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Cierval defiende que no le corresponde “ni un solo euro” de la deuda de 600.000 euros que le reclama el Consell

El presidente de Cierval, José Vicente González, junto al president Ximo Puig

elDiariocv

Valencia —

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (Cierval), José Vicente González, ha asegurado este martes en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' que a la patronal no le corresponde ni un solo euro de la deuda de 600.000 euros que el Consell reclama a la organización como responsable subsidiaria.

Así, González, ha explicado que, de los 600.000 euros que el Consell reclama a la patronal por las discrepancias en la ejecución de cursos de formación de sus tres organizaciones (la valenciana CEV, la castellonense CEC y la alicantina Coepa), “cero euros se han producido en la propia Cierval”.

“Estamos hablando de deudas que se han producido totalmente en las patronales de Alicante y Castellón; nos declaran responsables subsidiarios de unas deudas porque la Generalitat considera que no están suficientemente justificados (los convenios de colaboración)”, ha señalado el representante de la patronal valenciana.

Según González, en estos convenios la Cierval “no ha participado de ninguna manera”, sino que “se ha limitado a recibir los fondos de la Generalitat” y a “repartirlos de acuerdo con las cantidades que ponía en el convenio que iban a ser ejecutadas por las otras organizaciones”. Tal y como ha admitido, según la Generalitat y “en algunos casos según los jueces”, estos fondos “no han sido ejecutados correctamente”.

Para González, esto es “una interpretación de la ley”, con la que Cierval no está de acuerdo. “No hemos tenido absolutamente ninguna intervención, más que hacer de colaboradores de la Generalitat”, ha reiterado el presidente de la patronal, quien no obstante ha insistido en la necesidad de que “funcionen” y “se salven todas” las organizaciones de la Comunitat Valenciana.

Así, González señaló que Cierval tiene un “plan” y pidió “tiempo” a la Generalitat Valenciana, “dada la situación económica que tienen en Alicante y Castellón”, donde “no pueden hacer frente” ni a las cuotas con Cierval ni a esas minusvaloraciones que hace la Generalitat.

González ha aprovechado la presencia en el Fórum Europa del conseller de Hacienda, Vicent Soler, para “comprometerle” a aplazar la fecha máxima de cancelación de la deuda, fijada en un principio en el próximo 20 de diciembre, para “estructurar las cosas como Dios manda”. “Nuestra obligación es que las organizaciones funcionen porque son necesarias y salvar la situación de una manera ordenada”, ha expresado el presidente de Cierval.

Según González, el impacto en las cuentas de Cierval de los impagos de sus organizaciones provinciales es de 1,5 millones de euros. “Solamente en cuotas no pagadas en su debido tiempo suman más de 700.000 euros, el resto son esas minoraciones de los convenios”, ha explicado, para añadir que “hasta una cierta cantidad, Cierval puede hacer frente (a la deuda) y continuar, pero toda va a ser imposible si no adoptamos medidas”.

El Consell intenta “solventar” esta situación

Vicent Soler, por su parte, ha insistido en que el Consell hará “todo lo que esté dentro de la ley” para “solventar o reducir el impacto” que pueda tener el pago de la deuda de 600.000 euros por parte de Cierval. “Somos conscientes de la importancia de las organizaciones empresariales en la vida económica, política y social valenciana”, ha señalado el titular de Hacienda.

Así, se ha mostrado convencido de que “de aquí al día 20 (fecha en que vence el plazo inicial dado por su conselleria para cancelar la deuda) hay cosas que se pueden hacer, sobre todo ganar tiempo, es una lógica necesaria”. No obstante, ha insistido en que “el mandato de la ley es claro al respecto” y en que el Consell “fuera de la ley” no puede “hacer nada”.

“Nuestra preocupación es muchísima” porque “creemos que una sociedad del siglo XXI tiene que contar con organizaciones empresariales fuertes, que sean auténticos 'partners' a la hora de conformar el diálogo social”, ha insistido Soler, para quien las medidas a tomar pasarían no tanto por el procedimiento para pactar garantías, si no de fórmulas de pago. “Eso permite a las organizaciones empresariales hacerse cargo con cierta holgura, porque son cantidades serias que podrían crear un problema de impago clarísimo”, ha apuntado.

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