyada por la CEOE, pero no por la patronal catalana Foment del Treball, que apoyó el modelo de Glovo.

En su afán de perseguir estas prácticas, el Gobierno modificó además el Código Penal para evitar el abuso de los falsos autónomos. El delito al que se enfrenta Pierre se castiga con penas de cárcel de seis meses a seis años y sanciona a los empresarios que restringen los derechos de sus trabajadores abusando de su situación, incluidos los que abusan de los falsos autónomos.

La causa abierta en Barcelona a instancias de la Fiscalía no tiene por ahora réplicas en el resto de España, a diferencia del carrusel de juicios laborales en todas las ciudades donde opera Glovo que el Tribunal Supremo zanjó en 2020 y que casi un lustro después sigue ocupando a los juzgados.