La ola de conflictividad laboral se extiende por los aeropuertos españoles

El conflicto laboral de los trabajadores de Eulen en El Prat ha sido la mecha que ha detonado diferentes conflictos en la red de aeropuertos españoles. Reivindicaciones laborales tanto de empleados de empresas privadas subcontratadas, como del propio personal fijo de Aena. En medio de los récords de llegadas de pasajeros, los empleados relacionados con el sector piden que esto se refleje en sus nóminas y que se refuerce el número de trabajadores, ahora que llegan más viajeros.

Además, los conflictos con las subcontratas ponen en entredicho los concursos con precios de derribo que se han adjudicado en los últimos años.

La plantilla de Aena es un hervidero de insatisfacción por sus condiciones laborales y conviven con el personal de las contratas, como las que prestan los servicios de seguridad, que han comenzado a convocar paros para denunciar su situación. A los trabajadores de El Prat se pueden sumar los de Barajas, y también sopesan ir a la huelga en Valencia o Alicante. Otros trabajadores que dan servicios en los aeropuertos también están a punto de explotar por la olla a presión que supone la carga masiva de trabajo que ha llegado con el boom del turismo.

Aunque el gestor de todos los aeropuertos españoles es la empresa semipública Aena cada uno de estos sectores afectados tiene su propia identidad afectando a diferentes servicios subcontratados, desde la seguridad, la atención a los viajeros o el handling. La denuncia de los sindicatos es que en muchos casos las licitaciones se adjudicaron con precios a la baja que no garantizaba los salarios de los empleados.

El conflicto en El Prat fue el primero que estalló en plena temporada alta turística en uno de los principales aeropuertos españoles. Ahora falta por conocer cuál será el laudo dictado por Marcos Peña, una decisión de obligado cumplimiento para las dos partes después de que el Gobierno impusiera un árbitro pese al rechazo de los trabajadores. El laudo se conocerá el próximo jueves cuando el árbitro ha citado a las partes para comunicar su decisión, según apuntan fuentes de la empresa.

Los trabajadores lo han recurrido ante el Tribunal Supremo porque consideran que la imposición de este mecanismo es ilegal, ya que creen que va contra el derecho de huelga.

Paralelamente a este recurso, los trabajadores han abierto otra vía de presión. Tras votarlo en asamblea el pasado domingo, han convocados paros para el 8 de septiembre por los despidos de unos compañeros tras haberse saltado los servicios mínimos impuestos. Para tratar de solucionar este segundo frente, un nuevo comité de huelga se ha reunido con representantes de Trabajo de la Generalitat en búsqueda de un acuerdo. La empresa dice que ha rechazo esta propuesta debido a que quieren esperar a que se conozca el contenido del laudo para posicionarse.

Otros frentes en la seguridad privada

A estos problemas en el aeropuerto de Barcelona, se suman otros frentes abiertos con subcontratas de seguridad en los de Madrid, algunos aeropuertos como el de Valencia o Alicante. La Asociación de Vigilantes de Aeropuertos del aeropuerto de Barajas anunció el lunes que convocará una asamblea de trabajadores de Prosegur los días 21 y 22 de septiembre para votar si van a huelga a partir de octubre. En los aeropuertos de Valencia y Alicante también se han reunido los trabajadores de Prosegur para ver qué medidas deciden tomar en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto.

“A raíz del conflicto en El Prat lo que se está viendo es la forma de contratar la seguridad, que precariza y no garantiza los salarios”, señalan fuentes de UGT al hablar sobre estos conflictos laborales que se están produciendo en un contexto en el que las empresas ganaron sus concursos con precios muy bajos, lo que repercute en el sueldo de los trabajadores. A esto se suma que el sector está negociando un nuevo convenio para los trabajadores.

“El conflicto de El Prat ha hecho visible la situación en la que están los trabajadores de la seguridad con salarios miserables y una situación de pérdida económica”, apuntan fuentes de CCOO, que añaden que si parecía que las huelgas y los paros no servían para nada y ahora se ve que sí que sirven. Es complicado hacer una fotografía general de la situación porque cada aeropuerto es un mundo y en cada uno es una empresa la que está contratada para una u otra tarea. Los sindicatos explican que la presencia de los sindicatos mayoritarios en el sector de la seguridad privada se diluye en algunos lugares pues se han creado asociaciones independientes o sindicatos verticales.

El conflicto en Aena

Paralelamente a esta negociación de la seguridad privada, los empleados de Aena (que agrupan tanto empleados de atención al cliente como mecánicos o supervisores de radares) negocian con el ministerio de Fomento y con la dirección de Aena y de Enaire una paga extra ligada a beneficios y un aumento de plantilla por encima de la tasa de reposición actual. Tras reunirse este martes con el secretario de estado de infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, el presidente de Aena, José Manuel Vargas, y el director general de Enaire, Ángel Luis Arias, los sindicatos han dado un voto de confianza a Gómez-Pomar y esperarán hasta la próxima reunión antes de convocar la huelga de 25 jornadas con la que amenazan.

Tras la reunión con Fomento, los sindicatos han coincidido en esperar hasta la próxima reunión el día 7 de septiembre antes de tomar una decisión sobre la huelga. Los sindicatos habían pedido la semana pasada reunirse también con representantes del ministerio de Hacienda después de que Aena les dijera que era responsabilidad de este ministerio aprobar las subidas salariales y el aumento de plantilla. El secretario de Estado les aseguró que transmitirá sus demandas hasta el ministerio de Hacienda pero les pidió más tiempo para poder hacerlo.

Las reclamaciones de los empleados laborales de Aena llegan en un momento de fortaleza económica en Aena, ya que en las últimas cuentas la compañía presentó unos beneficios de 1.164 millones de euros.

A estos conflictos laborales relacionados con los aeropuertos se suma el nuevo ERE voluntario de Iberia. La compañía ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo para un máximo de 955 empleados entre los que se encontrarían 715 empleados de tierra, 170 tripulantes de cabina y 70 pilotos.

Este va a ser el tercer ERE voluntario que aplicará la compañía española, tras su plan de reestructuración e integración dentro del holding IAG (donde se incluyen también las compañías British Airways y Vueling). Los dos expedientes anteriores afectaron a un total de 5.000 trabajadores con un coste para el grupo aéreo cifrado en unos 1.000 millones de euros, según apunta Europa Press.

La combinación de estos conflictos convierte a los aeropuertos españoles en uno de los polos de la conflictividad laboral de España en plena recuperación económica y el principal escaparate de que los trabajadores no perciben que la mejora haya llegado a sus bolsillos.