Sanidad de Castilla y León tarda diez meses en explicar la pérdida de 15.000 pruebas diagnósticas en Ávila

Diez meses ha tardado la Junta de Castilla y León en dar explicaciones a una pérdida “grave” de radiografías y ecografías en Ávila. 300 días sin que, durante ese tiempo, la Consejería de Sanidad tomara ninguna iniciativa. Solo cuando se ha cumplido ese periodo y cuando el consejero Antonio María Sáez Aguado ha tenido que comparecer en la comisión de Sanidad de las Cortes castellanas y leonesas, se ha conocido que una pérdida “grave” implica dos ceses de sendos altos cargos.

Hace diez meses, el 18 de enero de este año, se conoció por una denuncia pública, que un fallo informático provocó la pérdida de miles de radiografías y ecografías del Complejo Asistencial de Ávila. Un día después la propia Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León reconoció la pérdida y en ese momento dijo que se había debido a “un fallo en el sistema de almacenamiento de datos” ocurrido el 26 de octubre provocado por “un error” que hizo que “no se activar la realización de una copia de las imágenes”.

Según destacó en aquel momento, se habían perdido 15.000 estudios radiológicos correspondientes a 6.000 pacientes del Complejo Asistencial de Ávila, aunque se intentó minimizar el problema afirmando que el centro hospitalario “dispone de todos los informes escritos de las 1.319 resonancias magnéticas y de los 2.455 TAC realizados, así como de todas las radiografías simples realizadas en Urgencias”.

Pero la presión social, sindical y de la oposición forzó la comparecencia del consejero de Sanidad, que tuvo lugar este lunes, diez meses después de que se conociera la pérdida.

Sáez Aguado dijo ante los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León que la pérdida de más de 15.000 pruebas diagnósticas fue un hecho “grave”, aunque matizó que fue “limitada” la repercusión asistencial. También explicó que la Consejería de Sanidad ya tiene iniciado un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios ante la empresa que realiza el sistema de gestión de imagen radiológica de Ávila, IRE, a la que se le exigen 93.125,63 euros, por tener que repetir 43 resonancias magnéticas y 12 TACs y la recuperación de las imágenes perdidas.

Fue el propio consejero de Sanidad el que también reconoció que la Agencia de Protección de Datos ha elaborado un informe en el que se concluye que se cometió “una infracción grave”, pero que no ha impuestos medidas para corregir el “error” porque cree que ya se han tomado esas iniciativas.

Sáez Aguado pidió, en su comparecencia, “disculpas a los pacientes afectados” y añadió que ha comparecido diez meses después de conocerse la pérdida “porque no disponía de nueva información”. Además, dio a conocer el cese del director técnico de Sistema de Información de la Gerencia de Salud, que ha dimitido, y del jefe de informática del complejo abulense, que ha sido destituido.

Ante estas explicaciones, la procuradora por el PSOE, Mercedes Martín, calificó esta pérdida como de un “escándalo de magnitud incalculable” y “demoledor” y además dijo que era “inaceptable” que la respuesta de la Junta de Castilla y León se realizara diez meses después de conocerse la pérdida de pruebas diagnósticas. En su opinión, este retraso es un ejemplo de “la opacidad y falta de transparencia” de la Consejería de Sanidad.

Para el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), es “enormemente grave” que la pérdida de más de 15.000 pruebas diagnósticas no se comunicara “de forma inmediata”, algo que solo ocurrió “cuando se filtró a la prensa” e insistió en reclamar “responsabilidad política” más allá de “los errores personales”.

Isabel Muñoz, procuradora de Podemos en Castilla y León, fijó sus críticas en el propio consejero, Antonio María Sáez Aguado, quien comparece “tan tarde” de forma “intencionada”, por lo que también denunció la “falta total de transparencia y el oscurantismo claro” de la Consejería de Sanidad. Para esta procuradora, otro elemento grave y preocupante es conocer que los discos duros “están en manos” de empresas privadas “que acceden a los datos de pacientes”.

Belén Rosado, de Ciudadanos, también calificó estos hechos como “un error gravísimo” y centró sus críticas en la “incertidumbre” y en la “ocultación deliberada” hacia los pacientes.