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La Justicia investiga la gestión de Císcar al frente del IVAM

La exdirectora del IVAM Consuelo Císcar

Europa Press

Valencia —

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga la gestión del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) en la época en la que estaba dirigido por Consuelo Císcar, entre los años 2009-2013, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

En concreto, este juzgado ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia que ha interpuesto Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en el IVAM. La causa está bajo secreto de sumario, tal y como han concretado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Precisamente hace poco más de un mes, Anticorrupción decidió investigar supuestas irregularidades en el IVAM después de que le llegara por dos vías -el propio IVAM y UGT- el informe 'Procedimientos de Gestión Económico-Financiera de la actuaciones realizadas por el IVAM', realizado por la Intervención General, dependiente de la Generalitat, que, entre otras cosas, alertaba de compras de obras de arte por más de un 1.500% más del valor de mercado.

Tras recibir esta documentación, Fiscalía decidió investigar las supuestas irregularidades detectadas en relación con el pago de obras de arte, de comisarios, o gastos de viaje, alojamiento y comidas.

En concreto, en uno de los apartados del informe de la Intervención se cuestionaba la adquisición de obras de arte por parte del IVAM y se indicaba que de cinco obras seleccionadas en el periodo 2009-2013 existían diferencias entre el precio de mercado y el importe pagado por la institución de entre el 45,20 y el 1.520 por ciento.

El total de este conjunto de obras supuso un desembolso de 205.120 euros frente a la valoración externa fijada en 97.500, lo que se traduce en una diferencia del 110 por cien. Así mismo, las propuestas de compra y su precio partían, según el mismo informe, de la directora general, casada con el exconseller y exportavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, condenado y en prisión por una pieza del llamado caso Cooperación.

Respecto a las exposiciones, la auditoría -remitida al fiscal- ponía de relieve que el instituto no disponía de una norma escrita para organizarlas y la elección de los comisarios y su remuneración se realizaba “de forma discrecional por la directora gerente (...) sin realizar análisis previo para determinar la correcta estimación de sus honorarios”.

Igualmente, señalaba como “irregularidades más significativas” en el capítulo de publicaciones la contratación de los servicios de edición de los 20 números de la revista 'Cuadernos del IVAM', con un coste de 2,3 millones de euros, donde hubo fraccionamiento y adjudicación directa a una empresa “sin motivar adecuadamente la específica necesidad”.

Viajes y alojamientos

En cuanto a otros servicios, el informe hablaba de “gastos de viaje y alojamiento satisfechos a personas que no tiene relación laboral con el IVAM”, por casi 38.000 euros; falta de justificación suficiente del motivo del desplazamiento para otros 58.000 euros; pagos de cerca de 3.000 euros para estancia a invitados a un simposio antes de su inauguración y después de su clausura; o un gasto de 990 euros “en concepto de comida de periodistas de ARCO en el que no se ha aportado la factura”.

Tras este informe, la actual dirección del IVAM, que encabeza José Miguel G. Cortés, remitió alegaciones en las que recordaba que este equipo tomó posesión de su cargo el 23 de septiembre de 2014 y adoptó como primera medida la destitución de los cuatro subdirectores del instituto por no merecer la confianza tan necesaria para el ejercicio de sus responsabilidades.

Císcar accedió a la dirección del IVAM en 2004 en sustitución de Kosme de Barañano y con anterioridad a su llegada al museo de arte moderno había ejercido importantes cargos políticos en la administración popular, como los de secretaria autonómica y directora general de Cultura.

A lo largo de su gestión recibió apoyos y críticas, auque estas últimas arreciaron en los últimos tiempos por el caso de la compra de obras de arte a Gao Ping -el presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada en la 'Operación Emperador'- y por la situación judicial de su marido, Rafael Blasco.

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