“El crimen mejor escondido es el de las torturas”
Que descubrir la tortura y llevarla a los tribunales no es tarea fácil es algo que conocen bien muchos de los forenses que han trabajado en Euskadi durante los años de plomo del terrorismo etarra. Un equipo liderado por el prestigioso forense y doctor en Medicina Francisco Etxeberria, en el que también están el forense Benito Moretin y la criminóloga Laura Pego, están estudiando entre 200 y 400 denuncias de torturas en Euskadi en cuatro etapas bien diferenciadas: 1960-1978 (de la dictadura hasta la aprobación de la Constitución), 1978-1990; 1991-2000 y, finalmente de 2001-2013. Etxeberria reconoce que “el crimen mejor escondido es el de las torturas” y ha revelado algunas de las dificultades con las que se han encontrado a la hora de acceder a determinada documentación sobre esta lacra que aún no está erradicada en España, según el último informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), de abril de 2013.
El encargo de este estudio sobre la tortura en Euskadi, realizado a finales de marzo pasado, parte del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco del lehendakari Urkullu, aunque era una idea que ya barajó el Ejecutivo socialista de Patxi López ante las dificultades que entrañaba la redacción de segundo decreto de reconocimiento a las víctimas de abusos policiales en el periodo democrático. Este segundo decreto sigue sin ver la luz y las modificaciones realizadas al anterior -elaborado por el Ejecutivo socialista- han sido recurridas por el abogado del Estado. Ese recurso motivó una conversación telefónica entre el lehendakari y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según fuentes de la Presidencia vasca, ante el enfado de Urkullu.
En la investigación en marcha, los expertos contratados por el Ejecutivo vasco están aplicando el conocido como Protocolo de Estambul, que plantea entre otras cosas la realización de entrevistas en profundidad de las personas que han denunciado torturas. En un espacio de debate organizado por el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, celebrado esta semana en Bilbao, Etxeberria explicó que están “grabando los testimonios de estas personas en vídeo” en esas entrevistas en profundidad con las que buscan “valorar la credibilidad global de las denuncias”. Pero también obtener información sobre el grado de consistencia de los testimonios, además de proceder a un examen médico o psicológico de las secuelas.
Recogerán además otras pruebas documentales. En ese trabajo de campo no todo es fácil. Etxeberria ha revelado, por ejemplo, que han intentado obtener la documentación de los testimonios de torturas que en su día se prestaron en una comision parlamentaria en el Congreso. “Primero les dijeron a los que fueron a solicitar la información que no sabían dónde estaban y después que, en aras a la protección de la identidad de los afectados” no se iban a entregar, ha relatado. “El Estado que no les protegió para que no fueran torturados, no nos da acceso a la información”, denuncia.
En cualquier caso, Etxeberria ha asegurado: “trataremos de acreditar, en la medida de lo posible, estos casos de denuncias de torturas”. En principio, está previsto que entreguen el resultado de las investigaciones a finales de año. Con ese material, el Plan de Paz y Convivencia prevé en 2015 la “implementación de las medidas que resulten necesarias” y que no se han especificado.
Comité para la Prevención de la Tortura
El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernandez, presentó en marzo al presidente del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), Latif Hüseinof, esta iniciativa del Gobierno vasco. El CPT, un órgano del Consejo de Europa cuyo convenio fue suscrito por España, ha emitido informes críticos con la persecución de la tortura en España y los casos de malos tratos tanto en depedencias policiales, como en las cárceles españolas.
En su último informe, difundido a finales de abril de 2013, el comité ponía el foco en “la necesidad de una acción decidida de las autoridades españolas para abordar el tema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil en el contexto de la detención en régimen de incomunicación”. El problema es que no es la primera vez que el CPT reprocha esta situación a las autoridades españolas, bien del PP o del PSOE, según las épocas. Aunque hay que recordar que fue con el último Gobierno de Felipe González, ya en sus estertores, cuando España decide autorizar la publicación de los informes del CPT, que hasta entonces se mantenían en secreto. En el Ministerio de Justicia e Interior estaba entonces Juan Alberto Belloch y, junto a él, una de las personas de su equipo que batalló por la transparencia en este asunto, el magistrado y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.
Pero en el citado informe de 2013, el CPT recordaba que lleva dos décadas “llamando la atención” sobre “el problema de los malos tratos que inflige la Guardia Civil” a personas sospechosas de delitos de terrorismo. “Los hechos comprobados durante la visita de 2011 indican que los problemas antes citados siguen sin resolver”, se censuraba entonces, hace poco más de un año.
El Tribunal de Estrasburgo ha condenado en cuatro ocasiones a España por no investigar suficientemente denuncias de torturas y malos tratos desde 2010. La primera sentencia lleva fecha de 28 de octubre de 2010 y las siguientes son de 8 de marzo de 2011, 16 de octubre de 2012 y dos casos más en la sentencia de 7 de octubre de este mismo año. En esa última resolución judicial, Estrasburgo consideraba que la justicia española no investigó con la debida diligencia las denuncias de los arrestados. En uno de los casos, la jueza no revisó los vídeos de seguridad del centro en el que la etarra permaneció detenida y, en el otro caso, permaneció cuatro días en régimen de incomunicación.
