La extradición de Puigdemont puede retrasarse varios meses
La Orden Europea de Detención y Entrega cursada este viernes por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra Carles Puigdemont y cuatro exconsellers ya está en Bélgica. La Fiscalía federal belga la está estudiando este sábado, y deberá remitirlas a un juez, algo que ocurrirá “este domingo o el lunes”, según apunta Europa Press.
En un comunicado, el ministro de Justicia belga, Koen Geens, ha explicado los pasos que seguirá la euroorden de detención y entrega a España contra Puigdemont, y ha recordado que los gobiernos de ambos estados no juegan “ningún papel” en la decisión, que toman en su totalidad las autoridades judiciales de los países.
En el procedimiento de la orden de detención europea, Puigdemont podría comparecer voluntariamente ante las autoridades judiciales belgas, algo que de momento no ha hecho este sábado. Si no lo hace, será llevado igualmente ante el juez. Este mediodía, el expresident ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia de Bélgica.
“Estamos preparados para cooperar plenamente con la justicia belga siguiendo la orden de arresto europea emitida por España”, ha asegurado Puigdemont en un mensaje, escrito en flamenco, en su cuenta de Twitter.
Una vez el expresident haya comparecido ante el juez, en un plazo de 24 horas el magistrado tendría que decidir si la orden de detención es conforme a la ley, si procede dictar prisión para Puigdemont y los exconsellers, tal y como ha pedido la Audiencia Nacional, o si hay alguna causa de rechazo de la euroorden.
Para cumplir este trámite, Puigdemont y el resto de exconsellers reclamados por las autoridades judiciales españolas deberán declarar ante el juez. Si el magistrado belga avala la orden de detención y Puigdemont la aceptara, se procedería a la entrega del president cesado a las autoridades españolas en un plazo máximo de 10 días.
Sin embargo, el abogado del político catalán en Bélgica, Paul Bekaert, podría recurrir la orden de detención, con lo que la entrega podría demorarse hasta 60 días, o 90 en circunstancias excepcionales. Es lo que harán los exconselleres Antoni Comín y Meritxell Serret, cuyo letrado ha anunciado hoy que recurrirán esa euroorden.
En otro supuesto, si el magistrado belga no dicta prisión para Puigdemont y los exconsellers, podría tomar las medidas necesarias para evitar su fuga, por ejemplo mediante la prohibición de viaje o con sistema de vigilancia electrónica.
“Subsisten causas para el rechazo. Vienen definidas con mayor precisión que en régimen de extradición, y permiten todavía en ciertas situaciones rechazar la ejecución de una orden europea de detención”, ha dicho el ministro belga de justicia sin precisar cuáles serían esas causas.
Transposición de la normativa europea
De lo declarado por el abogado belga de Puigdemont, se desprende que el president cesado tratará de aprovechar la transposición que hizo Bélgica de la normativa europea, especialmente garantista en materia de derechos fundamentales, para intentar parar la extradición. Por norma general, los motivos que permiten denegar una euroorden que el acusado sea menor de edad, que ya haya sido juzgado por los mismos hechos en otro Estado de la UE o que haya sido amnistiado.
En sus autos, Lamela pide la detención de Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen en Bélgica por un total de cinco delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia. Cabe recordar que estos dos últimos delitos no están castigados con penas de cárcel, sino de inhabilitación.
Ninguno de los delitos por los que Puigdemont permanece imputado está concretamente tasado en la normativa sobre la euro-orden de detención, que marca la extradición automática en casos de terrorismo, tráfico de drogas, blanqueo, violación o delitos graves contra el medio ambiente.
No obstante, la norma europea indica que para los delitos distintos de los citados, la entrega podrá supeditarse a que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito en el Estado miembro que pide la euro-orden, en este caso, España, “con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo” en otros estados miembros.
