Francisco Franco debe salir del Valle de los Caídos. José Antonio Primo de Rivera, igual. Y Gonzalo Queipo de Llano, de la basílica de La Macarena, en Sevilla. Eso exige la denuncia penal presentada contra 15 obispos españoles por el abogado Eduardo Ranz, experto en derechos humanos. Considera “intolerable” que, tras décadas de democracia, militares golpistas “estén metidos en iglesias”. Es, dice, “un delito contra la independencia del Estado”.
La acusación, por vía judicial, va dirigida contra los obispados o arzobispados de Madrid, Sevilla, Córdoba, Valencia, Segovia, Almería, Badajoz, Cuenca, Cartagena, Oviedo, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Orihuela-Alicante, Sigüenza-Guadalajara y Zaragoza. Exige “la salida de los cuerpos de Queipo de Llano, de Franco y de José Antonio, por ser un enterramiento ”contrario al derecho constitucional canónico“, según los escritos de alegaciones presentados.
También se reclama la retirada de simbología franquista de los templos. En todos los casos las denuncias, a las que ha tenido acceso eldiario.es, son presentadas (el 14 de abril) en los juzgados de instrucción correspondientes, apunta el letrado, promotor de la iniciativa e impulsor de otras contra ayuntamientos que incumplen la ley de Memoria Histórica o de la querella contra el portavoz del PP por acusar a las víctimas del franquismo de acordarse de sus familiares ejecutados para buscar subvenciones.
“Ofensa” a la democracia
A los obispos o arzobispos se les acusa de un delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal al entender que prelados dependen de las instrucciones del Vaticano, un Estado independiente, y que no cumplen por tanto con la legislación española. Una violación legal castigada “con pena de prisión de uno a tres años”. “Es intolerable que tras más de tres décadas de democracia, el dictador y golpista Franco y el golpista Queipo estén metidos en iglesias”, refiere. Estas sepulturas suponen “una ofensa absolutamente intolerable para cualquier demócrata”, sostiene.
“Todo ello en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica y del canon 1242 del Código de Derecho Canónico, que establece textualmente 'No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos”, explica.
La polémica sobre los enterramientos de estos militares es añeja. Y la laxitud de la oligarquía eclesiástica en torno al posible incumplimiento legal o al respeto de los derechos humanos. “Nadie con valores democráticos –extiende Ranz– puede defender o entender esta mezcla entre Estado e iglesia” que se produce en el Valle de los Caídos o en la sevillana basílica de La Macarena, por caso. “Cuando se saquen los cuerpos y se retire la simbología se obtendrá reparación y, por tanto, se cerrarán heridas”, concluye el abogado.