Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vuelven a pensar que el ayuntamiento de Carboneras, y en particular su alcalde (Salvador Hernández -Ciudadanos-) no se está tomando en serio sus instrucciones para deshacer la madeja en torno a El Algarrobico, el hotel que quedó a medio hacer a pocos metros de la orilla y en pleno parque natural de Cabo de Gata.
Así, los tres magistrados han comprobado que el PGOU carbonero sigue sin recoger correctamente la clasificación urbanística del suelo (es decir, que no es urbanizable), y vuelven a advertir al regidor de que lo multarán e informarán a Fiscalía (por si está cometiendo un delito de desobediencia) si sigue demorándose. El TSJA le ha enviado esta advertencia mediante oficio remitido “de manera urgente”.
Así se dispone en una providencia fechada este miércoles, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso elDiario.es en Andalucía. La resolución detalla expresamente y con minuciosidad lo que debe hacer el consistorio para que el terreno sobre el que se asienta El Algarrobico quede definitivamente clasificado como no urbanizable.
Es lo que exige una sentencia del año 2016, que el ayuntamiento de Carboneras sigue sin ejecutar en los términos exigidos por los magistrados. En este tiempo, ha sido gobernado por José Luis Amérigo (PSOE -2016 a 2023-), Felipe Cayuela (PP -julio de 2023 a marzo de 2024-) y Salvador Hernández (Ciudadanos, desde marzo de 2024).
Amérigo, sobrino del alcalde que concedió la licencia a El Algarrobico, ya fue advertido al menos dos veces de multas en el pasado por su resistencia a cumplir la reclasificación del suelo, aunque no hay constancia de que llegaran a imponérsele. Siempre daba un paso de última hora, aunque por un motivo u otro (porque no se hacía correctamente o porque el acuerdo de Pleno se anulaba por ir más allá de lo que debía), el paso no servía para nada: el suelo sigue constando como urbanizable en el planeamiento urbanístico carbonero.
Ahora, el TSJA señala que el alcalde “habrá de disponer lo necesario” para rectificar la inclusión del sector El Canaillar como urbanizable y sustituir varias menciones en las rectificaciones del PGOU que realizó el consistorio hace meses, y en la que se incluyeron varios supuestos errores que añadían más confusión a un asunto ya de por sí enmarañado al extremo.
Tras recoger expresamente esas correcciones, que alinearían el PGOU de Carboneras con la sentencia de 2016 (confirmada por el Tribunal Supremo en 2018), el Ayuntamiento deberá publicar la nueva norma urbanística.
Para comprobar que todo marcha según ha pedido, el TSJA exige al alcalde que le informe cada diez días de lo que va haciendo, “haciendo advertencia expresa que de detectarse cualquier dilación no justificada se procedería a la imposición a su cargo de multas coercitivas” y a deducir testimonio (informar al fiscal) por si estuviese cometiendo delito de desobediencia.
“Siguen mareando la perdiz”, dice José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace. Es la tónica del último año, continuidad a dos décadas de parálisis material en torno a El Algarrobico, varado en la playa desde que un juez precintó la obra (411 habitaciones en veinte alturas) en febrero de 2006.
Este año empezó con el tribunal pidiendo al consistorio que certificara el cumplimiento de la sentencia. Carboneras corrigió su PGOU pero había dejado fuera la mención a uno de los sectores que debe ser clasificado como “no urbanizable” e incluido citas a artículos que podían afectar a la aplicación de la ley del suelo andaluza (LISTA). Los ecologistas y la Junta se dieron cuenta, y recordaron que era obligatorio publicar la normativa corregida, lo que se extiende a los documentos del plan, incluidas las fichas. “No puede tenerse por ejecutada la Sentencia hasta que se produzca esa publicación”, recordó la Junta.
En julio y en octubre, el TSJA pidió al regidor que aclarara la cuestión, después de que el Consistorio pidiera más tiempo porque, decía, no tenía secretario municipal. El TSJA rechazó la excusa diciendo que no era necesario. La respuesta del ayuntamiento llegó en noviembre: un documento técnico firmado por el arquitecto municipal admitía los “errores tipográficos” y decía que ya estaba todo correcto. Pero los ecologistas insistieron: no es cierto. Este medio comprobó que, como denuncian los ecologistas, el portal de la Junta de Andalucía donde se recogen los planes urbanísticos y territoriales sigue sin recoger la supuesta modificación ejecutada por Carboneras.
Greenpeace denuncia que los sucesivos alcaldes están incurriendo en “desacato” y sus abogados creen que debería abrirse ya una investigación penal por un presunto delito de desobediencia.
Además de cumplir la sentencia que ordena la reclasificación del suelo, el ayuntamiento de Carboneras debe también ejecutar la que le exige revisar de oficio la licencia urbanística que concedió en su día a la promotora Azata del Sol. Los ecologistas son partidarios de no dar ningún paso hasta que el suelo sea “no urbanizable” en el PGOU, y es la promotora quien en los últimos meses ha impulsado la ejecución, algo que los ecologistas miran con recelo.
Esta advertencia llega menos de un mes después de una nueva reordenación del tablero político en la localidad, que pueden tener un reflejo en la tramitación del derribo de El Algarrobico: al PP local se supone más alineado con la voluntad de la Junta de acabar con la mole (una promesa de Juan Manuel Moreno la pasada Navidad) que al PSOE, vinculado precisamente con su origen. Sobre el municipio siempre planean, además, las sospechas de compra de votos, que ya han sido constatadas en el pasado.
Salvador Hernández, que hasta hace un mes era el alcalde siendo el único edil de Ciudadanos gracias al apoyo de los cinco del PSOE de Amérigo, acaba de romper con estos para integrar en un nuevo gobierno a los cinco del PP. Es el tercer gobierno municipal en un año y medio: empezó Felipe Cayuela (PP), desbancado por la moción de censura presentada en marzo por Hernández y PSOE, ahora sustituido por el pacto Hernández con los populares, ya sin Cayuela.
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