El desmontaje de la agenda verde desata la primera batalla en la Comisión Europea

No se han cumplido los primeros 100 días de mandato del segundo gabinete de Ursula von der Leyen y ya se ha librado una dura batalla dentro de la Comisión Europea por el intento de desmontar la agenda verde, que lleva tiempo amenazada por los intereses económicos y electorales dado que la ultraderecha en auge la ha situado en la diana. Los protagonistas de ese primer enfrentamiento han sido, fundamentalmente, la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, y el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, que bajo el eufemismo de la 'simplificación' administrativa ha metido un sustancial tijeretazo a las exigencias medioambientales para las empresas y ha reducido las sanciones a las que se enfrentan por incumplir las normas sostenibles de la UE.

El choque se produjo el pasado fin de semana, después de que el gabinete de Dombrovskis enviara al resto de departamentos de la Comisión Europea el texto del denominado 'paquete ómnibus', que toca tres normativas básicas del marco de finanzas sostenibles: la directiva de diligencia debida, que establece mínimos medioambientales y de derechos humanos a las empresas; la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que obliga a las empresas a informar anualmente sobre sus impactos sociales y medioambientales; y el reglamento de taxonomía, que establece una suerte de 'sello verde' en función del cumplimiento con la huella de carbono, la ambiental, los planes de adaptación, etc.

La intención de Dombrovskis era reabrir en canal esas normativas y que se volvieran a negociar con el Consejo y el Parlamento Europeo. En ambas instituciones la derecha (y la ultraderecha) han ganado fuerza respecto a la anterior legislatura. “La taxonomía la convertían en una herramienta 100% voluntaria”, señalan fuentes comunitarias sobre ese primer borrador que se repartió el viernes, tres días hábiles antes de que el Colegio de Comisarios se reuniera para dar luz verde al paquete.

Entonces se libró una “dura batalla” entre los gabinetes para mantener la esencia de la agenda verde por parte del equipo de Ribera, que puso el foco en el reglamento de taxonomía para que los estándares medioambientales se mantuvieran como obligatorios y evitar, así, que se perdiera “la herramienta clave que regula la financiación verde”, así como la fuga de inversores a otros países que garantizaran los proyectos verdes. Esa fue la gran victoria de la española, vicepresidenta de Competitividad y Transición Limpia, así como el mantenimiento de la “doble materialidad”, que es la obligación de las empresas a informar de los efectos climáticos que sufren pero también del impacto de su actividad en el cambio climático.

Sin embargo, los otros dos textos sí que sufrieron un importante recorte en la ambición. Según la propuesta, solo tendrán que informar de las consecuencias sociales y medioambientales de su actividad las compañías con más de 1.000 empleados o más de 450 millones de euros de facturación. Eso supone reducirlo en un 80% respecto a las que inicialmente tendrían esa obligación. La entrada en vigor de esa norma, que en todo caso tendrá que negociarse con el Parlamento y el Consejo, se pospone dos años.

La otra gran damnificada es la directiva de diligencia debida, que ya estuvo discutida por la extrema derecha y por parte del PPE (los de Alberto Núñez Feijóo votaron en contra). Hasta ahora se preveía una multa mínima del 5% de su facturación por incumplir esas reglas, pero la propuesta ha eliminado el umbral, por lo que en la práctica se podrán reducir las sanciones. También se rebaja la ambición al quitar la obligación de romper un contrato con un proveedor que incumpla esas reglas y se limita a suspenderlo. Se retrasa la entrada en vigor a 2028.

Esos aspectos podrían modificarse en la negociación con la Eurocámara y el Consejo de la UE. Los socialdemócratas, pata fundamental de la coalición que 'gobierna' la UE, ya han mostrado su rechazo a los recortes que ha introducido el paquete ómnibus. Pero el PPE -que es el partido de Von der Leyen y Dombrovskis- tiene una mayoría alternativa con las fuerzas de la extrema derecha, por lo que se espera, de nuevo, una ardua batalla.

“Me siento profundamente satisfecha de lo que hemos hecho”, respondió Ribera en Bruselas, donde aseguró que el paquete impulsado por la Comisión Europea “no deshace” la agenda verde. En la propia presentación del paquete se vislumbró la división del gobierno comunitario. Ribera presentó junto al vicepresidente para la Estrategia Industrial, Stephan Séjourné, el Pacto Industrial Limpio, una hoja de ruta con la que se pretenden movilizar 100.000 millones de euros para fomentar el 'made in Europe'. De ese pacto forma parte el Plan de Acción de Energía Asequible en el que profundizó posteriormente el comisario de Energía, el socialdemócrata Dan Jorgensen, que también depende de la vicepresidenta Ribera.

Y, en una coreografía muy poco habitual, después les tocó el turno a Dombroskis y Maria Luís Albuquerque, la responsable de Servicios Financieros, que presentaron la propuesta para la 'simplificación'. Desde sectores de la sociedad civil consideran que, en la práctica, esta iniciativa supondrá una desregulación.

Fuentes comunitarias sostienen que “podría haber sido mucho peor” y que el resultado es “equilibrado”. “El paquete ya está aprobado y lo defendemos como Colegio. Es normal que los expedientes de gran importancia se debatan a nivel político”, señalan desde el gabinete de Dombrovskis.

Lo cierto es que el gobierno de Von der Leyen ha librado su primera gran batalla ante una legislatura plagada de desafíos, como la guerra comercial de Trump o el aumento del gasto en defensa, que será el gran conflicto en la negociación del presupuesto europeo.