Procesado un maestro del Opus Dei por abusos sexuales a un alumno de 13 años

El juez de Getxo Emilio Lamo de Espinosa ha dictado un durísimo auto de procesamiento contra un numerario del Opus Dei y profesor del colegio católico masculino Gaztelueta, ubicado en Leioa (Bizkaia), al considerar suficientemente acreditados no sólo graves episodios de abusos sexuales de este docente a un menor, que en el momento de los hechos tenía 12 y 13 años, sino también que aquello provocó al hoy adulto, que denunció el caso ante los tribunales al cumplir la mayoría de edad, un aislamiento total de su entorno. Ese aislamiento propició, según el auto judicial, episodios de acoso por parte de sus compañeros de aula, estrés postraumático, pensamientos suicidas e incluso de fracaso escolar. El magistrado tomará el 14 de febrero declaración al profesor, J.M.M.S, familiar de una alta autoridad política del Estado, y fija para él una fianza de 40.000 euros como medida cautelar, aunque no decreta su ingreso en prisión preventiva.

El caso Gaztelueta, destapado en 2012, motivó una investigación inicial de la Fiscalía del País Vasco que sí dio credibilidad al testimonio del entonces adolescente, apoyado en informes psiquiátricos de prestigiosos profesionales como Iñaki Viar. Aquellas diligencias, sin embargo, no prosperaron al no hallarse más indicios de criminalidad contra el profesor que la palabra de un joven y de una familia absolutamente ninguneados por el colegio, por sus compañeros y por el Opus Dei, que activó todos sus mecanismos de presión.

Asimismo, se inició también un procedimiento canónico –similar al que ha destapado el caso de abusos sexuales por parte del vicario general de San Sebastián- después de que el Papa Francisco prometiera a la familia en una postal navideña que iba a llegar hasta el final en este nuevo episodio de abusos sexuales. El proceso, sin embargo, no tenía ninguna posibilidad de llegar a buen puerto porque los numerarios del Opus Dei no están sujetos a sus sanciones. Es más, la ‘investigación’ se cerró con un fax de monseñor Ladaria, secretario de Doctrina de la Fe, al colegio Gaztelueta en el que decía que, lejos de condenarle, había que “reponer el buen nombre del docente”, informa Jesús Bastante.

El ahora procesado, de 41 años, ejerció de preceptor o tutor del joven en el primer ciclo de la ESO, de 2008 a 2010. El auto de procesamiento del juez, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, y que ha sido muy bien acogido por la familia después de muchos años de sinsabores y de un traslado de su residencia fuera del País Vasco, refleja cómo se produjeron los tocamientos y los abusos sexuales, entre ellos un caso de abuso anal.

“No era yo, era como si alguien me estuviera manejando”, ha confesado el joven en varias ocasiones. En efecto, el juez constata la relación de “dominación” creada por el preceptor y da mucha importancia a que hizo todo lo posible por aislarle de sus compañeros, lo que motivó que además de los abusos sexuales sufriera ‘bullying’ –éste sí acreditado en su momento por la Fiscalía de Menores- y todo tipo de problemas psicológicos y psiquiátricos, incluyendo “ideas autolíticas”. En opinión del padre de la víctima, lo reseñable de esta resolución judicial no es sólo que se acrediten los tocamientos y agresiones sexuales sino también que se determine que aquello arruinó la vida de un niño hasta entonces vital y con amigos.

El magistrado también ha incorporado al sumario judicial pruebas de que el colegio Gaztelueta, financiado por el Gobierno vasco a pesar de no admitir niñas, forzó a varias familias de compañeros de la víctima a firmar actas notariales en las que se defendía al docente investigado. La familia lamenta la escasa colaboración de la dirección del colegio a la hora de esclarecer los hechos. El denunciante, en todo caso, ha contado por primera vez en este proceso con el apoyo de uno de sus antiguos compañeros, que ha roto la ‘omertá’ y ha declarado ante el juez que J.M.M.S. sacaba a la víctima del aula con una periodicidad inusual para llevárselo a su despacho y mantener encuentros a solas y a puerta cerrada.

El juez concluye: “En el presente caso concurren en J.M.M.S. claros indicios racionales de criminalidad respecto de los hechos. Existen elementos que permiten considerar la existencia de una situación real de dominio y sumisión en las relaciones creadas por el preceptor respecto a su entonces alumno, lo que permitió al primero servirse del segundo para alcanzar el conjunto de propósitos ya descritos. Ello provocó en el querellante una situación de malestar psicológico intenso que le impidió reaccionar ante los abusos de que estaba siendo objeto y comunicarlos a sus padres o a sus compañeros, ya que el preceptor logró aislarle de su entorno”. Los delitos concretos son la “introducción de objetos por vía anal” y acciones “continuadas” de abusos sexuales con el agravante de valerse de una posición de autoridad.