Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; un derecho que incluye no ser molestado a causa de las opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas por cualquier medio de expresión.
Actualmente nos encontramos ante una situación que pone en riesgo la libertad de prensa e incluso la propia libre elección de opciones base de toda democracia. Los medios de comunicación han perdido credibilidad por la inmensa proliferación de las llamadas fake news. Ya Orwell en su novela 1984 refleja cómo se puede manipular a la sociedad sobre las bases de noticias falsas para controlarla.
Las fake news constituyen un auténtico peligro para la libertad de información, pues distorsionan la realidad, y más que informar desinforman, pretendiendo de alguna manera influir a la sociedad en un determinado sentido, creando el efecto contrario al perseguido por aquella libertad, que es el de la configuración de una opinión pública libre. Las mismas pueden llegar a pervertir el propio sistema electoral. Es necesario fortalecer el ejercicio de la libertad de información veraz, única que puede permitir el deseado enriquecimiento de la democracia, salvaguardándola, en el marco de una sociedad plural.
Las noticias falsas son una amenaza para las instituciones democráticas. Este tipo de noticias podría hacer que un candidato pierda las elecciones y afectar a las relaciones internacionales. También son contrarias a uno de los pilares fundamentales de la democracia: que los votantes puedan decidir de manera informada entre los candidatos en competencia.
Muchas informaciones, que podrían enriquecer a los ciudadanos y que les serviría para adoptar una visión crítica respecto los verdaderos problemas de interés social, son sacrificadas en favor de otras que en nada contribuyen a la formación de la siempre necesaria opinión pública
Noticias falsas significan informaciones publicadas deliberadamente que no han sido comprobadas ni verificadas, carecen de fuentes identificadas y sin supervisión de un editor. Su objetivo es influir en la opinión pública y apoyar o desacreditar determinadas opciones.
Muchas informaciones, que podrían enriquecer a los ciudadanos y que les serviría para adoptar una visión crítica respecto los verdaderos problemas de interés social, son sacrificadas en favor de otras que en nada contribuyen a la formación de la siempre necesaria opinión pública. Y, desde luego, no se puede ignorar que las grandes multinacionales de noticias están dominadas por unos pocos que, en función de sus propios intereses económicos y políticos, las seleccionan y difunden.
No se trata de exigir una veracidad total y objetiva como presupuesto del ejercicio legítimo de la libertad de información, pero deben exigirse que se realicen las comprobaciones necesarias para establecer la veracidad de la información.
En el informe de Amnistía Internacional del 2022/2023 sobre “Libertad de expresión, de asociación y de reunión” lanzado recientemente, describe que las autoridades continuaron usando indebidamente la Ley de Seguridad Pública para limitar en exceso la libertad de expresión de manifestantes y periodistas. Aunque en menor cantidad que en 2022, se siguieron imponiendo multas por faltas administrativas de imprecisa definición como “falta de respeto” a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o “desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes”.
Claramente, estas actuaciones, que se ven relacionadas directamente con el masivo uso de redes sociales, actúan en detrimento del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, pero en mayor medida, de la libertad de información.
Las noticias falsas provienen de sitios ficticios diseñados para parecer fiables que producen títulos sensacionalistas para atraer al lector. La polémica creada por estas noticias maliciosas implica principalmente a las fuentes o portales que las crean, pero también a las redes sociales que ayudan a su propagación.
El problema se acrecienta cuando se presentan denuncias basadas en recortes de noticias que no están suficientemente contrastadas como una forma de utilizar a los tribunales en toda esta labor de desinformación y se utilizan para la lucha política entre los distintos partidos. Estas prácticas son los gusanos que pervierten la democracia. Sin una información contrastada no puede existir la misma.