El Gobierno de Andalucía aprobó este jueves la autorización ambiental unificada al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), en el mismo enclave que hace 25 años sufrió la mayor catástrofe ambiental de la historia de España.
Se activa así la cuenta atrás para la construcción de la nueva mina: el último proceso de autorización administrativa se cerrará a final de año, los trabajos de preparación arrancarán en 2025 y durarán tres año, y el inicio previsto para empezar a extraer mineral será a finales de 2027, principios de 2028, según el cronograma de la Junta.
La reapertura de la mina de Aznalcóllar, que correrá a cargo de la empresa Los Frailes, es uno de los proyectos empresariales más ambiciosos que ha impulsado hasta la fecha el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. La producción estimada de extracción de mineral ronda los 2,7 millones de toneladas al año de cobre, cinc y plomo. El proyecto prevé la creación de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos, 950 empleados sólo para los tres primeros años que durará la construcción de la nueva mina.
También es el más arriesgado políticamente: supone reactivar la extracción de minerales y autorizar vertidos “controlados” al río Guadalquivir, asumiendo el riesgo ambiental que representa para una zona que ha tardado un cuarto de siglo en regenerarse de un vertido venenoso que alcanzó las puertas del Parque Nacional de Doñana.
Consciente de estar en el ojo del huracán por dar este paso, la Junta asegura haberse autoimpuesto el más alto nivel de exigencia medioambiental que establece la ley antes de dar la autorización al proyecto. Ese documento, de publicación inminente en el BOJA, incluye una fianza de “garantía ambiental” de 60 millones de euros a la minera Los Frailes durante sus 20 años de explotación, para cubrir cualquier posible responsabilidad en caso de vertido tóxico.
La Junta reclamó 90 millones de indemnización a Boliden para compensar el coste de limpieza del desastre ambiental tras la ruptura de la balsa de residuos en la mina de Aznalcóllar. La multinacional minera sueca cifró sus gastos y pérdidas por el vertido tóxico en 115 millones de euros, incluyendo facturas de viajes, cursos de formación y relaciones con los medios. La justicia exculpó a Boliden, que no tuvo que pagar un solo euro.
La fianza de 60 millones, que podrá ampliarse si el proyecto empresarial para la reapertura de la mina se modifica en el futuro, fue incluida en el último momento dentro de la autorización ambiental unificada, tras escuchar las alegaciones de los grupos ecologistas, explican fuentes del Ejecutivo andaluz.
Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, y el titular de Industria, Jorge Paradela, han convocado este jueves a la prensa en el Parlamento andaluz, rodeados de todo su equipo, para reducir al mínimo un escenario hipotético de catástrofe ambiental como la provocada por la anterior empresa explotadora, Boliden, y la rotura de la balsa de residuos en la mina de Aznalcóllar.
El desastre ecológico en esta zona tuvo lugar en la primavera de 1998. La rotura de la balsa en la mina de Aznalcóllar dejó salir seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al cauce del río Guadiamar, provocando la muerte de miles de peces y afectando a una superficie de 4.634 hectáreas. La presencia de metales pesados en muchas de esas parcelas impidió a sus propietarios seguir cultivando, incluso a día de hoy.
El río de residuos mineros -de un kilómetro de largo y 500 metros de ancho- se arrastró hasta el mismo borde de Doñana, tras recorrer 62 kilómetros, pero no llegaron a penetrar en el parque natural gracias a que los trabajos de control improvisaron diques de contención para frenar la corriente tóxica antes, evitando así una mayor catástrofe ecológica para la flora y fauna de Doñana.
La inversión privada de la nueva mina -ya no a cielo abierto, sino subterránea- asciende a 450 millones de euros, de los cuales 100 millones están previstos en actuaciones medioambientales, incluida la compra de una depuradora de última generación.
La cantidad de agua que hay que bombear y verter al Guadalquivir es lo que más preocupa a los ecologistas, que este mismo jueves han denunciado que la empresa minera Los Frailes quiere usar a cualquier precio una tubería de 30 kilómetros que se va a construir como vía de escape de posibles vertidos contaminantes hacia el río.
La depuradora tardará 18 meses en instalarse -no estará lista hasta 2026- y la empresa minera estará obligada a ejecutar tres programas diferentes de tratamiento de agua y control de los vertidos, con más de 4.485 análisis de lunes a jueves durante ese periodo.
Para medir la calidad del agua que se vierte desde la mina al Guadalquivir, la Junta ha supervisado ya 23 simulaciones con el parámetro más complicado, que es el cadmio, “y todas han dado por debajo del límite establecido”. Se harán todos los días en tres puntos de control diferente, si en algún momento alcanza el 75% del límite permitido, se para de inmediato el vertido. “No se parará el vertido con el semáforo en rojo, lo pararemos cuando esté en ámbar”, ha asegurado el consejero de Medio Ambiente.
El proyecto inicial tuvo que modificarse después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, rechazase autorizar el vertido de la nueva mina en un dominio público hidráulico, de titularidad estatal.
La Junta de Andalucía y la empresa minera decidieron, entonces, sortear el veto del Gobierno incluyendo en el proyecto la ejecución de la tubería que trasladará los vertidos aguas abajo, hasta alcanzar un punto de vertido al cauce ya en zona de dominio público marítimo terrestre, en cuyo ámbito la competencia para su autorización ya no es de la CHG, sino de la propia Junta, confirman desde el ministerio de Teresa Ribera.
El Gobierno andaluz se mueve en el alambre con este proyecto, consciente de que está agitando los fantasmas del desastre ambiental vivido hace un cuarto de siglo. Por eso lo ha sometido a exposición pública varias veces y ha intentado atraerse el apoyo de los ecologistas más escépticos.
Además de la fianza, la autorización ambiental de la Junta obliga a la empresa minera a contar con un “técnico ambiental residente”, formado en prevención y control de aguas y residuos, además del trabajo de una entidad colaboradora con la Junta, que hará el trabajo de inspección en materia de calidad ambiental. “Tenemos tres capas de control”, insisten desde Medio Ambiente.
“La Junta de Andalucía no va a autorizar ningún vertido tóxico”, ha subrayado Fernández Pacheco, “la Junta autoriza un vertido de agua vigilada con unos controles muy estrictos, con unas técnicas muy innovadoras de vigilancia y ajustado a la normativa. El impacto en el Guadalquivir tiene que ser el mínimo posible”. Hasta una docena de veces han repetido los consejeros que el proyecto “cumple el 100% de las garantías ambientales”.
Paradela ha explicado que en la nueva mina “no habrá balsa de lodo”, como en Boliden. “Una parte de los residuos generados se aprovecharán como relleno en el interior de la mina y otra parte se depositará en la antigua corta minera sólo a efectos de restauración”, sostiene el consejero. También, más del 80% del agua utilizada para tratamiento del mineral se reutilizará en el propio proceso de extracción.
Las labores preparatorias de la nueva mina tienen una parte de trabajos en el exterior, y otras, interior, que son los más complejos. Es en esta zona donde hay que hacer las galerías, la rampa principal de acceso, las galerías de transporte... Las voladuras de material en el interior se sacan por las galerías y el hueco que dejan se rellenará con la pasta que se ha extraído.
La autorización ambiental unificada de la Consejería de Medio Ambiente, firmada este jueves, forma parte de la autorización general que depende del departamento de Industria y Mina, cuyo proceso no culminará hasta el último trimestre del año. Será entonces cuando empiece la preparación de la mina, que se alargará tres años. “Ninguna región de Europa tiene tanto cobre como Andalucía, salvo una zona de Polonia”, ha insistido Paradela, para hablar de la proyección económica de la reapertura de Aznalcóllar.
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