El Plan de Cultura del Gobierno no tiene un plan
En 1830 sirviendo de ministro del Interior del Reino Unido, Lord Melbourne profirió una frase por la que se le sigue recordando: “¡Qué Dios ayude a los ministros que se inmiscuyan en las artes!”. Con esto evidenciaba que no es una tarea fácil diseñar políticas culturales o fijar objetivos para un campo difícil de gobernar como es el de la cultura. Algo así podría haber pasado por la cabeza del secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, que ha presentado el Plan 2020, un proyecto impreciso, sin calendario ni presupuestos asignados, en el que se enuncian 150 medidas de forma genérica y sin concreción. En ese sentido, más que un plan, es un compendio de intenciones. Sin duda, no es el proyecto que esperaba un sector cultural maltratado por la crisis y que ha padecido un abandono y maltrato institucional evidente durante estos últimos años.
El documento presentado llama más la atención por los debates sociales que están ausentes que por las medidas que en él se presentan. De esta forma la precariedad laboral de trabajadoras y trabajadores de la cultura ni se enuncia, los problemas de desigualdad de género tan presentes en el sector no se contemplan, no se aborda el estado lamentable en el que se encuentran muchas de las infraestructuras culturales que nacieron al calor de la burbuja financiera, no hay medidas concretas para fomentar la transparencia y acabar con la corrupción en instituciones culturales y la rebaja del IVA cultural tan demandada por los sectores tan sólo aparece de refilón (literalmente sólo se anuncia la “disminución progresiva de la imposición indirecta que afecte al ámbito cultural en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Función Pública”).
En definitiva, nos hallamos frente a un plan que se encuentra muy por detrás, o apenas contempla las problemáticas y demandas ciudadanas que se han ido concretando durante estos últimos años.
Un nuevo plan que nace viejo
Las políticas culturales de la década pasada se escindieron entre las medidas que entienden que la cultura es un derecho ciudadano, cuyo acceso ha de promover el Estado, y las que tratan a la cultura como un recurso económico. En ese sentido, no se ha avanzado mucho. Las propuestas que se presentaron este jueves siguen encajando en ese patrón, con el énfasis puesto en iniciativas para proteger el patrimonio cultural y un conjunto cada vez más numeroso de acciones para poner el acceso a la cultura en manos de empresas privadas, las llamadas industrias culturales o creativas. Seguramente por ello, el plan parece antiguo.
Podría haberse gestado en la cocina de los ministros César Antonio Molina o Ángeles González Sinde durante la década pasada, ya que reproduce muchas de las preocupaciones y términos de entonces. De nuevo la denominada piratería se sitúa en un primer término, la maltrecha “Marca España” cede lugar a la marca “Shooting in Spain” que nace para atraer rodajes de cine a nuestro territorio. Se recupera la idea del Museo del Cine, que lleva ya años buscando su lugar en los presupuestos, y arrastra una Ley de Mecenazgo que nunca parece concretarse.
De esta manera, el Plan de Cultura 2020 parece querer escapar y evitar las controversias del Gobierno de Wert haciendo borrón y cuenta nueva, buscando inspiración en un pasado cuya coyuntura poco tiene que ver con la actual.
Abundan medidas para fomentar las industrias culturales y reforzar la ley de propiedad intelectual, así, con el objetivo de fomentar una oferta cultural de calidad, se va a impulsar la “puesta en marcha de una nueva línea de préstamos participativos para las industrias culturales y creativas”, y se va a incentivar la “aprobación y puesta en marcha de una nueva regulación legal y reglamentaria de la compensación equitativa por copia privada, con vocación de permanencia”.
Si bien la equivalencia calidad/industria es discutible, el intento de introducir una nueva versión de la compensación por copia privada, tras las sentencias desfavorables de la Unión Europea, no deja de sorprender. En una línea similar, se plantea como objetivo “actualizar el marco jurídico de protección de la cultura”, para ello se “pretende llevar a cabo una renovación del marco normativo” a la vez que se van a dotar de “los recursos tecnológicos y humanos adecuados a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual”. Recordemos que el marco normativo del Estado español en temas de propiedad intelectual está supeditado a la normativa europea, el margen de maniobra es más bien estrecho en ese sentido.
La policía de la remezcla
La Administración se ha tomado en serio acabar con el intercambio de contenidos, la remezcla, las prácticas culturales centradas en la apropiación o las formas de creatividad que abundan en el espacio digital. Con este objetivo se planea la “creación de una Fiscalía especializada para la lucha contra la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual, en colaboración con el Ministerio de Justicia”.
Lo que no se consiga en los juzgados se hará en las escuelas, para ello se diseñará “un Plan de sensibilización dirigido a los escolares sobre la necesidad de respetar la Propiedad Intelectual en el entorno de las nuevas tecnologías”. Esta campaña de “sensibilización” se verá acompañada por anuncios en diferentes medios de comunicación en los que se alertará sobre los peligros derivados de “la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual”. Con estas acciones se pretende “disminuir la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual por parte de los segmentos más jóvenes de la población”. Nace la policía de los memes y la remezcla.
Estas acciones, que responden más a las exigencias de ciertos lobbies que a preocupaciones de la ciudadanía, van acompañadas por una de las peticiones que con más insistencia vienen exigiendo diferentes asociaciones profesionales de la cultura, el desarrollo del Estatuto de Artistas y Creadores.
Con ello se quiere “promover la mejora de las condiciones laborales, económicas y sociales de artistas y creadores”. Esta medida está en línea con las propuestas de la Subcomisión constituida en el Congreso de los Diputados para la elaboración del Estatuto del Artista y del Trabajador de la Cultura cuyas primeras comparecencias se espera que tengan lugar en breve. Si esta iniciativa logra fraguar, reconocer y dignificar la figura laboral de quienes se dedican a la cultura, en el contexto de precariedad que impera, será muy bienvenida.
El rescate de la ley de mecenazgo
Para mitigar el progresivo distanciamiento entre la ciudadanía y la cultura institucional, se promueve una “alianza social por la cultura”. Sorprende que la mayoría de las medidas que se integren en esta línea de trabajo no tengan que ver con la promoción de la transparencia o la incentivación de la participación ciudadana, sino que sean medidas con un claro perfil económico.
Por un lado se recoge uno de esos proyectos que los diferentes ministros se han ido encontrando en su cajón y que lleva ya décadas acumulando tantas expectativas como polvo, nos referimos a la “Aprobación, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de una Ley de Mecenazgo Cultural”. Para ello se quiere crear una “unidad de Cultura y Mecenazgo”.
Lamentablemente, no se explica en qué consiste y cuándo se va a poner en marcha este plan. La parte más social de este epígrafe consiste en reforzar el programa “Museos más sociales” con el que se pretende que los “museos se conviertan en instituciones abiertas, accesibles, interculturales, inclusivas y sostenibles”. Eso sí, no se habla de la dotación presupuestaria de estos museos, dato que ayudaría a comprender si finalmente serán instituciones abiertas o si como parece, muchas se van a ir cerrando.
“Una nueva Tabacalera”
A parte de estos puntos, no hay muchas novedades destacables; se quiere impulsar el turismo cultural, fortalecer el papel de la Filmoteca, fomentar el sector de los videojuegos o crear el “Archivo Histórico de la Nobleza”.
Por último, donde parece que va a haber movimiento es en el edificio de la Tabacalera de Madrid donde se quiere “Proyectar una nueva Tabacalera” en la que se va a desarrollar el “programa ”Tabacalera Cantera“: residencia y taller para jóvenes creadores de todo el territorio nacional”.
Parece el primer paso para recuperar un proyecto que la crisis no tardó en enterrar, la creación del Museo Nacional del Cine, que se ubicará en las instalaciones del centro, con lo que parece que se desplazaran así los proyectos e iniciativas ciudadanas que ahora mismo habitan la institución.
En resumen, si destilamos los ingredientes que conforman este plan, veremos que nos salen más lobbies que ciudadanía, más oferta que demanda, más promoción que participación, más producción que creación, y en definitiva, más propiedad intelectual que cultura.
