La última propuesta de Junts pel Sí queda lejos de las demandas de la CUP

Los asistentes a la asamblea decisiva que la CUP celebrará este domingo tienen lectura por delante. Junts pel Sí ha presentado este martes una propuesta de acuerdo de 61 páginas en el que la candidatura del independentismo transversal pone las cartas sobre la mesa y explica su última oferta sobre el camino que debe seguir el proceso independentista, el plan de choque y las atribuciones del futuro Govern.

La propuesta de acuerdo mantiene, a grandes rasgos, todo lo que Junts pel Sí había planteado con anterioridad. Esto es, un plan de choque social en el que una Generalitat intervenida no gaste más de lo que no tenga, un proceso hacia la independencia “con plena seguridad jurídica” y la persona de Artur Mas como candidato a presidir la Generalitat bajo la fórmula de tres grandes áreas de gobierno que el propio president expuso en los debates fallidos de investidura. De esta forma, Mas seguiría siendo dueño del botón rojo de la convocatoria de elecciones con el que el president ha marcado los tempos del proceso independentista los últimos años.

No obstante, la propuesta de acuerdo sí es más específica en alguno de los temas que la CUP puso sobre la mesa, como el macroproyecto de ocio y casinos BCN World, y en algunas de las cuantías económicas de las medidas. Otras, sin embargo, son más ambiguas, y en algunos casos el redactado es hasta confuso. Además, la propuesta incluye medidas que la Generalitat ya debería estar aplicando, y otras ligadas al avance del proceso independentista y a la aprobación de unos nuevos presupuestos.

Promesas de aplicar la ley en vigor

En el terreno social, el plan de choque propuesto por Junts pel Sí suma 270 millones de euros, un 96% menos de lo que los cupaires consideraron “de mínimos” en campaña electoral. Las medidas “de aplicación inmediata” en materia de pobreza energética se basan en aplicar lo contemplado en la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que se aprobó por unanimidad en julio en el Parlament gracias a la ILP impulsada por la PAH.

La legislación vigente establece que las compañías no pueden cortar los suministros básicos sin un informe previo de servicios sociales, y en ningún caso pueden hacerlo si se considera que la familia se encuentra en riesgo de exclusión. En este sentido, Junts pel Sí propone aprobar, en dos meses, los “protocoles necesarios” para regular la comunicación obligatoria a servicios sociales de los cortes de suministro por impago. Precisamente con la llegada del frío la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética han reiterado lo que vienen denunciado desde septiembre: que las empresas no están aplicando esta medida y que la Agencia Catalana de Consumo no las sanciona.

Sobre desahucios, la propuesta de Junts pel Sí se basa en aplicar la ley vigente, también mediante “protocolos de acción” en todo el territorio catalán en base a “buenas prácticas” como las que se aplican en algunos municipios como Badalona. También propone la modificación del reglamento de la Mesa de Emergencias de la Agencia de la Vivienda de Catalunya y de los reglamentos municipales para adaptarlos a la actual ley.

La coalición también propugna, sin cuantificarlo, “reforzar presupuestariamente” la línea de ayudas urgentes para el pago del alquiler a familias en riesgo de desalojo por impago de alquiler y un “nuevo instrumento” (que no han concretado) de captación de vivienda del parque privado para cumplir con el realojo adecuado de las familias en los casos de que no se disponga de pisos públicos ni de viviendas de las entidades financieras, a pesar de las diversas medidas que ofrece la legislación para aumentar el parque púbico de vivienda.

En la propuesta de Junts pel Sí, por contra, no aparece una de las medidas más importantes en materia de vivienda que la CUP incluyó en su documento de base para negociar la investidura. Se trata de la expropiación temporal en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda, contemplada en la ley de 2007, que fue eliminada por Artur Mas nada más llegar a la Generalitat en 2011.

Por otro lado, Junts pel Sí concreta en diez millones de euros la partida para empezar a aumentar el parque público de vivienda hasta tasas “más homologables” a las de la media de la UE. Entre las medidas de este punto, se quiere conseguir la incorporación de los pisos ocupados propiedad de entidades financieras al fondo de vivienda de alquiler destinado a políticas sociales a través de su cesión a la Agencia de la Vivienda por un mínimo de seis años.

Sobre dación en pago, la propuesta apunta a desarrollar lo previsto en la ley aprobada en julio, pero sin un calendario concreto. En este sentido, el grupo impulsor de la ILP ya está negociando el desarrollo de un protocolo para poder aplicar las medidas de segunda oportunidad incluidas en la nueva legislación, que a la práctica deberían equivaler a una dación en pago, aunque aseguran que la Generalitat se escuda en el gobierno en funciones para frenar su aplicación.

Recuperar lo que Mas recortó en Renta Mínima

La propuesta de Junts pel Sí revierte una de los tijeretazos más controvertidos de los gobiernos de Mas y recupera la Renda Mínima de Inserción como derecho subjetivo, tal y como le pedía la CUP. También calca una de las demandas de las cupaires, y propone mantener la RMI a todas las personas que pasados los 60 meses de permanencia en el programa continúan con las circunstancias por las que empezaron a percibirla. Hay que añadir que la reforma de la Renta Mínima de Inserción hacia una Renta Garantizada de Ciudadanía ya estaba incluida en el programa electoral de Junts pel Sí.

Además, Junts pel Sí propone incrementar en 70 millones de euros la dotación de la RMI. Pero no recoge otra de las demandas de los cupaires en este campo: garantizar unos ingresos mínimos mensuales a las cerca de 34.000 familias con hijos o dependientes a cargo que a día de hoy no tienen ingresos. En el campo de la dependencia, Junts pel Sí propone dedicar 50 millones para garantizar la ley de dependencia.

Inversión insuficiente en guarderías

El materia de educación y pobreza infantil, Junts pel Sí va un poco más allá del anterior plan de choque, pero aun se mantiene lejos de las expectativas de la CUP. Un ejemplo significativo es el de la inversión en guarderías. Junts pel Sí se compromete a destinar 15 millones de euros a ampliar la oferta de plazas, rebajar el coste de las matrículas y aumentar el fondo de becas comedor de 0 a 3 años. Pero la CUP reclama a la Generalitat una vuelta a la financiación de las guarderías previa a la crisis, lo que supondría al menos doblar los 45 millones de euros que se presupuestaron en 2014 –ahora asumidos por las diputaciones–.

El plan de Junts pel Sí comporta también una inversión en los centros más empobrecidos que concordaría con la demanda de la CUP de aplicar en estos entornos una rebaja de ratios. Ahora bien, la coalición prevé 5 millones de euros a este fin, así como fortalecer el trabajo comunitario en los barrios y ampliar las becas para el transporte. Los 5 millones son una cifra calcada a la partida extra para transporte escolar no obligatorio que salió del acuerdo CiU-ERC.

En cuanto a garantizar una alimentación adecuada a los menores, Junts pel Sí se compromete -sin especificar calendario ni presupuesto- a equiparar el umbral de la pobreza con el del acceso a las becas comedor. Esto dispararía la cifra de 80.000 beneficiarios actual y la acercaría a los 240.000 que reclama la CUP, lo que llevaría triplicar un presupuesto de 48 millones de euros. Y si el cuatro de diciembre Junts pel Sí quería “garantizar el 100% de la cobertura” en la alimentación para niños y niñas en situación de pobreza infantil, este martes la propuesta se limita a hablar de un “aumento” de la cobertura, sin más concreción.

El documento no incorpora otras demandas de los cupaires como volver al precio de las matrículas universitarias de 2009 -desde entonces se han incrementado más de un 66%- o la no persecución de las familias que optan por educar a sus hijos en casa.

Finalmente, destaca por su ausencia la concesión que hizo Junts pel Sí a la CUP de retirar los conciertos a las escuelas que segregan por razón de sexo. Quien sabe si por las dificultades jurídicas que conllevaría -la Generalitat renovó los contratos hasta el 2020 y la LOMCE los blinda- o porque Convergencia remarcó en campaña electoral que “los conciertos son sagrados”.

Reducción de las listas de espera

En cuanto a salud la nueva propuesta de Junts pel Sí es un poco más extensa que la anterior y entra en concretar cómo piensa hacer algunas de las medidas propuestas. Sobre la reducción de las listas de espera, mantiene la propuesta de reducir en un 50% las listas de espera para pruebas diagnósticas y para las visitas al especialista y en un 10% las listas de espera para operaciones quirúrgicas.

Sin embargo, la CUP pide que la reducción sea del 50% en todos los procedimientos y que se haga en un plazo máximo de seis meses. Junts pel Sí garantiza hacerlo en 12 meses y como novedad asegura que para hacerlo efectivo la actividad adicional que ello conlleve se hará en centros públicos o centros sin afán de lucro del SISCAT (la red de utilización pública) y en ningún caso a través de centros privados.

Garantizar un sistema dotado de proveedores públicos es una de las máximas reivindicaciones de la CUP. Una de las principales preocupaciones que la CUP detalla en su plan es la reapertura inmediata las 24 horas del día durante todos los días del año de los Centros de Urgencia de Atención Primaria (CUAP) de algunos territorios. De eso también habla Junts pel Sí, que propone en su nuevo programa reabrir los centros de atención primaria (CAP) y CUAP siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, entre ellos, que antes de su cierre tuvieran un nivel de actividad mínimo, aunque no especifica cuál.

Junts pel Sí también propone ofrecer una asistencia sanitaria universal que no dependa de la condición de asegurado ni del empadronamiento. Y ofrece acceso universal a los tratamientos farmacológicos y se compromete a revisar los criterios de gratuidad. Entre estos tratamientos proponen asegurar el acceso a los fármacos necesarios a todos los afectados por la Hepatitis C, igual que el programa de la CUP.

Ambas formaciones coinciden en otras propuestas como en ofrecer un plan de rescate para las personas afectadas con el Síndrome de Sensibilidad Central. Un plan de choque al que Junts pel Sí no establece ninguna cuantía exacta a destinar.

Las dos formaciones políticas proponen hacer una revisión de los criterios de aplicación del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM,) la CUP de una forma más directa quiere que simplemente no se apliquen los criterios de la Resolución del 23 de julio de 2013 de la Secretaría General Técnica que regula este ente público, porque dice, son economicistas, y Junts pel Sí propone sólo una revisión para que se mantengan sólo los criterios médicos.

Junts pel Sí también habla del proyecto VISC +, el Big Data sanitario catalán, una propuesta que ha creado mucha polémica porque abre la puerta a vender los datos sanitarios a empresas privadas. En la propuesta, de acuerdo, la formación de Raül Romeva deja claro que esto no sucederá.

También habla de aplicar una moratoria al recién creado Consorcio de Lleida para garantizar que no puedan intervenir entidades privadas, y se proponen garantizar que la lista de centros hospitalarios integrados en el SISCAT (red de utilización pública) sólo incluya centros de titularidad pública. Con todo, Junts pel Sí defiende que la actividad privada dentro de la red pública puede ser positiva para reducir las listas de espera y por eso proponen regular la asistencia sanitaria privada dentro del SISCAT. Dos propuestas que van en direcciones contrarias; eliminar centros privados de la red pública pero defender la actividad privada dentro del SISCAT. Todos estos temas han estado en el centro de las discusiones entre CiU y la CUP en el Parlament durante la última legislatura.

Se aparca la vuelta de ATLL a manos públicas

La propuesta de acuerdo de JxSí obvia uno de los caballos de batalla de la CUP en las conversaciones que han mantenido ambas formaciones desde el 27S-S como es la vuelta a manos públicas de ATLL, la mayor (y fracasada) privatización de la historia de la Generalitat. El documento se limita a echar una patada hacia delante sobre ATLL, vinculando la decisión sobre la titularidad de la gestión del agua en alta a lo acordado en el proceso constituyente del nuevo estado.

El documento también incluye una moratoria durante el “período de transición nacional” de los recortes en el sueldo de los funcionarios, a los que el Govern todavía debe pagas extras recortadas, y de la venta de patrimonio público, aunque con la excepción de los edificios que ya se han sacado a la venta. Así, se mantienen en el mercado los edificios que le quedan por vender al Govern después de la espantada de un inversor israelí: la Torre Muñoz, la sede de Empleo y el edificio de la Bolsa de Barcelona, las únicas sedes de conselleries que quedan en manos públicas tras tres años de malas ventas de patrimonio público.

Junts pel Sí sí que aparca el proyecto de ocio y casinos BCN World al proponer la suspensión del Plan Director Urbanístico que debía regularlo, cuya aprobación ya había sido pospuesta hace unos meses para ampliar el periodo de alegaciones. No obstante, el proyecto de casinos se había desinflado en los últimos meses por la huida de inversores.

Fiscalidad condicionada a la independencia

Para pagar el plan de choque, Junts pel Sí calca propuestas que hizo a la CUP a principios de mes que pasan “profundizar” en los impuestos verdes suspendidos por el Constitucional (cuya recaudación prevista ronda los 40 millones y que formaban parte del pacto CiU-ERC de 2012), y “mejorar el impacto fiscal” del canon sobre residuos urbanos e industriales. También se “estudiarán” nuevas tasas ambientales.

Una novedad es el incremento de los controles sobre el fraude fiscal de los tributos que dependen de la Generalitat, como la tasa turística. Pero el documento incluye otras medidas en la lucha contra el fraude fiscal a aplicar “en la hoja de ruta hacia la República catalana”, un eufemismo para no reconocer que, a día de hoy, todas ellas dependen de la Hacienda estatal. Es el caso de la creación de una “policía fiscal” que persiga el “gran fraude”.

Hay que recordar que la Generalitat ya había dado pasos en este sentido: el pasado mes de abril anunció la incorporación de 25 inspectores a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) encargados de identificar deslocalizaciones fraudulentas e investigar ocultaciones de patrimonio en casos de fraude organizado. Sin embargo, el propio plan de lucha contra el fraude fiscal de la ATC consideraba “evidente” que la lucha contra el fraude daba réditos, principalmente, a la Hacienda estatal al ser el organismo encargado de controlar el cumplimiento del pago de los impuestos más sustanciosos: IRPF, el IVA o Sociedades.

Una de las medidas propuestas contra el fraude fiscal tiene un redactado confuso. Se trata de la que propone luchar contra el fraude fiscal “evitando que grandes empresas con sede tributaria en países con muy baja tributación dejen de tributar por las ventas dentro del país”. En todo caso, no se contempla una de las propuestas progresistas en materia fiscal como sería la exclusión de los concursos públicos de aquellas empresas que llevan a cabo operaciones de ingeniería fiscal.

El pacto entre CiU y ERC de la pasada legislatura contemplaba la creación de un banco público a partir del Institut Català de Finances (que ya actúa como tal en lo que a financiación de empresas se refiere). Esta medida se repite en la propuesta de Junts pel Sí a la CUP, a pesar que el ICF finalizó su adaptación a la normativa bancaria europea para ser banco público el pasado verano. Solo le queda pedir la ficha bancaria, solicitud que se vinculó a la evolución del proceso de homologación de entidades que está realizando el Banco Central Europeo (BCE).

La propuesta de Junts pel Sí también incluye un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros. A día de hoy la Generalitat no puede aplicarlo, ya que es competencia estatal. Debería esperar a ser un país independiente, igual que con otra de las medidas tributarias propuestas a la CUP: la restauración del impuesto a la banca, anulado este año por el Constitucional. Por contra, la propuesta de Junts pel Sí no recoge una de las demandas de la CUP en materia laboral como es la reserva de un fondo de 95,8 millones de euros para el Servicio de Empleo Público catalán.