El agua provoca los desahucios más silenciosos

La puerta de su casa siempre está abierta. Y no sólo como muestra de hospitalidad, sino como una de sus precauciones habituales desde hace meses. Vivir sin agua ha trastocado su rutina. “Todas las noches bajo a desenganchar y por las mañanas lo vuelvo a poner. Me vigilan desde la compañía y tengo que estar atenta por si vienen los técnicos. No voy a dejar a mis hijos sin agua”. Pilar Rodríguez lleva desde marzo sin poder hacer frente al pago de las facturas del agua. Pero ha decidido no vivir sin el vital líquido.

Hace cinco años la crisis golpeó de lleno el hogar de esta antigua pequeña empresaria de Villafranca de los Barros (Badajoz) y hoy su supervivencia se ha convertido en un arma de lucha: “Me engancho a la red porque mi alternativa es pagar o comer. Y mis hijos van a seguir comiendo. La crisis se ha llevado todo por delante, menos mi dignidad”.

En España no existen datos de cortes de agua en por impagos de facturas. Hay unas estimaciones que a veces se presumen cortas. Según la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), se tramitan anualmente más de 500.000 avisos de corte, de los que se ejecutan un 60%, es decir, 300.000 cortes que podrían afectar a casi un millón de personas. Los datos de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), la agrupación profesional de operadores privados, indican que 970.000 hogares han recibido avisos de interrupción en el último año, sin especificar el número de ejecuciones.

A la espera de que el Ayuntamiento pacense de Villafranca de los Barros y la concesionaria del suministro, Acciona, hagan realidad las peticiones ciudadanas e instauren una tarifa social para el agua, Pilar no se resigna: “Puedo solucionar mi problema con la ayuda de amistades pero no quiero. Ése no es el tema. Hay que buscar una solución. No podemos vivir a expensas de que la gente nos eche una mano. Es un problema colectivo”, explica.

Derecho humano desde 2010

A pesar de que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano desde que la Asamblea de las Naciones Unidas lo reconociera en 2010, lograr que las legislaciones estatales lo amparen y hagan cumplir es un camino de largo recorrido del que apenas se acaban de dar los primeros pasos y algunos de sentido incierto.

La hasta hace un mes relatora especial de la ONU por el derecho humano al agua y al saneamiento, Catarina de Albuquerque, reconoce que la situación ha cambiado en los últimos años: “En el inicio de mi mandato recibía un montón de quejas de los llamados países pobres, pero en los últimos años empecé a recibir quejas de violaciones de derechos humanos en el Sur de Europa y en EEUU. Todo esto tiene que ver con recortes presupuestarios y de subsidios a las personas más pobres que después no tienen capacidad para pagar las cuentas”.

Vivir sin agua es imposible, pero una realidad común en muchas familias, también españolas. “Cada vez me entero de más casos. El último, un matrimonio mayor. Yo me ofrezco a ir con mi caja de herramientas: ya soy una experta y tengo todo tipo de tornillos”, apunta Pilar con ironía: “Para ducharnos caliento el agua en dos ollas y nos las echamos por encima. Tampoco puedo pagar la bombona de butano”, reconoce.

Un estigma

“Vivir sin agua es un estigma. No pasa como en el caso de los desahucios de viviendas, donde gracias a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) la sociedad está más madura. Cuando a la gente le cortan el agua o la luz siente vergüenza y reduce la cesta de la compra para pagar”, sostiene la jurista María Giménez. Como miembro de la Asamblea Agua Pública 100% de Murcia, conoce de cerca este grave problema social y la opacidad de las cifras: “No hay información fiable, falta mucha transparencia. Nuestras estimaciones eran de entre 300 y 400 casos en Murcia, pero finalmente la empresa mixta ofreció datos y en el año 2011 hubo 1.250 familias que se acogieron a la tarifa social”.

Esa tarifa social funciona en Murcia desde 2013. Establece que por cinco euros, se dé un suministro de 100 litros por persona y día. No es el único ejemplo. En Medina Sidonia (Cádiz) también han conseguido garantizar una cantidad mínima para las personas en situación de exclusión social o con insuficiencia económica. Y en Badajoz los ciudadanos que perciben menos de 532 euros al mes pagan 2,94 euros al trimestre por el suministro.

“¿Dónde me lavo las manos, si casi no consigo ni agua de la vecina para beber? No puedo lavar, es un problema de salubridad. Estoy recogiendo la de la lluvia para echarla en el baño. Si eso es vida…”, lamentaba una mujer de Mérida en una reunión del Campamento Dignidad con Aqualia, la empresa concesionaria del suministro en esta ciudad extremeña. “Haced una colecta social”, fue una de las respuestas de la compañía, cuentan los afectados.

Aqualia, que entre otras muchas localidades gestiona el agua de Almería, ha reconocido que en esta ciudad hubo 3.195 cortes de agua en 2013. Y en Madrid, el PSOE ha denunciado que el Canal de Isabel II, que acaba de aprobar una emisión de bonos, corta el agua a “7.400 madrileños vulnerables”. Los ejemplos de pobreza hídrica son muchos, pero “no tenemos datos oficiales sobre el impacto real del fenómeno. En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico; son invisibles”, insiste el gerente de AEOPAS, Luis Babiano.

¿Pública o privada?

“Que vosotros tengáis la gestión del agua es una desgracia para la ciudadanía”, interpelaba otra vecina de Mérida al personal de Aqualia en aquella asamblea. El debate sobre la necesidad de una gestión pública o privada está más vivo que nunca. “Son los ayuntamientos quienes deben garantizar el abastecimiento, hacen dejación de funciones”, apunta María Giménez.

La portuguesa Catarina de Albuquerque, sin querer pronunciarse contra la gestión privada, impone unos límites severos: “El Estado tiene que ser el garante del derecho, tiene que adoptar un marco regulador que determine cuáles son las reglas que se imponen a las empresas privadas: cuál es la tarifa, cuáles son los mecanismos que existen para garantizar que el agua es asequible para los más pobres, cuáles son los mecanismos de subsidios, si existe una tarifa social del agua. Y tenemos que garantizar que hay mecanismos para asegurar que el contenido normativo del derecho es respetado cuando abrimos a los privados”.

El camino jurídico para evitar la vulneración del derecho es tortuoso. “Se necesita que una familia decida llevar su caso hacia adelante, y para ir por la vía de los derechos fundamentales primero se debe haber agotado la vía interna, es un procedimiento complicado”, reconoce la jurista María Giménez. Aun así se están logrando algunas victorias en el ámbito internacional.

“Y también tenemos que garantizar el derecho de participación, el derecho a la información en todo el proceso de privatización”, continúa Albuquerque. Las cifras, e incluso la falta de ellas, indican que la situación es la contraria. Pero las luchas sociales están visibilizando cada vez con más fuerza este problema social: el de los desahucios hídricos. De hecho, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación de oficio en relación con los cortes de suministro de agua por impago sufridos por algunas personas en Linares (Jaén).

Un pacto social por el agua pública, que arrancó en octubre, busca un posicionamiento claro de los partidos políticos respecto a la gestión pública y el derecho humano de cara a las próximas elecciones municipales. “El desahucio hídrico existe e incluso es peor que el desahucio de viviendas desde el punto de vista judicial. Es cuando una compañía, por el impago de un recibo, decide tomar parte a través del silencio administrativo. Es un desahucio silencioso, no como el de viviendas, que se notifica y viene la policía”, explica Babiano.

Aumento de los precios

Mientras los cortes aumentan, también lo hacen las tarifas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados en noviembre pero que hacen referencia a los datos de 2012, el coste unitario del suministro de agua alcanzó los 1,03 euros por metro cúbico, un 8,4% más que en 2011; mientras que el de saneamiento (alcantarillado, depuración, cánones de saneamiento y vertido) fue de 0,70 euros, con un aumento del 18,6%. Es decir, la cifra total ascendió de media a 1,73 euros por metro cúbico, un incremento del 12,3% respecto al año anterior (1,54 euros).

“En Murcia tenemos el agua más cara del país”, afirma Giménez, y corrobora el INE (2,5 euros). La experta reconoce que la tarifa social no es un regalo ni de la Administración ni de las compañías: “Cuando se anunció un fondo de 200.000 euros para la tarifa social, en la página de al lado del periódico venía una noticia sobre el aumento de la tarifa normal un 8%”.

“La desconexión de los servicios de agua por falta de pago debido a la escasez de medios constituye una violación del derecho humano al agua y otros derechos humanos internacionales”, ha reconocido la ONU en varias ocasiones. Más allá del papel, Pilar sigue con la puerta abierta por si vienen los técnicos a desengancharle del agua, de la vida.