El ex consejero de Empleo defiende que Andalucía tenía “legislación suficiente” para conceder las ayudas de los ERE

El ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, como hiciera su predecesor en el juicio de los ERE Gaspar Zarrías, ha defendido este lunes el sistema de ayudas utilizado por la Junta para la concesión y el pago de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Fernández, el único exconsejero que ha estado en prisión preventiva por esta causa, ha relatado que el expediente de ayudas a los extrabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina, el primer ERE a partir del cual se generalizó el sistema, se tramitó “como ayuda de subvención excepcional” y que “existía legislación suficiente” para trabajar en ese línea. Además, ha defendido que “si se hacía así era porque los técnicos lo habían aconsejado”, respaldando el uso de lo que él mismo bautizó ante la jueza Mercedes Alaya, allá en la primavera de 2012, como el ‘procedimiento específico’.

En ese sentido ha recordado, a preguntas del fiscal anticorrupción sobre el marco normativo en que se fraguaron las ayudas, que había “fiscalización” y que las alegaciones al reparo del interventor delegado respecto a este expediente en concreto, firmadas por el propio Fernández como viceconsejero de Empleo, fueron “acogidas” por el entonces interventor general, Manuel Gómez, quien dio su “visto bueno parcial” a las ayudas, validando la aplicabilidad de la Orden Ministerial de 1995, como ya informó este periódico hace unas semanas.

Fernández, que posteriormente trató de aclarar esta cuestión en un escrito enviado al juzgado, ha sido interrogado tras ver aplazada varias veces su declaración a causa de una “disfonía incapacitante”, que le ha provocado tener que beber agua con frecuencia disculpándose ante el tribunal y reconociendo que “a veces las fuerzas me fallan”. El exconsejero, que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, continuará este martes respondiendo al fiscal.

“Ahora casi me he hecho un erudito de la fiscalización”, ha comentado Fernández, que en varios pasajes a derivado la responsabilidad en “los servicios técnicos” a la hora, por ejemplo, de explicar los movimientos de fondos entre la Consejería y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) mediante modificaciones presupuestarias en virtud de las transferencias de financiación. “Ningún consejero o viceconsejero” atendía a informes técnicos “con carácter general”. “Normalmente los ojeaba” porque eran “bastante las discrepancias” por parte de la Intervención, ha comentado el acusado. “Quienes escriben las documentos no son los políticos, son el personal funcionario”, ha dicho también.

Preguntado si había una regulación específica para la concesión de las ayudas que se están juzgando, Fernández ha insistido en que “existía legislación suficiente para trabajar pero no por reglamento de subvenciones y ayudas públicas”, aprobado en 2001. Muchas de sus afirmaciones son “fruto del estudio” a raíz de las actuaciones, ha reconocido. “No me lo he estudiado pero me pongo a ello”, ha señalado en otro momento Fernández, quien no ha ratificado su declaración judicial ante Alaya. “Fueron varios días de declaración”, que acabó con sus huesos en prisión preventiva la noche del ‘pescaíto’ de la Feria de Abril de Sevilla de 2012, y “la transcripción de las actas no refleja lo que dije ni seguramente lo que quise decir”, ha apuntado. Sí se ha ratificado en lo dicho ante el Tribunal Supremo.

El IFA, “siempre pagador”

En cuanto a si conocía entonces la normativa estatal de 19994 y 1995, ha respondido afirmativamente, diferenciando entre ayudas previas a la jubilación y ayudas a empresas en crisis, las primeras de ejecución por delegación por parte de las comunidades autónomas y que se utilizó en Andalucía “cuando las empresas así lo pedían”. Respecto a las ayudas con base a la norma del 95 ha dicho que “es una orden que no es delegable a las comunidades autónomas sino que las gestiona y concede directamente la Administración del Estado”, detallando que empresas andaluzas se han acogido a ellas pero no a través de las comunidades y que se articulaba “un plan de respuesta” para las “variadas solicitudes” de ayudas desde el año 1999, también por parte de “representantes políticos y sindicales”.

El IFA “siempre ha tenido la función de ente pagador” bajo un modelo de convenios iniciado en aquel año, ha dicho al exhibírsele actas del consejo rector del que fue conocedor como vicepresidente y luego presidente del ente instrumental, defendiendo la “presunción de legalidad” de los informes que llegaban hasta IFA/IDEA, donde acudía “un día a la semana” cuando era viceconsejero “mientras el consejero estaba en Consejo de Gobierno” para resolver diversos asuntos. Preguntado por la gestión de la crisis en Santana Motor, ha recordado que era “un tema prioritario mientras yo estaba vivo” y que “los empleados de Santana no eran empleados públicos pero poco les faltaba”.

Fernández no ha sabido detallar la composición del equipo del exdirector de Trabajo Javier Guerrero pero sí ha destacado que en el departamento de relaciones laborales donde residían las competencias para la gestión de ayudas, con presencia mayoritaria de personal funcionario. “Hay muy pocos puestos digitales”, ha dicho, si bien ha reconocido el nombramiento de Ramón Díaz, exdiputado del PSOE, como “refuerzo” para “temas de conflictividad laboral”. El exconsejero ha asegurado que fue su antecesor, José Antonio Viera, quien decidió descargar la responsabilidad ejecutiva en el director general de Trabajo para la concesión de ayudas a través de IFA, una cuestión que también conocía el Parlamento a través de las leyes presupuestarias que incluían todos esos aspectos.

En general, Fernández ha dicho en la Consejería había “una producción normativa amplia, variada y compleja” detallándose dejaron de aprobar varias normas específicas de regulación de ayudas porque se estaba preparando el reglamento de subvenciones de ayudas públicas de 2001, donde se encuadraban. “He tenido la frustración de no haber aprobado muchas normas porque no hemos cumplido los trámites exigidos. Hubo siete u ocho. Es algo que sucede habitualmente”, ha recordado.

Una Orden específica “no era necesaria”

En este punto ha dicho que las ayudas excepcionales se incorporaron a este reglamento de subvenciones y que había normativa suficiente por la cual se podían otorgar esas ayudas, señalando que éstas ayudas excepcionales “no están obligadas a la publicidad y a la concurrencia”. Preguntado por si en la Dirección General de Trabajo se planteó una orden empleo más específica para las ayudas sociolaborales o empresas en crisis, ha dicho que “no era necesaria ni imprescindible”. Preguntado por si se dictó alguna norma en ese sentido para pymes, ha respondido que sí pero que “no me lo he estudiado pero me pongo a ello”. “Para preparar el juicio he tratado de enterarme de cosas para no parecer otra cosa”, ha comentado posteriormente.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias que se generalizaron a partir de la primera de 18 de abril de 2000, Fernández ha dicho que “veía con interés unas más que otras” pero que el hecho de dar de baja unas partidas para pasarlas a uno u otro programa “ya se hacían con anterioridad” en los programas que regían estas cuestiones, ha dicho cuando le ha preguntado el fiscal por “el porrón de dinero” que se movió, en concreto más de mil millones de las antiguas pesetas. “No supuso un cambio de proceder”, defendiendo de nuevo la fiscalización en las ayudas aunque “en aquellos momentos no estaba en la preocupación esa”. “Nada nuevo había y era la continuidad de un modo de hacer”, ha dicho.

También ha querido dejar claro a modo de “reflexión” que “ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo y en nuestro caso en ningún caso”, defendiendo que “podemos hacerlo mejor o tener los avisos de quienes los tenían que dar” pero hacer algo mal intencionadamente “no es pensable”. Como en otros pasajes, también dijo en esta línea que “de mi nivel hacia arriba” ningún responsable de la Consejería atendía a las cuestiones concretas de los convenios particulares ya que se trataba de “criterios enormemente técnicos” y él no entraba “en capítulos o subcapítulos presupuestarias”.