La Casería, un reducto auténtico amenazado con el derribo: la legalidad contra la subsistencia pesquera en San Fernando

La historia de La Casería es la de sus pescadores, la de la gente de San Fernando que lleva décadas acudiendo a un emplazamiento que hoy en día está de moda pero que, históricamente, ha sido el lugar de su sustento. La Demarcación de Costas de Andalucía quiere derribar sus casetas por ocupar la zona de dominio público marítimo terrestre. Su intención es recuperar la franja del litoral y darle un uso público, para lo que necesita el desalojo de unas ocupaciones que considera ilegales.

Pero el derribo de estas casetas supone la ruina para unas 60 familias entre los pescadores y los trabajadores de los dos restaurantes de la zona, La Corchuela Casa Muriel y El Bartolo. Miguel Muriel regenta el primero de ellos, un establecimiento fundado como merendero en 1951 y que acaba de cumplir 70 años. “Llevamos años luchando con esto y ya uno no se fía ni de los políticos ni de nadie. Tirarlo todo y hacerlo de nuevo costaría muy caro y eso no se puede ni pensar. Las casetas llevan casi 100 años con permiso de la Marina y nosotros llevamos 70, con los papeles legales de la época. No puede ser que lo quieran tirar todo abajo por el capricho de alguien”. Miguel hace alusión a las licencias concedidas por la Comandancia Militar de Marina de Cádiz en los años 60.

“Entre los pescadores y los dos restaurantes hay 60 personas que son 60 familias que se pueden quedar sin comer y eso hay que tenerlo en cuenta. Nos lo van a quitar todo y lo único que harán será echar arena. Esto se convertirá en un desierto y no querrá venir nadie”, vaticina Miguel.

Melu Guerrero se crió en esas casetas que ahora pueden ser derribadas. Su padre era el dueño de dos de ellas y allí mismo tenían que dormir en los años 60. “Allí nos fuimos mis padres y mis cinco hermanos. Eran unos tiempos duros y mi padre vivía de lo que pescaba. El agua la cogíamos del penal que había al lado y en otra tinaja acumulábamos el agua de la lluvia para los baños. Mi padre tenía los papeles de haberlas comprado legalmente, pero se despreocupó y los perdió. Me da mucha pena que ahora puedan tirarlo todo”, explica la isleña.

Luis Rodríguez es otro de los afectados por los posible derribos. Vive de la pesca y lamenta que “esto es una pelea política y a nosotros nos van a mandar a la ruina porque los autónomos no tenemos ni paro”. Son 12 barcos los que faenan en La Casería, casi 30 familias las afectadas en este sector.

“En esas casetas es donde tenemos los enseres de pesca. Si nos las quitan no tendremos dónde ponerlos y tampoco las neveras con la nieve para llevarlo a la lonja por la noche. Pescamos por la mañana y lo metemos ahí. A la una de la mañana vamos a la lonja de El Puerto. Estas casetas se levantaron con los permisos correspondientes en el año 35, con permisos de la Marina. Que después hayan caducado, no lo sabemos. Las casetas han ido de padres a hijos. No quieren mejorar esto, sino echarnos”, denuncia.

José María Domínguez, portavoz de los caseteros de La Casería y vicepresidente de la Asociación de Vecinos, matiza sobre el asunto de la legalidad de las construcciones: “Si nos basamos en la Ley de Costas actual, estamos ilegalmente. Pero ese asentamiento no sale de una ilegalidad. En la memoria que presenta el Ayuntamiento para declararlo de interés público la documentación que se aporta es la de mi caseta. De mi abuelo pasó a mis padres y después a mí. Desde el año 1961 mi abuelo ya presentó un proyecto, hay unas solicitudes y los sellos de pagar sus concesiones. Nació de la legalidad vigente. Hablamos de años duros, de dictadura, en los que no se hacía lo que uno quería. Era una zona vigilada por la Guardia Civil y la Marina y no se podía hacer nada sin un permiso”.

“La sensación es que estamos en un punto sin retorno debido a guerras entre políticos. Unos quieren tirar balones fuera y otros, apuntarse el tanto. Cuando la asociación de vecinos quisimos tener una reunión con todas las fuerzas políticas para presentar una moción e intentar arreglarlo, desencadenó una guerra entre PP y PSOE. En el sector pesquero y hostelero afecta a muchas personas y también genera mucho empleo directo e indirecto”, añade.

Un aparente callejón sin salida a nivel político

Esta situación ha provocado la mediación del Ayuntamiento de San Fernando (PSOE), que ha solicitado que el espacio sea declarado de interés público para evitar los derribos. Pero el proceso de desalojo parece imparable y Costas ya le ha hecho llegar al Consistorio un borrador con el proyecto de regeneración de la zona. No habrá ningún consenso con los afectados, que están movilizándose para evitar quedarse sin unas construcciones que suponen su sustento económico. En el Ayuntamiento se ha hablado de trasladar las casetas a una zona municipal fuera de dominio público marítimo terrestre, pero a día de hoy los pescadores temen quedarse sin trabajo a corto plazo.

La Junta también se está moviendo y el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, ha informado a Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de San Fernando del inicio del expediente de solicitud para la legalización mediante la declaración de interés público para los establecimientos hosteleros e instalaciones ubicadas en la zona.

“El objetivo es compatibilizar la protección medioambiental y el cumplimiento de la Ley de Costas con el uso actual, que está ligado a la hostelería y a la pesca, y que no queremos que desaparezca”, ha asegurado José Pacheco, subdelegado del Gobierno de España en Cádiz. Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, aboga por “la vía del diálogo para, a partir de ahí, establecer el desarrollo de un procedimiento que, permitiendo la mejora de nuestro litoral, atienda también a una identidad propia de esta parte de la costa y a los legítimos intereses de quienes durante generaciones han mantenido en este pequeño rincón la pesca tradicional y la gastronomía de la zona con productos únicos”.

Los portavoces en el pleno del Ayuntamiento de San Fernando han registrado una moción conjunta que incluye una solicitud a Costas de la paralización de todas las acciones encaminadas al derribo de las construcciones, y tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a la Junta de Andalucía, la emisión de informes favorables a la Declaración de Interés Público de La Casería.