El copago impuesto por el Gobierno enfrenta a asociaciones y plataformas de la dependencia

En 2012, pocos meses después de que Mariano Rajoy se instalara en La Moncloa, el Real Decreto 20/2012 elevó el copago de las personas dependientes, además de suprimir la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales y rebajar las cuantías que estos recibían. Desde entonces la aportación de las familias ha ido en ascenso hasta situarse por primera vez por encima de la inversión del Gobierno. Ahora ese copago enfrenta a las asociaciones y plataformas vinculadas a la dependencia que batallan contra él. 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) anunció una campaña de recogida de firmas el pasado 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con el lema “No al copago confiscatorio”, pretenden recoger las 500.000 firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que limite el copago a rentas de más de 1.331 euros mensuales.

La Coordinadora de Plataformas de la Dependencia del País Valencià rechaza la ILP del Cermi con un argumento tajante: aceptar por ley que las personas con una determinada renta copaguen por los servicios que reciben es “abrir la puerta a la destrucción de un sistema que debiera ser universal y garante de un derecho subjetivo”. Según ha podido saber eldiario.es, está previsto que este sábado las plataformas de toda España refrenden esta postura a nivel estatal, en la reunión que mantendrán en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

A grandes rasgos, en el Cermi persiguen una normativa reglamentaria estatal que regule la participación en el coste de las prestaciones, de forma que no solo se tenga en cuenta la capacidad económica y también cuente la edad, cuándo la persona se convirtió en dependiente y las previsiones de evolución de su dependencia. El motivo de la discordia es el apartado con el que se persigue eximir de copago a rentas menores a 1.331 euros mensuales y que, por tanto, reconoce la obligación de pago de las rentas superiores.

Las plataformas creen que la solución pasa porque se restauren los niveles de financiación del sistema de 2011. Desde entonces, la financiación del Gobierno central a la dependencia ha descendido un 23%.

Financiación congelada

En la actualidad la aportación de las familias es muy desigual, dependiendo del caso concreto y de la comunidad autónoma donde vivan. Las plataformas de la dependencia consideran que no es el momento de plantear un copago ahora, justo cuando el Estado mantiene congelada desde hace dos años una aportación de 1.000 millones en los presupuestos generales, aunque hay 170.000 personas en lista de espera y en julio entrarán los dependientes moderados en el sistema.

“Institucionalizar el copago, cualquiera que sea el límite de renta a partir del cual se debe pagar, es aceptar el repago en los servicios públicos”, denuncia Carme Santamaría, coordinadora de las Plataformas Dependencia del País Valencià. El argumento es que aquellos que tienen una mayor renta ya contribuyen en mayor medida al sistema a través de sus impuestos. “Hacer pagar a los usuarios supone paliar por los dependientes los recortes de financiación introducidos por el Estado al Sistema de la Dependencia”, insiste.

Santamaría pone un ejemplo muy ilustrativo. Si las niñas y los niños no pagan por recibir educación obligatoria en un colegio público, tampoco debe hacerlo aquel que por su discapacidad requiere de los servicios prestados en un centro público de promoción de autonomía, donde las terapias y actividades están enfocadas a enseñarles a llevar una vida lo más autónoma posible.

El portavoz de la Plataforma de Castilla-La Mancha, José Luis Gómez, también aspira a un sistema público universal y se muestra duro contra el Cermi: “Las plataformas de la dependencia rechazamos la ILP, no vamos a colaborar en su recogida de firmas, lo consideramos una postura de cara a la galería”. Gómez denuncia que “nunca, cuando ha habido que mojarse contra la Administración” han recibido ningún tipo de apoyo del Cermi, una plataforma que agrupa a más de 3,8 millones de personas en toda España. La Plataforma andaluza también se suma al rechazo.

El bolsillo del usuario

Mientras la aportación pública ha ido decreciendo, en cambio, el copago se ha ido incrementado constantemente. Desde 2011 a 2013, el usuario aporta al sistema un 33% más, de 912 a 1.209 millones de euros, según datos del Observatorio del sector de atención a la dependencia en España, formado por las patronales del sector, UGT y CCOO. En la misma línea se posiciona la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes, que en su XIV dictamen, hecho público la semana pasada, aseguran que las familias aportan al sistema más que el Gobierno central: un 19% frente al 18%.

El Imserso niega estos últimos datos. Según declaró hace unos días a Europa Press el director general del Imserso, César Antón, “es un tema que nadie ha sido capaz de calcular” ya que el sistema de información de la dependencia hasta ahora no recogía esas variables. “Un informe del Tribunal de Cuentas dice de forma muy clara que no se puede saber cuál es la aportación del beneficiario a partir de los datos de las comunidades autónomas. Si no lo sabe el Tribunal de Cuentas, ¿cómo lo van a saber estos señores?”, criticó. Antón explicó que el Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tampoco tiene datos exactos sobre el copago, pero sí estimaciones que “nada tienen que ver” con las de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes.