La vía andaluza de los sindicatos de inquilinas

Un grupo de señoras de cháchara tomando el fresco en sillas de plástico en la puerta de una casa o un bloque de pisos. En el imaginario de cualquier andaluza, de costa o interior, de ciudad o pueblo, está presente la estampa estival. Esta cotidianeidad se ha convertido en simbología en los últimos tiempos para reivindicar una forma de sociabilidad, de ser y estar en el vecindario, en la vida, alejados del consumismo imperante. Pero una pregunta acecha: ¿qué pasa si el casero le sube el alquiler a alguna de ellas? ¿Qué ocurre si a alguna de estas mujeres la pensión ya no le alcanza y debe elegir entre comer o pagar la renta? El desenlace habitual es el desahucio. En Andalucía se ejecutaron en 2023, último dato disponible del CGPJ, 4.449 desahucios, 66,5% de ellos por impago del alquiler. Todo ello pese al denominado “escudo social” del gobierno central.  

El número elevado de desahucios sorprende si tenemos en cuenta que la mayoría de andaluzas tiene su casa en propiedad, especialmente la generación boomer, cuyo desarrollo laboral se produjo en un contexto de crecimiento económico y urbano, beneficiándose de la expansión del crédito hipotecario. Atendiendo a los datos del INE sobre el régimen de tenencia, Andalucía tiene el segundo porcentaje más pequeño de viviendas principales en régimen de alquiler del Estado (11,3%), solo superado por Extremadura (9,1%). En nuestra comunidad poca gente vive de alquiler; estamos muy lejos de Baleares (24,1% de hogares alquila), Cataluña (23,1%), Canarias (21,9%) o Madrid (20,7%). No obstante, hace unas semanas se presentaron los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz y Sevilla, que en Andalucía se suman al liderazgo de Málaga, con casi una década de trayectoria. En la última década, pese a la cultura de la propiedad, la subida de los precios inmobiliarios ha provocado que muchas personas solo puedan vivir de alquiler; normalmente son jóvenes y/o migrantes abocadas a compartir vivienda hasta edades avanzadas.  

El contexto general no está mejor. La economía andaluza vive del turismo, mientras que el 45% de las andaluzas no puede permitirse una semana de vacaciones al año. Un 37,5% de la población está en riesgo de pobreza, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Los informes Urban Audit del INE tampoco dejan bien parada a la Comunidad, que concentra 10 de las 15 ciudades del Estado con una mayor tasa de desempleo; Ceuta es la primera seguida de dos andaluzas: La Línea de la Concepción (29,2% de paro) y Linares (26,9%). Además, a nivel intraurbano, en Andalucía se encuentran 10 de los 15 barrios con menor renta del país, seis de ellos en Sevilla, tres en Córdoba y uno en Málaga, con rentas que oscilan entre los 6.719€ y los 9.197€ anuales. En un contexto de precios inmobiliarios disparados, las dificultades para acceder a una vivienda se configuran como un elemento clave en el aumento de la pobreza y la exclusión. 

En las ciudades andaluzas hoy encontramos familias hacinadas en habitaciones, compartiendo piso con otras, o dentro del sistema si ya han perdido su hogar, con la amenaza de quedarse en la calle de forma recurrente. Por no mencionar los asentamientos chabolistas para trabajadoras del campo

Frente a este panorama sorprende la inacción política. El gobierno central aprobó una Ley de Vivienda en 2023 que generaba el marco regulador para controlar los precios del alquiler en zonas tensionadas, estableciendo un tope máximo de subida, pero al dejar su aplicación a las CC.AA., la medida es papel mojado; solo Cataluña se ha atrevido a legislar. Cabe recordar que el control de precios del alquiler, de forma generalizada y no solo en algunas zonas, es una política que en ciudades como Nueva York o Viena tiene un siglo de vigencia.

De Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía tampoco se espera nada. En la Comunidad Autónoma hay 628.705 viviendas vacías y más de 140.000 viviendas registradas para uso turístico que no están cumpliendo su función habitacional. Si la Junta quisiera, mañana podrían volver al mercado del alquiler residencial, aumentando la oferta y bajando los precios. Sin embargo, esta inflación beneficia a los rentistas, cuyos intereses protege el PP. Como Moreno Bonilla vuelva a ganar las elecciones, en el organigrama de la Junta aparecerá la Consejería de Fomento, Territorio y Airbnb. Tiempo al tiempo. 

A todo esto se suma que la vivienda pública está en mínimos históricos y ahora se anuncia un decreto-ley que, a espera de su publicación oficial y un análisis en profundidad, fomenta el pelotazo urbanístico permitiendo construir sobre suelos destinados a equipamientos públicos, subvenciona a las promotoras inmobiliarias, y aumenta los requisitos para acceder a la vivienda pública.

Esto es especialmente sensible y casa con la política del PP que busca reducir el impacto del empobrecimiento reciente de las clases medias permitiendo su acceso a la vivienda pública en detrimento de las personas que realmente las necesitan. Esta política viene a empeorar las condiciones de gentes que llevan años esperando una solución habitacional que el mercado no les va a proporcionar.

En las ciudades andaluzas hoy encontramos familias hacinadas en habitaciones, compartiendo piso con otras, o dentro del sistema si ya han perdido su hogar, con la amenaza de quedarse en la calle de forma recurrente. Por no mencionar los asentamientos chabolistas para trabajadoras del campo, donde la explotación laboral se superpone con la carestía habitacional. Dickens en Los Pajaritos, en Palma-Palmilla, en El Ejido, en Lepe. Llama la atención que se okupan muchas menos viviendas de las que nos quieren hacer creer, cuando curiosamente podría darse un número elevado atendiendo a la delicada realidad de mucha gente. 

Porque estamos hartas de estas injusticias y la deriva mercantilista de la vivienda, que debe ser un derecho universal garantizado, se crean los Sindicatos de Inquilinas. Sin embargo, sabemos que no tenemos el mismo contexto que en el resto del Estado. En Andalucía la migración interior no es tan intensa y sobreviven redes comunitarias de apoyo mutuo que, en determinados contextos, previene a familias de sufrir alquileres abusivos o caseros despiadados, que suben la renta descaradamente e incumplen la Ley de Arrendamientos con cláusulas abusivas de todo tipo. También sabemos que no tenemos grandes fondos de inversión con los que antagonizar, como ocurre en Barcelona o Madrid; sí tenemos, en cambio, grandes tenedores, especialmente entidades bancarias, pero sus propiedades están dispersas en barrios y ciudades. Este es nuestro reto: los rentistas a los que nos enfrentamos, además de tener el sistema de su lado, juegan con la ventaja del territorio. Por eso nuestros piquetes inquilinos van a trabajar en aglutinar las luchas, adaptando nuestra organización a las necesidades geográficas. Porque hemos perdido mucho, pero los barrios siguen siendo nuestros.