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El hoy encarcelado Ignacio González no podía ser más claro en esta grabación que se produjo el pasado 22 de noviembre: tenemos el Gobierno, tenemos el Ministerio de Justicia y tenemos a un juez que podemos a mandar “a tomar por culo”.
Tenemos, nosotros tenemos: primera persona de un plural en el que está un corrupto y su partido, un ladrón y todo un Gobierno de España.
El juez “que está provisional” es Eloy Velasco, el magistrado que lleva el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. González tenía razón cuando quería apartarlo. Velasco ha sido el juez que ordenó su detención y que después lo ha mandado a la cárcel.
El juez “aparentemente rogelio” al que se refiere Ignacio González es Manuel García-Castellón. Es el titular del número 6 de la Audiencia Nacional, a pesar de que lleva 17 años viviendo “como Dios” en el extranjero. Por su plaza ya han pasado tres jueces como suplentes. El último, Eloy Velasco.
García-Castellón fue nombrado juez de enlace en París por el Gobierno de Aznar y, hace dos años, el Gobierno de Mariano Rajoy lo mandó a Roma.
A los lectores de eldiario.es, el mecanismo sobre cómo se premia o se saca de la Audiencia Nacional a un juez incómodo con estos puentes de plata no les resultará nada ajeno. Hace un par de semanas, en este blog, expliqué en detalle cómo funcionaba. Es un método que se usa mucho: la mitad de los jueces que llevan los centrales de instrucción de la Audiencia Nacional están como sustitutos. Tres de los seis titulares están disfrutando de destinos mucho mejor pagados en Londres, París y Roma. Todos ellos han sido nombrados a dedo por el Gobierno.
Al Gobierno no solo no le costaba nada sino que, de hecho, estuvieron a punto de apartar a Velasco del central número 6. El mecanismo no fue traer al titular de vuelta, sino ofrecer a Velasco uno de estos destinos donde se vive “como dios”. Desde el Ministerio de Justicia maniobraron para que Velasco se quedase una plaza de coordinación judicial entre la Unión Europea y Latinoamérica que le habría sacado de la Audiencia Nacional y de la investigación del caso Lezo. La operación se frustró porque el sueldo que finalmente había para el cargo no era tan bueno como el que disfrutan los otros tres titulares de la Audiencia Nacional en Roma, París y Londres.
Sin embargo, en un mes, Velasco muy probablemente dejará el juzgado. No se irá a “escarbar cebollinos”, sino a la recién creada Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Ya ha solicitado la plaza, según confirmó él mismo hace unos días, en una entrevista en El Mundo. Pocos dudan de que se llevará el puesto.
El “cojonudo” Moix que le parece “serio” y “bueno” al corrupto Ignacio González es el mismo que, como fiscal jefe de Madrid, ha estado durante años mirando hacia otro lado cada vez que aparecía un escándalo que afectase al PP. Fue quien pidió el archivo del caso de la gestapillo de Madrid, el que quiso atacar a los medios que publicamos los correos de Blesa, el que no quiso acusar a Esperanza Aguirre por fugarse de los agentes de movilidad, el que –según ha revelado Infolibre– no vio delito alguno en la misma operación del campo de golf del Canal por la que ahora la Audiencia Nacional ha mandado a González a prisión.
A pesar de que Moix evitó que la Fiscalía acusase a González y su banda de organización criminal, el juez Velasco sí incluyó el delito en su auto. Es relevante, porque esta vía puede desembocar en la ilegalización hasta del propio PP, como apuntó nada sutilmente el propio Velasco en la entrevista que este domingo publicó El Mundo. “Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido”, aseguró el juez.
En cuanto al “Rafa” del que hablan González y Zaplana no es otro que Rafael Catalá, el ministro de Justicia que le deseó por SMS al ya imputado González que “ojalá se cierren pronto los líos”. Como se ve en la grabación y en los mensajes, la confianza entre ellos es total.
Ignacio González tiene razón en algo: si eres un corrupto, o controlas los medios de comunicación y el aparato del Estado o estás muerto. Por eso González pudo sobrevivir tanto tiempo, a pesar de que muchos de los escándalos por los que ahora ha sido procesado se conocían desde hace años. Porque González manejaba esos hilos y así logró, en 2012, que expedientaran al comisario de Marbella que investigó su ático, o que Moix no siguiese adelante con las primeras denuncias por el campo de golf del Canal.
Como muestra de sus maniobras para controlar los aparatos del Estado, nada como esta otra conversación que le pincharon con uno de sus mejores amigos, el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo.
“Tos estos” son el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, el exministro de Trabajo… “Tos estos” son las muchas ventanillas del Gobierno y del partido a las que Ignacio González recurrió para intentar parar a los jueces y fiscales que iban contra él.
Cerezo y González hablan de la la investigación judicial del ático de Estepona. Es normal que compartan preocupación por el tema. Ambos están imputados en ese caso porque la investigación detectó –oh, casualidad– que Rudy Valner, el testaferro que le alquilaba ese enorme dúplex en la playa a Ignacio González, el que luego le vendió la casa cuando se descubrió el pastel, era también testaferro de otras sociedades de Cerezo en el paraíso fiscal de Delaware.
Cabe preguntarse cómo un imputado puede declarar la guerra a un fiscal. Solo parece haber un método: a través de un superior.
En otras grabaciones que aporta El Español, se ve muy bien como González habla con Enrique López –ese magistrado de la Audiencia Nacional muy próximo al PP, habitual de los cursos de FAES y que fue expulsado del Constitucional por conducir borracho– y con un exvocal del CGPJ, Enrique Arnaldo Alcubilla, para colocar un fiscal General del Estado más favorable a sus intereses. Lo lograron, como se ha visto con Moix.
La razón para abrir juicio oral es que el ático en el que González disfrutaba de sus vacaciones en Estepona –un dúplex de lujo con casi medio millar de metros cuadrados– siempre fue suyo, también cuando decía que se lo alquilaba a un testaferro en un paraíso fiscal. Y aunque al expresidente de Madrid le sorprenda, los jueces y fiscales que no son tan “cojonudos” como el fiscal Anticorrupción no suelen ver con buenos ojos que un político disfrute de propiedades gestionadas desde empresas off shore.
El “a tomar por culo, por lista” no sería la primera vez que ocurriese en la carrera judicial a jueces que se atreven a perseguir la corrupción del PP. Recuerden a Baltasar Garzón, expulsado de la Audiencia Nacional tras una minuciosa operación que arrancó por abrir el melón de la Gürtel. O a Miguel Carmona, otro “juez rogelio”, titular del 5, que hoy está “viviendo como Dios” en Londres. O a Elpidio Silva, el juez que se atrevió a meter en la cárcel a Blesa y que fue inhabilitado con la acusación, esta vez implacable, del fiscal Manuel Moix.
Son una banda. Y actúan como tal.
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