El Ayuntamiento de Carboneras y la promotora maniobran para demorar el derribo de El Algarrobico

El intento de echar abajo El Algarrobico, el inmenso hotel a medio hacer en una playa de Carboneras, sigue dando vueltas sobre sí mismo sin avanzar hacia el derribo. La última pirueta jurídica consiste en discutir si el Ayuntamiento ha cumplido ya la sentencia (dictada en 2016, hace ocho años) que le ordena modificar su PGOU para recoger expresamente que ese terreno es no urbanizable de especial protección, como manda la ley desde 1994.

El consistorio acaba de decirle al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha hecho todo lo que tenía que hacer para que el sector El Algarrobico-El Canillar no conste como urbanizable. Pero la Junta de Andalucía y los ecologistas denuncian que es una artimaña, otra, para seguir demorando el cumplimiento. “Hay sitios donde sigue apareciendo El Algarrobico como urbanizable”, denuncia José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción. Este medio ha consultado el portal de la Junta de Andalucía donde se recogen los planes urbanísticos y territoriales, cuya última actualización es de este mismo lunes, y no figura la supuesta modificación ejecutada por Carboneras.

Mientras, la promotora Azata del Sol ha pedido que se agilice la revisión de la licencia de obra (que sigue en vigor). Fuentes del Gobierno andaluz creen que así trata de dilatar el proceso; los ecologistas, que embarra el terreno para que la licencia se revise mientras los suelos son, teóricamente y solo en el PGOU de Carboneras, todavía urbanizables. “Es muy sospechoso que Azata quiera que se mueva el tema”, dice Domínguez. “Las prisas me hacen sospechar que tienen un acuerdo del Ayuntamiento y son capaces de decir que la licencia es legal”.

“Es increíble: hablamos de ocho años para cumplir una sentencia”, lamenta el abogado. Es una tónica que se repite desde hace casi dos décadas. Los tribunales sentencian y confirman que aquel hotel allí no puede estar, pero los mandatos judiciales se pierden en una maraña jurídica a la que contribuye, sobre todo, el propio consistorio. Este ha sido gobernado durante muchos años por José Luis Amérigo (PSOE, sobrino de Cristóbal Fernández, quien concedió la licencia), brevemente por Felipe Cayuela (PP) y, tras la moción de censura de marzo, por Ciudadanos (Salvador Hernández), que solo tiene un concejal apoyado por los seis del PSOE, con quien se supone que se alternará.

En su último discurso navideño Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, hizo del derribo uno de los propósitos de 2024. Casi consumido el año, Catalina García, consejera de Sostenibilidad, aventuró que la piqueta podría entrar a El Algarrobico a mediados de abril de 2025. “En seis meses podría comenzar la demolición”, dijo el 15 de octubre en una entrevista en Canal Sur. Sin embargo, esa pantalla queda lejos, a tenor de la lentitud con la que discurre la fase judicial, empantanada desde que el 6 de febrero de 2006 un juez ordenó la paralización de la obra.

¿Es ya terreno no urbanizable de especial protección?

La cuestión del derribo de El Algarrobico se dirime en dos procedimientos separados, pero vinculados. En uno se trata de ejecutar la sentencia de 2016 (confirmada por el Tribunal Supremo en 2018) que obliga al consistorio a recoger que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable. En otro, se busca ejecutar la sentencia (de la misma fecha) que obliga a revisar de oficio la licencia urbanística concedida a la promotora Azata del Sol en 2003. A día de hoy, sigue vigente.

En el primero de los procedimientos, la cuestión está ahora en qué se necesita para cumplir la sentencia. ¿Basta con publicar el acuerdo de Pleno que acuerda la modificación del PGOU? ¿Hay que publicar la modificación en sí? ¿Hay que anotarla en algún registro? Todo esto repite una cuestión que ya se suscitó en 2019, cuando el consistorio pretendió cumplir de una forma insuficiente. De 2021 a 2023, la cuestión giró en torno a cómo se expresaba el acuerdo de Pleno, puesto que el equipo de Gobierno quería hacer pasar por sobrevenida la imposibilidad de construir ahí, cuando lo cierto es que no se puede desde 1994. El acuerdo de Pleno fue anulado.

Este año, el TSJA ha pedido al ayuntamiento que “certifique” de una vez el cumplimiento de la sentencia. Desde el verano, lo que pregunta es si ya se ha ejecutado. La Junta de Andalucía presentó un escrito insistiendo en que era obligatorio publicar la normativa corregida, lo que se extiende a los documentos del plan, incluidas las fichas. “No puede tenerse por ejecutada la Sentencia hasta que se produzca esa publicación”. Por su parte, los ecologistas señalaron en septiembre que el Ayuntamiento “lo único que ha hecho ha sido anotar la referencia de la sentencia, pero no ha hecho nada más”.

En estas, llegó la respuesta del consistorio, con demora. Se trata de un documento técnico del pasado 13 de noviembre, firmado por el arquitecto municipal, en el que se asegura que ya ha hecho lo que tenía que hacer. “Se puede comprobar que se ha publicado y es parte del PGOU actualmente en vigor e inscrito y con diligencia de anotación accesoria de fecha 13/03/2024 en el registro autonómico de instrumentos urbanísticos” la modificación del PGOU “por cumplimiento de sentencia judicial”, dice el ayuntamiento en ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.

Errores y falta de secretario municipal

El pronunciamiento llega tras meses mareando la perdiz. Primero, inscribió las modificaciones con errores que afectaban directamente al sector de El Algarrobico-El Canillar. También había errores en las citas de los artículos que aplicaba, lo que, según la Junta, “podría influir” en su necesaria adecuación a la nueva ley de suelo (Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, LISTA). Tuvo que ser advertido por el tribunal, que pidió que se solventaran los errores. El Ayuntamiento los admite en su último documento, los califica de “errores tipográfico” y los corrige.

Luego, el propio TSJA tuvo que insistirle dos veces (en julio y en octubre) para que presentase el escrito, después de que el Consistorio pidiera suspender asegurando que no podía presentar su escrito porque no tenía secretario/a municipal. Los jueces rechazaron la excusa. Ahora, deberá ser el TSJA el que diga si con esto ya se ha cumplido lo que manda su sentencia de hace ocho años: que en su PGOU Carboneras clasifique los terrenos de El Algarrobico-El Canillar como suelos no urbanizables de especial protección.

Maniobra de la promotora

En el segundo procedimiento también hay movimientos que llevan, por ahora, a ningún sitio. Aquí se trata de ejecutar la sentencia que ordena revisar de oficio la licencia a Azata del Sol. La revisión, que debe realizar el Ayuntamiento, puede resultar en que se declare su nulidad o no. Ecologistas en Acción solicitó en abril la suspensión de este proceso, para que la licencia se revise una vez que el suelo del Algarrobico ya haya sido declarado no urbanizable en el PGOU. El temor de los ecologistas es que se revise siendo aún urbanizable, y que se concluya que es legal.

El 8 de julio, el TSJA rechazó la pretensión de los ecologistas, entendiendo que la sentencia sobre la revisión de la licencia puede ser ejecutada sin esperar a que se ejecute la relativa a la clasificación del suelo.

Una vez firme este auto, ha sido la propia Azata del Sol la que ha instado a que se siga la ejecución con un breve escrito en el que solicita su “impulso procesal”. El hecho de que la propia promotora pida que se revise la licencia a su favor abona la hipótesis de los ecologistas de que pretenda obtener algún beneficio en invertir el orden lógico de los procedimientos. Ya sea logrando que se revise la licencia manteniendo su validez, o posicionándose de cara a una futura exigencia de indemnización.