La EMVS de Madrid ejecuta el desahucio de una vivienda social

A pesar de la presión vecinal y de plataformas como la de Afectados por la Hipoteca, Isabel ha sido desahuciada esta mañana en torno a las 11.20 de la vivienda de alquiler social en la que vivía desde 1992. Según el Ayuntamiento de Madrid, la mujer tenía una deuda de 1.000 euros.

Ya a las 7.00 de la mañana diversos activistas se congregaban en la Calle Unanimidad con el fin de paralizar el desalojo, portando y gritando mensajes como “¡Este desahucio lo vamos a parar!”, “¡No tenemos miedo!” o “Vergüenza, vergüenza”. Además, a lo largo de la mañana se había puesto en marcha una acción en redes sociales bajo el hastag #IsabelSeQueda.

A las 09.30 llegaba a la casa la Comisión Judicial. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid trató de negociar el desalojo, exigiendo que “la EMVS o el juez asuman la responsabilidad de no violar los Derechos Humanos”. Según los comentarios en Twitter de algunos activistas, la comisión se habría negado a paralizar el desahucio, entrando a la vivienda. Media hora más tarde salían escoltados por la policía. Mientras, un centenar de antidisturbios, que según los testigos rodean toda la manzana, vigilaban las protestas.

Fue entonces cuando las UIP (Unidades de Intervención Policial) trataron de derribar la puerta de la entrada, detrás de la cual se encontraban decenas de activistas y algunos periodistas. A las 10.45 la policía comenzaba a desalojar a los concentrados, algunos de los cuales fueron atendidos por los servicios del Samur. Cinco personas han sido trasladadas a la comisaría de Usera, donde fueron identificados debido a que no portaban el DNI. Algunos de ellos han denunciado a través de Twitter la violencia empleada durante el desalojo.

Isabel pagaba por su vivienda de alquiler social 117 euros mensuales. Su madre tiene trastorno bipolar y esquizofrenia, y su padre sufre una enfermedad degenerativa cuyos síntomas se han agravado por la presión que supone ver cada vez más cerca la ejecución del desahucio. El motivo: una deuda por impago del alquiler que ronda los 700 euros, según la familia.

“Estamos desorientados y perdidos. Mi médico me ha dicho que vaya a urgencias, pero no quiero dejar mi casa sola”, decía Isabel este lunes, horas antes de cumplirse la fecha límite impuesta por el juzgado número 61 para dejar su vivienda, en la que también viven su marido y su hija de ocho años. Es la segunda vez que esta mujer y su familia pasan por este trance, aunque el pasado 2 de julio el final fue feliz. “Gracias al apoyo de la PAH, la orden de desahucio se consiguió paralizar en la Secretaría Judicial”. Entonces, comenzó la cuenta atrás de una prórroga que ha finalizado este martes.

El caso no es único en su calle. El desahucio de Dolores, en el número 35 de la calle Unanimidad, pudo paralizarse el pasado 13 de septiembre. Isabel denuncia que hay más vecinos afectados con problemas para pagar sus alquileres sociales. “A la gente no le cogen los recibos alegando errores informáticos y algunos, por miedo, dejan sus viviendas antes de que se ejecute el desahucio”, manifiesta con indignación.

Desde el Ayuntamiento de Madrid afirman que la familia tiene una deuda de 1.000 euros y dos viviendas en propiedad que constan en el Registro. Isabel explica que sus padres pusieron a nombre de ellos una casa pequeña en la que vive su hermano y donde “no hay sitio para todos”. Hasta hace unos meses, antes de fallecer su suegra, eran seis las personas que convivían en el piso de la EMVS.

Tanto ella como su marido tienen una pensión por discapacidad que suma 660 euros al mes. Su padre, ya jubilado, aporta lo que puede. Han solicitado en varias ocasiones la reducción de la cuantía alquiler social, pero la EMVS “se ha cerrado a la negociación”. “Sólo pido que se normalice mi situación. Me siento amenazada por todos sitios”, denuncia Isabel.

La PAH lleva meses denunciando que las empresas municipal y autonómica de viviendas de Madrid está desahuciando familias y que, en el caso del Ayuntamiento, se ha puesto en marcha un proceso de privatización de la vivienda social. El pasado 16 de septiembre una mujer de 45 años se suicidó tras recibir una orden de desalojo.