UPN recurre al discurso del 'efecto llamada' ante un posible cambio en la RIS
¿La Renta de Inclusión Social (RIS) es un derecho o una ayuda? Al hablar de esta prestación económica, dirigida a personas en situación de exclusión social para poder cubrir sus necesidades básicas, esta descripción a menudo se confunden esos términos, pero resulta vital diferenciarlos. Para la plataforma en defensa de la renta básica no solo es vital distinguir esta partida como un derecho, sino que además defiende que Navarra facilite su acceso, de ahí los cambios que se han impulsado en el Parlamento foral y que permitirían llegar a la RIS a personas empadronadas en Navarra desde hace un año y no dos como en la actualidad, a personas en situación administrativa irregular sin condiciones, y que facilitaría la ampliación en caso de agotar los meses durante los que se concede la ayuda. Desde el Gobierno Foral, por el contrario, han alertado de que esta modificación prácticamente convertiría la renta en “un subsidio”, que reduciría la búsqueda de trabajo de sus beneficiarios y provocaría un efecto llamada.
Esas afirmaciones han indignado a la plataforma, que atribuye esas manifestaciones de la cúpula del actual Ejecutivo (desde la presidenta Yolanda Barcina al consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin o el titular de Políticas Sociales, Íñigo Alli, se han manifestado en términos similares) al intento de contentar a su electorado y de presionar al PSN, cuyo voto (o abstención) puede resultar clave en la Cámara para modificar la actual norma, que se debatirá en el Pleno el próximo 26 de febrero. Cabe recordar que fue el propio partido socialista quien encabezó las modificaciones de la RIS tal y como está ahora.
La plataforma siempre ha insistido en que, con el sistema actual, “la RIS ha dejado de ser garante de una vida digna” y pidió modificaciones, entre otras cuestiones, en sus requisitos y cuantías, ya que se calculó que unas 2.500 familias se habían quedado fuera tras los últimos cambios. “Cuando esa prestación llega a un miembro, se acerca al Salario Mínimo Interprofesional y ronda los 600 euros; cuando hablamos de una familia de cinco miembros, puede estar alrededor de los 960 euros. Si tienen que pagar un alquiler, ¿cubre eso sus necesidades mínimas”, apunta una de las integrantes del colectivo, Ana Fernández.
En la actualidad, unas 11.700 familias en Navarra perciben la RIS, una cifra siempre defendida por el Gobierno Foral, ya que supone que hay una ayuda por cada 25 ciudadanos, frente a los 175 en que se sitúa ese balance en España. El Gobierno Foral calculó que se destinaría en 2014 unos 50 millones a este fin (el presupuesto está sin cerrar) y para 2015 están presupuestados 37 millones, aunque la partida es ampliable.
Las principales modificaciones
Los cambios que apoyan los grupos (Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai), atendiendo esta llamada de la plataforma supondría un coste mayor, ya que se facilitaría el acceso (la clave es que pediría un año de empadronamiento y no dos) a más familias, independientemente de su situación administrativa, y se agilizaría la posible renovación en el caso de superar los 30 meses de tope (salvo casos excepcionales) durante los que se puede obtener la prestación. Sin embargo, desde la entidad creen que la oposición dura del Gobierno Foral no solo se debe a este aumento del coste, sino que también se piensa en clave electoral al insistir en la imagen de que hay personas atendidas por la RIS que viven de las ayudas sociales: “Criminalizan a la gente, como si fueran unos vagos, que nos van a invadir, como si viniera el lobo. Hicieron lo mismo al insistir en el fraude, y las cifras han demostrado que es irrisorio”. El Defensor del Pueblo de Navarra aseguró que el porcentaje de fraude fue de un 1,4% en 2014.
Alli, por su parte, defendió ante la Comisión Especializada de Políticas Sociales que la modificación convertiría la RIS en un subsidio pasivo de empleo de por vida, que “desincentivará la búsqueda de empleo”. La plataforma, a través de un comunicado, descartó una a una estas afirmaciones. El colectivo defiende que la norma actual tampoco fomenta la búsqueda de empleo “porque no lo hay”, un cambio no generaría un efecto llamada porque “si exige estar un año empadronado, ¿quién puede aguantar un año sin ingresos?”. “Esto no es una ayuda ni caridad”, sentencia.
