Un alto cargo de la Generalitat salió beneficiado del carpetazo a la investigación sobre Albiol
Xavier García Albiol no fue el único beneficiado del freno a la investigación de las ayudas públicas recibidas por el Club Joventut de Badalona que ordenó la exfiscal jefa de Barcelona, Ana María Magaldi. El director del Institut Català del Sòl (Incasòl), Damià Calvet (PDeCAT), y dos técnicos del ente de la Generalitat dedicado a la gestión de terrenos públicos también evitaron una querella por su participación en una operación urbanística que ayudó al club de baloncesto badalonense a enjuagar sus deudas con Hacienda.
El fiscal de urbanismo de Barcelona, Antoni Pelegrín, concluyó que había suficientes indicios para investigar a Calvet y a los técnicos del Incasòl que intervinieron en la operación por los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos. Pelegrín, tras analizar toda la documentación, remarcó que había existido “una evidente sintonía entre el Incasòl y el Joventut” para que el club de baloncesto consiguiera su “fin lucrativo”, que no era otro que vender unos terrenos a Mercadona.
En concreto, tras dos intentos fallidos, a finales de 2015, el ente que dirige Calvet autorizó un cambio en la propiedad de varias fincas que el Incasòl y la inmobiliaria Grogasa, perteneciente al Joventut, tenían en los barrios del Mas Ram y Pomar de Badalona. Tras el acuerdo por el que se segregaron los terrenos, la constructora pasó a ser la titular mayoritaria (61,08%) de la única finca para usos comerciales (el resto eran para zonas verdes o equipamientos públicos), frente al 38,92% del Incasòl.
En la operación, además, el fiscal expone que se incluyó una cláusula para que el futuro comprador de cualquiera de las partes de la finca “quedara obligado a comercializarlas a favor de Mercadona en unos determinados términos”. Grogasa terminó vendiendo su parte de la finca a Mercadona por 3,1 millones de euros, mientras que el Incasòl hizo lo propio por 773.625 euros. “La sintonía entre los responsables del Incasòl y el Joventut para llevar a cabo el negocio lucrativo es más que evidente”, resaltó el fiscal.
Consultadas por este diario sobre la investigación de la Fiscalía, fuentes oficiales del Incasòl han expuesto: “La remisión de información fue abundante y completa. No se nos ha pedido ninguna ampliación de la información ni concreción de ningún extremo. El Incasòl no está nombrado en ningún expediente jurídico sobre este tema”.
“Plena conexión” con las ayudas de Albiol
A criterio del fiscal Antoni Pelegrín, la reparcelación urbanística que permitió Calvet tenía “plena conexión” con las ayudas públicas inyectadas al club de baloncesto por el Ayuntamiento de Badalona bajo la etapa de Albiol y en anteriores consistorios socialistas. Todas las prácticas responden, según el fiscal, a una “clara voluntad” de los responsables políticos de las distintas administraciones de “ayudar económicamente de manera claramente ilícita” al Joventut.
Damià Calvet dirige el Incasòl desde 2013 –no fue cesado por el 155– y es además teniente de alcaldía de Urbanismo, Economía y Hacienda de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Con una dilatada experiencia en la administración, en la actualidad es uno de los miembros del PDeCAT que actúa de enlace con la lista de Puigdemont, Junts per Catalunya.
La operación de venta a Mercadona de los terrenos fue crucial para que el Joventut lograra los ingresos necesarios para salir del concurso de acreedores en el que entró en 2010 y saldar su deuda de más de tres millones de euros con Hacienda. “Con la operación de Mercadona desencallamos todo”, declaró el propio presidente del Joventut, Jordi Villacampa, en una entrevista en El Periódico en 2017.
Magaldi archivó la investigación
Pelegrín envió en agosto un informe a la fiscal jefa Magaldi para que permitiera elevar el caso a Anticorrupción y a la Fiscalía del Supremo, dado que Albiol, el año pasado, era aforado ante este tribunal por su condición de senador. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, cuando ya estaban convocadas las elecciones del 21D, la fiscal Magaldi ordenó archivar la investigación y ante la negativa de su subordinado, justificada por escrito, acabó asumiendo el caso y dando carpetazo al asunto. La Fiscalía Superior de Catalunya ratificó la decisión de Magaldi a finales de diciembre.
En el caso de Calvet, la razón que adujo Magaldi para archivar el caso fue que los informes técnicos del Incasòl –que Pelegrín ponía en cuestión– avalaron la operación. “Todos los informes técnicos son favorables por lo que sólo una pericial técnica diferente podría poner de manifiesto una clara arbitrariedad en la valoración efectuada”, zanjó la por entonces fiscal jefa, que fue sustituida por Concepción Talón este mes de enero.
La reparcelación que acordaron el Incasòl y el Joventut no era la primera operación urbanística sospechosa en relación con el club de baloncesto que Pelegrín investigaba. Ya en 2012 los vecinos le llevaron un intento de modificación del Plan General Metropolitano (PGM) badalonense que afectaba una de las fincas barrio del Mas Ram por las sospechas de que sólo buscaba favorecer los intereses del Joventut.
El fiscal no detectó suficientes indicios para seguir con la investigación, y además, la operación de 2012 no se consumó, igual que una permuta entre los terrenos de Mas Ram y Pomar que el consistorio propuso en 2013 a la inmobiliaria del Joventut. Finalmente, a la tercera fue la vencida, pero Magaldi archivó la investigación antes de jubilarse y abandonar la carrera fiscal.
