La paradoja del lobo: la población se mantiene estable mientras se multiplican los ataques que le atribuye la Xunta

La situación del lobo en Galicia es la de una aparente contradicción: mientras la población de este animal se mantiene estable, los ataques al ganado que se le atribuyen se han multiplicado. Cuando se hizo el censo de 2013-2015, las notificaciones de los ganaderos rondaban las 600 al año, con entre 1.200 y 1.500 reses afectadas. Entonces la estimación era que en los montes gallegos vivían 90 manadas reproductoras, integradas por entre 720 y 810 individuos. El estudio más reciente, realizado entre 2021 y 2022, llegó a la conclusión de que las manadas habían pasado a 93, lo que se considera una situación de estabilidad, y que eso equivalía a entre 744 y 837 ejemplares. Sin embargo, los incidentes comunicados se habían disparado. Pasaron de 579 en 2013 a 1.332 en 2022, es decir, se multiplicaron por más de dos. Y han seguido en aumento, hasta los 2.127 de récord que anotó la Xunta el año pasado.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, relaciona esta subida con la prohibición, desde 2021, de cazar al lobo, motivo por el cual abrió una batalla, que se mantiene a día de hoy, con el Gobierno central para rebajar su nivel de protección. Vázquez da por seguro que este animal está detrás de las muertes de ganado notificadas y ha llegado a asegurar que hay explotaciones que han dejado de ser viables económicamente por los daños sufridos. Pero los expertos no están de acuerdo en el análisis.

“En realidad no tienen por qué ser ataques de lobo, pueden ser de perro”, replica el biólogo Xabier Vázquez Pumariño. También señala que puede estar mezclándose depredación —que el lobo mate para comer— y carroñeo —que se alimente de un animal que encuentra ya muerto-. En ambos casos quedarán rastros de sus dentelladas. Añade un elemento que es estrictamente humano: “En mi opinión, está habiendo un fraude brutal. Hay gente que sabe que la situación está a favor de que les paguen y mete muertes que son por otras razones”. Otro experto, Jorge Soto, de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), coincide: “Lo que se ha incrementado realmente son las reclamaciones de los ganaderos porque ahora el lobo es una especie protegida y el Ministerio [para la Transformación Ecológica] ha aportado mucho dinero a Galicia y demás comunidades autónomas para la financiación de estas compensaciones”.

Los fondos para compensar los ataques atribuidos al lobo han crecido en estos años. Se entregan a los propietarios de caballos, cabras, ovejas y vacas. Estas últimas dos especies son las que concentran más de tres cuartas partes de los daños, según los datos acumulados por la Xunta desde 2010. El presupuesto para las ayudas en 2021 era de casi 650.000 euros, según la Consellería de Medio Ambiente. El destinado al mismo fin en 2024 había crecido ya un 41%, hasta superar los 912.000 euros. La cifra es similar en 2025. Estas subidas se reflejan en las cantidades que se pagan por cada animal muerto. En 2018, cuando el lobo no tenía en Galicia la protección que impide cazarlo, el pago por una oveja de entre uno y seis años era de 102 euros; en 2025 serán 182. En el caso de una vaca rubia de entre dos y seis años, en 2018 la compensación eran 1.199 euros, que subían a 1.799 si el animal era de otra raza autóctona. En 2025, pasan a 1.905 y 2.859 euros, respectivamente.

La conselleira de Medio Ambiente repite en sus actos públicos que hay un problema desde que se incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) en 2021. Desde ese momento, asegura, los avisos por ataques aumentaron en Galicia un 72% y el número de reses afectadas, un 57%. Defiende, en consecuencia, la mayor cuantía de las ayudas. Para 2025, además de los más de 900.000 euros para compensaciones, la Xunta ha anunciado una línea de 1,5 millones de euros para adquirir perros protectores, pastores eléctricos y cercas con malla electrificada; otra, dotada con 400.000 euros, para instalar vallados fijos; y una última, con 600.000 euros, para contratar a personas que cuiden el ganado.

La Xunta sostiene, en respuesta a preguntas de esta redacción, que el incremento de los ataques se relaciona con la protección del lobo porque no se pueden tomar “medidas de control de las poblaciones” —es decir, la caza—. La consecuencia, razona, es que el animal extiende las áreas en las que está presente, algo que el Gobierno gallego ve como un problema: “La ausencia de esas medidas de control provoca que la presencia del lobo llegue ya a más de un 90% del territorio gallego, una distribución que antes estaba más localizada y que se podía controlar con la adopción de medidas disuasorias”. De ahí, dice la Consellería de Medio Ambiente, su insistencia en que se rebaje la protección “para garantizar el equilibrio entre esta especie y el sector ganadero”.

Los números de lobos cazados en batidas no eran, sin embargo, elevados en Galicia antes de la prohibición. El sindicato Unións Agrarias, que da voz a los ganaderos y batalla también para rebajar la protección de la especie, recogía en un informe elaborado en septiembre de 2023 que la gestión en la comunidad en la década previa había “pivotado” sobre compensaciones por daños y ayudas para prevención con fondos públicos. La caza ocupaba “una posición marginal, una singularidad respecto de las otras comunidades autónomas”. Lo ilustraba con el dato de que en los diez años anteriores habían sido 60 las batidas autorizadas y 11 los lobos que habían matado en las mismas en Galicia, el último de ellos en 2013. En Castilla y León, en comparación, la media anual era de 105 ejemplares abatidos antes de que la especie entrase en el Lesrpe, mientras que en Asturias era de 45 y en Cantabria, de 35.

Jorge Soto, de Ascel, niega que en tan poco tiempo -la prohibición efectiva de cazar al lobo empezó en septiembre de 2021- se haya podido notar el impacto en una multiplicación de los ataques. Insiste en que lo que ocurre es que se da una confusión entre ataques reales y las estadísticas de los avisos. Cree que la Xunta debería “establecer si esas estadísticas son sólidas o fruto de la picaresca humana” para comprobar que las compensaciones se pagan en los casos adecuados y reclama que se hagan pruebas de ADN para comprobar si la saliva que aparece en los animales muertos es de lobo o de perros. “Allá donde se ha hecho eso (Cataluña, Italia, Alemania, etc.) se ha comprobado que un elevado porcentaje de las reclamaciones son falsamente atribuidas a lobos y otras muchas, picaresca”, afirma.

Problemas de atribución

Sobre este aspecto se extiende también Vázquez Pumariño, que explica que los estudios genéticos, hoy en día, son baratos y añade que, incluso aunque un animal aparezca con mordeduras de lobo o de perro, quedaría por determinar si fue un ataque o se lo encontraron muerto por otros motivos. El biólogo explica que, dentro de la población de lobos, que considera que se mantiene estable en Galicia, hay individuos que no están integrados en una manada. Esos, dice, “sí podrían provocar más daños en sitios poblados por humanos”. Pero estos ejemplares están por evaluar y falta determinar cuántos son y cómo se están comportando.

El estudio encargado por la Xunta señala también que hay abundancia de comida para el lobo en los montes: las poblaciones de ungulados y, en concreto de jabalíes -que Medio Ambiente autorizó cazar sin límite esta temporada- se encuentran en buen estado. Jorge Soto considera que este es otro motivo para pensar que la situación del lobo no es favorable en Galicia. El Gobierno autonómico concluye que sí lo es, pero este experto considera que determinarlo no le corresponde a la Xunta, sino que es una evaluación sexenal por estado miembro de la Unión Europea. Una de las premisas para concluir que la situación es favorable, añade, es que la especie sea “un componente vital y desempeñe un papel ecológico a largo plazo en los ecosistemas”. “Y no lo es. Si existe una recuperación tan significativa de poblaciones de ungulados salvajes (corzos, jabalíes y ciervos), que es lo que los lobos comen preferentemente, entonces no hay el número suficiente de lobos para regular de forma efectiva esas poblaciones”, razona.

Tanto Soto como Vázquez Pumariño apuntan a una posible caza ilegal de lobos. Este último expone que, si tuviese la certeza de que de verdad hay más ataques de lobo, que no son de perros o carroñeo, lo que pensaría es que está habiendo mucho furtivismo. “Es contraintuitivo, pero hay mucha bibliografía en Europa y Estados Unidos sobre que, cuando hay más caza, sea furtiva o legal, se mata a individuos dentro de las manadas y estas se desestructuran. Cuando eso pasa, tienen más dificultad para atacar a animales salvajes y van a los domésticos, que son el último recurso porque saben que es un riesgo”, expone. La conclusión es que cazar lobos puede, en realidad, llevar a un aumento de sus ataques.

La Xunta y su sistema de verificación de los ataques

La Xunta indica que el procedimiento para comunicar ataques establece que se deben notificar en las 24 horas siguientes cuando sea ganado en régimen intensivo. El plazo es de 72 horas en semiextensivo o extensivo. Los propietarios pueden llamar al teléfono 012 para ello. Un agente ambiental se traslada entonces al lugar para comprobar los daños.

En cuanto a las medidas para controlar que no haya fraude, la Consellería de Medio Ambiente asegura que hay “una evaluación constante y seguimiento del sistema de ayudas” para “analizar los problemas que se van originando” y el “mantenimiento de la calidad del sistema de verificación de daños”. Se hace en comisiones provinciales, pero de ser necesario, los daños comunicados y las solicitudes asociadas son revisadas en una comisión de valoración dentro de Patrimonio Natural en cada territorio. En este órgano hay representantes de Patrimonio Natural, de la sección de biodiversidad o de caza y personal de los agentes de medio ambiente. A las reuniones asisten como asesores veterinarios, expertos en la materia y representantes del sector ganadero, añade.