La Junta de Andalucía ha convocado al Gobierno de España y al Ayuntamiento de Carboneras a la comisión mixta sobre el macrohotel construido hace 20 años en primera línea de la playa del Algarrobico, en el litoral almeriense. Se trata de un órgano de cooperación entre administraciones que, en este caso, trata de consensuar cómo llevar a término algo en lo que, aparentemente, todos están de acuerdo: la demolición del hotel –símbolo del urbanismo salvaje– y la recuperación del espacio natural.
Este diálogo entre administraciones de distinto signo político viene precedido de un órdago que lanzó hace unas semanas la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y, desde hace muy poco, secretaria general del PSOE andaluz. María Jesús Montero compareció ante la mole de ladrillo para anunciar la expropiación del edificio –propiedad de la promotora Azata del Sol– para su posterior demolición.
El anuncio pilló por sorpresa al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno que, ese mismo día, puso reparos a la expropiación y deslizó que sería “recurrible” ante la Justicia, sin percatarse de que la Junta ganó hace nueve años en los tribunales el derecho de retracto sobre el suelo donde se erige el Algarrobico, previo pago de 2,3 millones de euros a Azata del Sol. El Tribunal Supremo dictó una sentencia firme en 2016 que allanaba el terreno a la Junta para adquirir ese terreno y, posteriormente, ordenar la demolición del inmueble.
Pero el hotel sigue en pie y la titularidad del solar sigue siendo de la promotora, porque la Junta lleva nueve años sin ejecutar el derecho de retracto que ganó en los tribunales. La portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, tampoco supo explicar por qué no se había hecho, ni lo hicieron los últimos gobiernos socialistas ni se ha hecho durante los seis años con Moreno de presidente.
Tras una consulta al gabinete jurídico de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la respuesta de por qué la Junta de Andalucía no ha hecho uso de su victoria en los tribunales remite a toda la maraña judicial que enreda el asunto del Algarrobico desde el principio, con cerca de 50 actos jurídicos a cuestas: “La Junta de Andalucía dispone de un acto administrativo cuya conformidad a Derecho se ha confirmado judicialmente, pero es inejecutable”, concluyen desde el departamento que dirige Catalina García.
Según estas fuentes, el Gobierno andaluz ha intentado varias veces ejecutar esa sentencia firme que le otorga los derechos sobre el terreno donde se erige el macrohotel, pero encontró “problemas de todo tipo” que le impidieron hacerlo. “Se intentó la ejecución del retracto, pero al acudir a la jurisdicción Contencioso–Administrativa no se consiguió que avalara dicha ejecución ya que al intentar la inscripción en el Registro de la Propiedad, el Registrador entendió que no podía inscribirse por la falta de acuerdo de Azata [la promotora y propietaria del hotel]”, aseguran desde la consejería. La única alternativa para sortear este obstáculo, añaden, era que la Junta volviese a acudir a los tribunales, pero esta vez del orden jurisdiccional Civil.
Otra de las causas a las que alude el Gobierno andaluz es la falta de concordancia entre la superficie de terreno que ganó en los tribunales y el espacio que ocupa el macrohotel. “No existía identidad entre las fincas sobre las que recayó el retracto y las fincas registrales actualmente existentes”, advierten estas fuentes, que argumentan que con posterioridad a la victoria en los tribunales sobre el derecho de retracto, “habían surgido nuevas fincas registrales que no coincidían” con el terreno con derecho a retracto de la Junta, “como consecuencia de la ejecución urbanística y de la reparcelación y posterior aprobación e inscripción registral del proyecto de compensación”. Esta discordancia también la señaló el Registrado de la Propiedad cuando denegó a la Junta la inscripción de los terrenos para que pasasen a ser de titularidad pública.
La última razón a la que alude la Junta de Andalucía es que “el retracto era sobre el suelo, pero no sobre el vuelo”, es decir, sobre la edificación del macrohotel. “Las resoluciones judiciales que no avalaron la ejecución forzosa de la resolución que acordaba el retracto se refirieron también a esta circunstancia, lo que constituyó un obstáculo adicional para el ejercicio del retracto”, concluyen las citadas fuentes.
Con todo, el nuevo entuerno que rodea el Algarrobico no es estrictamente de naturaleza judicial, sino política. Montero ha lanzado el órdago de la expropiación del hotel para derribarlo, un anuncio cristalizado en el acuerdo del Consejo de Ministros de este martes, que libró 7,5 millones de euros para sugragar esta operación. La expropiación busca “acelerar” el proceso de derribo a costa de pagar una indemnización a la empresa constructora y terminar de una vez por todas con la maraña judicial que impide recuperar ese espacio protegido en primera línea de la costa almeriense.
También el presidente Moreno se comprometió en las pasadas elecciones a derribar el Algarrobico, y ahora su Gobierno y su partido acusan a Montero de electoralismo y de deslealtad por impulsar esta medida de forma unilateral sin debatirla ni consensuarla antes en el marco de la comisión mixta. La líder del PSOE andaluz les reprocha, a su vez, esa actitud de “perro del hortelano”, sin posicionarse a favor ni en contra abiertamente.
En el equipo del presidente andaluz aseguran que su Gobierno “ya sopesó la vía de la expropiación”, pero lo descartó porque “previsiblemente se chocará con otro recurso ante los tribunales”. La única fórmula que barajan para desenredar esto, dicen, “está sólo en manos del actual alcalde de Carboneras”, para que ejecute la sentencia que declaró ilegal la construcción y abra la puerta al derribo. Claro que esto activaría, al instante, la reclamación de Azata de una indemnización millonaria a la primera administración pública que le dio luz verde para construir. Es decir, un Ayuntamiento con un presupuesto anual que ronda los 15 millones de euros tendría que afrontar un pago cercano a los 100 millones, “dejándole endeudado de por vida”, admiten en el Gobierno de Moreno.
El alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) ha abogado por negociar con la promotora valorando la apertura de un “hotel o una residencia”, y ha advertido de que la idea de la expropiación –que ya barajó sin éxito el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– puede alargar la situación otro lustro. Desde hace años, el Consistorio de Carboneras, con corporaciones de distinto signo político, ha arrastrado los pies para cumplir las sentencias judiciales que permitirían la demolición definitiva.
A través de nuestra cuenta de Instagram, trasladamos lo que ocurre en Andalucía más allá de las palabras: te informamos de las últimas noticias de manera visual y te ofrecemos contenido extra para que conozcas la realidad al detalle.
Súmate a nuestra comunidad en este enlace.