Un alto cargo de la Junta de Andalucía autoriza la balsa de residuos tóxicos de la minera en la que trabaja su hermano

El delegado territorial en Huelva de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía, Pedro Yórquez Sancha, firmó el 28 de agosto la autorización ambiental para una balsa de 15 millones de m3 de residuos tóxicos en el municipio de Cortegana que planea construir la minera Sandfire-MATSA, empresa en la que trabaja su hermano.

Pedro Yórquez Sancha fue nombrado delegado territorial de la consejería el 7 de septiembre de 2022. De esa manera adquiría la condición de alto cargo de la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Para entonces, su hermano llevaba unos diez años desempeñando distintas funciones en la minera MATSA, según su perfil profesional.

El delegado territorial de la Junta rubricó así el visto bueno ambiental para la infraestructura que la empresa denomina “instalación de gestión de tailings”. Lo que quiere hacer en realidad MATSA (Mina de Aguas Teñidas SA) es excavar en medio de un pinar un gran depósito para desechos mineros. Porque eso son los tailings: los materiales que quedan del proceso de separación de la fracción valiosa (la mena) de la que se desprecia (la ganga).

El proyecto prevé un depósito con capacidad para 15 millones de metros cúbicos a unos 700 metros de las casas de Valdelamusa (una barriada de la localidad de Cortegana). Por dimensionar, la balsa de lodos mineros de Aznalcóllar que, al romperse en 1998, inundó de residuos el río Guadiamar que nutre Doñana dejó escapar 5,5 millones de m3 de desechos.

La minera considera que este depósito es crucial para sus planes. En su Proyecto de Diseño ha descrito que “es de destacar la importancia de la construcción de la Instalación de Gestión de Tailings (en lo sucesivo IGT) para el mantenimiento de la actividad minera y el funcionamiento de la planta de tratamiento”.

Y prosigue ligando el futuro de la actividad empresarial a esta balsa: “Para la continuidad de la operación minera es necesario una instalación donde depositar los estériles, por ello la IGT es una instalación fundamental para la futura vida operativa de la mina”, señala el documento presentado a la Administración.

Los desechos que se acumularán son estériles procedentes de una “fase de flotación” en la que se genera una mezcla de agua y mineral llamada pulpa. Después son espesados antes de ser depositados en la balsa. Los residuos que se proyecta retener en el depósito tienen “una alta concentración de sulfuros y alto potencial generador de ácidos” así que se los considera como “peligrosos”, según la normativa, indica la documentación de la minera.

La resolución que autoriza el plan afirma que el proyecto no generaría “un impacto severo o crítico” sobre los “factores ambientales” de los que enumera: atmósfera, geología, hidrología, vegetación, hábitats, fauna, población, infraestructuras, patrimonio cultural y paisaje. “Todos ellos en su mayoría [se ven] afectados de manera moderada o compatible”, detalla la resolución. Y añade que “la población resulta con un impacto positivo debido a la creación de empleo y actividades económicas en la fase de construcción”.

En este sentido, al menos, parte de la población no comparte esa visión benefactora. Vecinos del área cercana al proyecto en Valdelamusa, El Cerro de Andévalo, La Zarza, Calañas y La Mora protestan, sobre todo, contra la ubicación del depósito. Han recogido 4.400 firmas de apoyo y convocado una manifestación para el 17 de noviembre. La objeción principal, apuntan, no es tanto la actividad minera, sino el lugar escogido para excavar la balsa “a escasos metros de las viviendas”, recuerdan.

“No guarda relación con el proyecto”

La Delegación territorial de Medio Ambiente ha contestado a elDiario.es que “desde el punto de vista jurídico” considera que “no hay incompatibilidad”. Y argumenta que el hermano del delegado “no es un alto cargo de la empresa, ni ha presentado él el proyecto y no está en el área de la empresa implicada”.

La ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía establece que estos cargos “están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil”.

La empresa, a su vez, responde que “el proceso de autorización de la AAU se ha realizado conforme a la legislación vigente, por lo que no existe conflicto de intereses ni incompatibilidad en su tramitación administrativa”. También argumentan que “dentro el área facultativa de MATSA, compuesta por una decena de profesionales, el referido trabajador no ha tenido participación alguna en el proyecto de construcción de la instalación de gestión de estériles a la que se refiere la AAU. Sus funciones no guardan relación alguna con dicho proyecto”.

Asesor, concejal, delegado

Pedro Yórquez Sancha empezó su carrera política como asesor del alcalde de Aljaraque (Huelva) del Partido Popular Juan Manuel Orta entre 2003 y 2007, según consta en su currículo alojado en el Ayuntamiento de localidad onubense. A partir de 2007 pasó a ser concejal del PP en el municipio hasta 2022. Llegó a ser segundo teniente de Alcalde. De ahí pasó a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta.

MATSA considera “fundamental” esta infraetructura para ampliar su actividad. Solicitó una primera vez esta autorización en diciembre de 2022, pero no pudo tramitarse porque la empresa no completó la documentación. El 17 de mayo de 2023 se denegó el proyecto por esa causa. El 19 de mayo de 2023, la Junta recibió “nuevamente la solicitud”, como recogen los antecedentes de hecho de la resolución de la Delegación de Medio Ambiente que, en agosto de 2024, autoriza la construcción del almacén de residuos.

Su familiar, ingeniero técnico de minas, aparece actualmente como técnico facultativo y afirma en un correo electrónico remitido a elDiario.es que empezó a trabajar para MATSA en 2012. “Mi contratación fue por méritos propios y no estuvo relacionada con ningún tipo de relación personal o familiar. Tampoco he sido promocionado, ascendido ni se ha incrementado mi salario desde que una persona de mi familia ostenta las responsabilidades públicas que refieren”. “No he tenido ninguna participación ni intervención, de ninguna manera, en el proyecto de instalación de gestión de tailings”, repite.

Según este calendario, ya estaba ligado a la minera MATSA antes de que la australiana Sandfire adquiriera la sociedad en 2021 por 1.500 millones de euros. La empresa había sido hasta entonces propiedad de la multinacional petrolera Trafigura y el fondo soberano de inversión de Emiratos Árabes Unidos Mubadala que entró en la sociedad al comprar a Trafigura el 50% del accionariado en 2015 por unos 400 millones de euros.