Megacontrato de ‘renting’ para la mayor flota pública de coches eléctricos
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) destinará 112,2 millones de euros a renovar su flota de vehículos incorporando únicamente automóviles eléctricos. Estos pasarán a formar parte de los parques móviles de las entidades locales adscritas a su estructura, un total de 7.451 entidades que incluye 38 Diputaciones Provinciales, siete Cabildos y Consells insulares. El megacontrato se ha troceado en ocho lotes que suman 5.500 vehículos, en concreto 2.750 turismos pequeños y medianos y 2.750 furgonetas medianas y ligeras.
Toda esta información se halla recogida en el proceso de licitación de la nueva flota, obtenido por Fleet People, medio especializado en grandes flotas. La FEMP afirma que con él se busca administrar todo el bloque del pedido “a gran escala” para “aprovechar la reducción de costes”.
El Acuerdo Marco creado por la Federación busca promover “alternativas” a los combustibles fósiles, y por eso considera “especialmente” el uso de vehículos eléctricos, con la idea de reducir al máximo las emisiones de CO2 y “ajustándose a las exigencias de la estrategia 2030 para el desarrollo sostenible” de España.
La fórmula de suministro elegida será el renting, en este caso un full renting ya que dispondrá también durante su plazo de ejecución —dos años máximo según el Acuerdo Marco— con el mantenimiento integral de los automóviles, así como con seguro a todo riesgo sin franquicia.
Todas las unidades serán de color blanco, potencialmente rotulables, tendrán que ser totalmente nuevas y completamente eléctricas —la licitación excluye expresamente enchufables, híbridos y microhíbridos— con una autonomía mínima de 200 kilómetros (WLTP), y los contratos contemplan un recorrido de 15.000 kilómetros anuales por vehículo.
La licitación, si bien puede suponer un espaldarazo enorme para la imagen de las Administraciones Públicas en lo relativo a la electrificación de su flota de movilidad, no está exenta de complicaciones que fuentes del sector han calificado de “poco salvables”.
La principal atañe a su propia configuración, que exige que las empresas adjudicatarias sitúen una “flota viva mínima” de 5.500 vehículos en todas las localizaciones de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, lo que dificulta mucho la operación tanto para los grandes operadores de renting como para las filiales de renting de las marcas de automóviles.
Varias compañías del sector de flotas han explicado a Fleet People que la cláusula obligatoria sobre la flota viva mínima, por ejemplo, “deja muy poco margen de maniobra” porque “exige ese mínimo de unidades, que es un volumen muy elevado de vehículos teniendo en cuenta la demanda actual que hay de vehículos eléctricos. Es demasiado riesgo”. A eso hay que sumar la exigencia de “proveer de vehículos de sustitución eléctricos”.
Una operación incierta
Dos de las principales empresas de renting han confirmado también las dificultades de cumplir con todas las condiciones del pliego, y una de ellas ha apuntado que, “con esos mimbres”, probablemente “haya muy pocas compañías del sector que puedan cumplir, poquísimas”. La misma fuente ha apuntado que Alphabet España “está en buena disposición” para captar buena parte del contrato.
En cuanto a la vertiente económica, es crucial en este tipo de licitaciones dado que se adjudican habitualmente, tal y como han confirmado a la publicación diferentes responsables de empresas de renting, “al peso”, es decir, dando la mayor relevancia al precio y número de vehículos de flota y otorgando una menor consideración a los servicios.
Este contrato tiene la complicación añadida de ser el primero de estas características que se realiza, por lo que no existen precedentes que puedan fijar un precio aproximado por parte de la FEMP, a lo que se añade la dificultad intrínseca de que se trata de vehículos eléctricos, una clase de tecnología aún nueva que dificulta el análisis de riesgos y de los valores residuales futuros.
“Este tipo de productos están sujetos a un alto nivel de volatilidad tanto en cuestiones de evoluciones tecnológicas y mecánicas como en lo referido a disponibilidad de los vehículos o stock”, reconoce la propia Federación Española de Municipios y Provincias.
De acuerdo con los parámetros recogidos en el contrato, el precio medio por vehículo sujeto a la licitación se sitúa en 20.394 euros, una cifra que, a juicio de los expertos consultados, parece claramente insuficiente teniendo en cuenta que se trata de una operación de renting en la que se incluyen servicios como el mantenimiento integral y el seguro a todo riesgo.
