EH Bildu activa el segundo frente independentista aunque asume que “Urkullu no está en la línea”

La coalición EH Bildu ha activado formalmente en el Parlamento Vasco el segundo frente independentista de España al plantear, en el marco de la ponencia de autogobierno que trabaja desde hace años en la actualización del Estatuto de 1979, que la Cámara pase del reconocimiento declarativo del derecho de autodeterminación, un pronunciamiento que se ha repetido en varias ocasiones en los últimos años, a dar por “agotado” el marco autonómico y a actuar como “Parlamento soberano” en el camino hacia un Estado propio con el “horizonte” puesto en una “república confederal” que sume también a Navarra y a los territorios vascos de Francia, que deberían iniciar sus propios procesos constituyentes por separado. La portavoz de la confluencia de la izquierda abertzale, Maddalen Iriarte, ha asegurado que aprecian en el PNV y Elkarrekin Podemos un margen para acordar el ejercicio del derecho a decidir, pero ella misma ha matizado que no ve al lehendakari, Iñigo Urkullu, “en la línea” de Carles Puigdemont y dispuesto a iniciar un proceso de estas características.

EH Bildu entiende que el “derecho internacional” prevé la autodeterminación de los pueblos, incluido el vasco. Preguntada expresamente por el matiz de que sólo es reconocido en casos de colonización u ocupación, Iriarte ha asegurado que “Euskadi lleva ocupada muchos años”, aunque ha añadido para rebajar la carga de sus palabras que “el término ocupación puede ser muy amplio” y no sólo un concepto militar.

Partiendo de esa base, EH Bildu desea iniciar un triple proceso, uno para la comunidad autónoma vasca, otro para la de Navarra y un tercero para los tres territorios vascofranceses que recientemente se han constituido como mancomunidad por primera vez en la historia aunque sin las competencias que tienen Euskadi y Navarra. El horizonte, han explicado los representantes de la formación, es una “república confederal vasca”. “La decisión le corresponde a cada uno de los tres ámbitos administrativos de Euskal Herria”, remarcan. A preguntas de los periodistas, asimismo, han explicado que contemplan un escenario con resultados diferentes de apoyo al Estado vasco en función de los territorios e incluso que dentro de cada uno de ellos haya resultados dispares (han puesto el ejemplo de Álava respecto a Gipuzkoa).

En el caso concreto de la comunidad autónoma vasca, la primera fase pasaría por acordar un “nuevo estatus político” de carácter “constituyente” en el propio Parlamento autonómico. En otras palabra, un “Estado conformado por Araba, Bizkaia y Gipuzkoa”. Ese pacto sería refrendado por la ciudadanía en una “consulta habilitante”. En la segunda fase, EH Bildu prevé una “negociación con el Gobierno español” aunque “sin darle derecho de veto”. Es decir, el Estado no tendría potestad para retocar el “articulado” del nuevo estatus vasco -han citado expresamente el deseo de evitar un 'cepillado' como el del Estatut- y sólo se negociarían los “mecanismos y plazos” de aplicación.

Y “si la respuesta de Madrid es negativa, que es lo más probable”, EH Bildu plantea un “acuerdo entre los partidios y agentes sociales” para activar una “vía propia para la soberanía” de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. En este sentido, la izquierda abertzale sostiene que el Parlamento vasco ha de pasar de ser una Cámara autonómica para ejercer como institución “soberana” de manera que “si el camino marcado por la legalidad vasca entrara en contradicción con la legalidad estatal se antepondría la voluntad de nuestras instituciones y nuestra normativa”. En definitiva, EH Bildu desea que “no se reconozca a ningún órgano político o judicial español la potestad de anular decisiones adoptadas por el Parlamento Vasco y/o imponer decisiones que provengan de la legislación española”.

Respecto a las “principales características” del nuevo estatus que defiende EH Bildu se alude a la garantía de los derechos humanos y sociales, a un marco propio de relaciones laborales, a la apuesta por el euskara como lengua “prioritaria” dada la “grave situación” que vive -“el castellano será asimismo lengua oficial”, puntualizan- y a un concepto “participativo” y “dinámico” de democracia, con apuesta por la realización de consultas ciudadanas en materias que sean de “interés” general.