El Ayuntamiento de Sevilla bendice la ampliación del barrio portuario mientras los vecinos siguen “en lucha”

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde al proyecto de ampliación del barrio portuario, gracias al matrimonio PP-Vox y a pesar del fuerte rechazo vecinal que ha suscitado el plan de desarrollo urbanístico del Puerto de Sevilla. La presión vecinal logró hace un año frenar el primer intento del PP de José Luis Sanz de aprobar en el pleno la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), correspondiente a la reordenación de los terrenos de la margen oriental de la Avenida de Las Razas. Pero el reciente pacto suscrito entre PP y Vox para el presupuesto ha tumbado ahora el dique de contención que elevó entonces la oposición en favor de los vecinos.

Al sumar el apoyo de la formación de ultraderecha, los populares han logrado impulsar este jueves en el pleno “la modificación urbanística para el desarrollo del nuevo distrito portuario”, según consta en el acuerdo firmado entre PP y Vox. La asociación vecinal Puerto de Sevilla, que ha encabezado la oposición a este proyecto, registró una pregunta para formularla en el salón de plenos durante el turno ciudadano, pero el Gobierno municipal la ha denegado. Gesto que los vecinos han interpretado como un acto de “censura”. Aun así, el presidente de la Asociación Puerto de Sevilla, Diego de Caralt, asegura que mantienen los “ánimos de lucha” y por eso han desplegado sus pancartas durante la sesión plenaria para dejar constancia de su “disconformidad” y de que “no hay consenso vecinal”, como han gritado antes de ser desalojados.

Los residentes de los barrios afectados por la ampliación del sector entre La Palmera y Reina Mercedes temen el impacto que va a tener en su vida cotidiana el desarrollo urbanístico promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla. “No decimos que no se haga, lo que pedimos es que se dialogue con los vecinos”, reivindica Diego de Caralt, cuya asociación cuenta con el respaldo de una decena de entidades sociales del sector sur de la ciudad.

Además de la preocupación que despierta el futuro distrito portuario por el impacto ambiental y urbanístico que conlleva para los habitantes de la zona, los vecinos denuncian que el alcalde José Luis Sanz “nos ha mentido”. Lo dice Diego de Caralt, al recordar que el dirigente popular, siendo candidato a la alcaldía durante la campaña electoral de 2023, se comprometió a contar con los vecinos para abordar esta iniciativa impulsada durante mandato socialista. Ahora que Sanz está al frente del Ayuntamiento, el presidente de la Asociación Puerto de Sevilla reprocha que esté actuando “contra el electorado que los votó para provocar un cambio” pues, apostilla, “este barrio duplicó los votos de PP y Vox, los mismos partidos que ahora apoyan la iniciativa”.

Una transformación urbanística necesaria, pero controvertida

El proyecto prevé conectar a través del río una zona tradicionalmente industrial de la ciudad, como son los almacenes portuarios de 1929, con barrios del entorno como Reina Mercedes, Heliópolis y Los Bermejales, ocupando las pastillas de suelo que discurren paralelas al lado oriental de Las Razas, el más distante del río.

En concreto, la operación urbanística recién aprobada plantea la remodelación de la margen oriental de la avenida de Las Razas, a lo largo de alrededor de dos kilómetros. La iniciativa contempla 98.000 metros cuadrados de edificabilidad, con 82.000 para los usos residenciales (226 viviendas protegidas y 474 de renta libre) y 16.000 para usos terciarios, que admiten diferentes posibilidades comerciales o de oficinas.

La Autoridad Portuaria, como entidad promotora de la operación, defiende el proyecto como una oportunidad para integrar todo el sector de la zona portuaria a la trama urbana de la ciudad, creando un nuevo barrio con zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados. Sin embargo, las once asociaciones vecinales que se oponen al plan critican que no se contemplan suficientes dotaciones para los residentes, como “aparcamientos para residentes, zonas deportivas o sanitarias, que aseguren un entorno urbano que propicie la salud y el bienestar de la comunidad”, y señalan que el proyecto prioriza “los usos lucrativos sobre el uso público del espacio”.

Así lo resume el presidente de la asociación Parque Vivo del Guadaíra, Antonio Fajardo: “Nos parece estratégico que se abra esta parte de la dársena a los ciudadanos, pero no nos gusta que tenga una visión absolutamente lucrativa”. Fajardo también afea falta de transparencia en el proceso y que se hayan incluido en el proyecto equipamientos “que ya existen desde hace años”, como el instituto Puntal Verde o una parte del parque del Guadaíra.

Impacto en la calidad de vida y en el entorno

El presidente de la asociación Parque Vivo del Guadaíra explica el rechazo entre los vecinos aludiendo, además, a que los barrios del sector sur, como Heliópolis y Reina Mercedes, ya sufren los efectos de la contaminación y el ruido provenientes del puerto, que temen se agraven con la ampliación prevista.

Otro de los motivos por los que los residentes de esta zona mantienen una visión “bastante crítica” tiene que ver con la movilidad. “Nos preocupa que se haya calculado que van a venir unas 10.000 personas diarias porque esta zona ya está saturada de por sí”, traslada el presidente de la Asociación de vecinos Puerto de Sevilla. Temen, por tanto, que lejos de descongestionar la zona, el desarrollo urbanístico planeado aumente la presión poblacional sin contemplar medidas adecuadas de infraestructura.

Además, denuncian el “deterioro patrimonial” que puede ocasionar el proyecto, dado que afecta a elementos protegidos de la Exposición Iberoamericana de 1929, como las naves regionalistas, que podrían verse sometidas a una densificación de la construcción incompatible con su valor histórico. Diego de Caralt también critica que el proyecto se haya orquestado sin tomar en consideración las demandas vecinales, como la creación de espacios verdes públicos y la mejora de los aparcamientos para residentes. “Apenas ha habido diálogo”, lamenta en nombre del resto de asociaciones implicadas, que se han reunido “un par de veces” con los representantes municipales en encuentros que califican de “lavado de cara”.

Aunque el proyecto continúa adelante después de haberse aprobado en el pleno este jueves, los vecinos aseguran que “aquí no hay derrota” y planean continuar con las movilizaciones, sin descartar la vía judicial. Asimismo, “seguimos abiertos al diálogo”, sostiene Diego de Caralt, abogando por impulsar “un proyecto pensando en los vecinos y en el bien de la ciudad”.