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En Abierto es un espacio para voces universitarias, políticas, asociativas, ciudadanas, cooperativas... Un espacio para el debate, para la argumentación y para la reflexión. Porque en tiempos de cambios es necesario estar atento y escuchar. Y lo queremos hacer con el “micrófono” en abierto.

La financiación de las universidades públicas

Imagen de archivo del acto de apertura del curso académico 24/25 de los rectores junto al presidente andaluz

Manuel Pérez Yruela y Carlos Gentil González

Asociación Nuevo Diagnóstico de Andalucía —

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Este texto ofrece una síntesis del foro sobre la 'Financiación de las universidades públicas' (UP) organizado por la Asociación Nuevo Diagnóstico de Andalucía el pasado 4 de marzo, en el que intervinieron Pilar Aranda, exrectora de la Universidad de Granada, y Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de la Universidad de Jaén y coautor del informe 'La Universidad Española en Cifras' que publica la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas. El debate completo puede verse en la página web de la asociación https://youtu.be/SSzoMp7aHjg, https://youtu.be/aRi9GAkbxv8 y https://youtu.be/hjBE_tr9zcg

Se subrayó como punto de partida que el análisis de la financiación de las UP debe tener en cuenta que prestan un “Servicio Público”, con funciones muy importantes, que se recogen en la Ley Orgánica 2/2023 que las regula, que son:

a) Educación y formación del estudiantado.

b) Preparación para el ejercicio de actividades profesionales.

c) Generación, desarrollo, difusión, transferencia e intercambio del conocimiento.

d) Promoción de la innovación social, económica, medioambiental, tecnológica e institucional.

e) La contribución al bienestar social, al progreso económico y a la cohesión de la sociedad y del entorno territorial en que estén insertas.

f) La generación de espacios de creación y difusión de pensamiento crítico.

g) La transferencia del conocimiento mediante la formación permanente de la ciudadanía.

El modelo financiero

La financiación universitaria para todos esos desempeños se sostiene sobre unos criterios que vienen de lejos, cuando antes de las autonomías era la Administración General del Estado su fuente de recursos, y que se fueron sosteniendo tras la transferencia de las universidades públicas presenciales a las CCAA, proceso que se inició 1985 y terminó a finales de los noventa, fundados en la llamada “cláusula de salvaguarda”, por la que las aportaciones anuales de la Comunidad Autónoma a cada universidad no fueran nunca menores a las recibidas en al año anterior, con independencia de la variación en el desempeño de las actividades docentes, de investigación y de transferencia de cada universidad. De ahí que la asignación de recursos no siempre responda a criterios objetivos de desempeño, sino a estructuras de gasto consolidadas que perpetúan desigualdades entre instituciones. Así, universidades con mayor actividad investigadora, como por ejemplo, las de Cantabria, Córdoba, Granada, Autónoma de Madrid o Carlos III, entre otras, enfrentan dificultades para recibir financiación acorde con su producción científica, mientras que otras mantienen niveles de financiación sin incentivos claros para mejorar su rendimiento. Los intentos de resolver los efectos de este modelo de financiación hacia otro más acorde con el devenir de las universidades, y más equitativo y objetivo conforme a los resultados de los desempeños docentes, de investigación y transferencia de cada universidad, no se han resuelto en todos estos años, por diversas razones.

Aunque en los últimos años ha habido una ligera recuperación, el esfuerzo financiero destinado a la educación superior sigue siendo inferior al de la media de la OCDE y la Unión Europea

Se subrayó como rasgo general de la financiación de las UP españolas y andaluzas que el gasto público destinado a las UP en España está significativamente por debajo de los países con los que solemos compararnos. Durante la crisis económica de 2008, la financiación pública universitaria sufrió una reducción drástica, lo que obligó a muchas instituciones a buscar recursos en fuentes externas, principalmente fondos europeos para investigación. Aunque en los últimos años ha habido una ligera recuperación, el esfuerzo financiero destinado a la educación superior sigue siendo inferior al de la media de la OCDE y la Unión Europea. El gasto público dedicado a las UP en 2021 en España fue el 1,8% del total del gasto público español, mientras el de los países de la OCDE y la UE 23 fue el 2,4%. Además, la financiación de las universidades en euros corrientes descendió un 10% entre 2008 y 2023. Con esta financiación es difícil que nuestras universidades puedan alcanzar el nivel que tienen las de los países de nuestro entorno, aunque algunas en las que la investigación tiene más peso sí lo consiguen a través de la financiación que obtienen para actividades de I+D.

Financiación básica; financiación finalista

La financiación básica o estructural de las UP depende de las Comunidades Autónomas, y está asociada sobre todo a la actividad docente. Tiende a asignar recursos para esa actividad (aularios, despachos, espacios institucionales…) que son a su vez generadores de nuevas cargas recurrentes de gasto asociadas a su mantenimiento y explotación, de escasa o nula incidencia en los resultados científicos. En 2023 los recursos transferidos por las CCAA para la actividad docente significaron una media del 67% de toda la financiación pública de las UP, solo un punto porcentual menos que en 2008.

La otra fuente de financiación, la financiación finalista (actividad de I+D financiada sobre todo por el Plan Nacional de Investigación y el Programa Marco Europeo de investigación) es un aspecto importante de la financiación universitaria no exento de problemas. En 2023 estos recursos significaron un 12,5% de la financiación total de las UP españolas, que ha crecido mucho en los últimos años, un 205% entre 2008 y 2023, debido sobre todo a los fondos Next Generation. También se nutre de los contratos de I+D con las empresas y entidades sin fines de lucro, que significaron en ese mismo año un 3% de la financiación total de las UP, una cifra no muy alta que da que pensar sobre la colaboración entre universidades y empresas de la que tanto se habla, que además ha descendido un 17% desde 2008.

Se puede decir que un problema de la financiación de las universidades es que está orientada sobre todo hacia la docencia y en mucho menor grado hacia la investigación

La actividad de I+D depende de la capacidad y decisión de los investigadores de cada universidad para conseguir esta financiación, que no es la misma en todas las universidades. Por esto, hay grandes diferencias entre ellas, hasta el punto de que en las 10 universidades con más actividad en I+D la financiación por esa actividad llega al 30%, una cifra muy por encima de la media antes señalada. Aunque estos recursos son fundamentales para el avance científico, generan problemas financieros complejos al no cubrir gastos operativos esenciales, como el mantenimiento de infraestructuras o el pago de personal. Esta dependencia de recursos sujetos a incertidumbre sobre su cuantía y disponibilidad interanual limita la autonomía universitaria, ya que las instituciones no pueden planificar estratégicamente a largo plazo ni garantizar estabilidad a sus investigadores. Además, la captación de fondos europeos, aunque creciente, sigue siendo insuficiente y está sujeta a incertidumbres externas.

Se puede decir que un problema de la financiación de las universidades es que está orientada sobre todo hacia la docencia y en mucho menor grado hacia la investigación. Utilizando el indicador del gasto por estudiante, España estaba en 2021 por debajo de la media de los países de la UE25, un 14% en servicios educativos y un 36% en el servicio de la investigación. Uno de los objetivos de las reivindicaciones relativas a la financiación de las UP es resolver la insuficiencia respecto a la investigación, muy importante para el desarrollo y bienestar de la sociedad.

El caso andaluz

En el caso de Andalucía la financiación total de las UP en 2023 fue de 2.347 millones de euros, un 25,1% más que en 2008 en términos nominales, pero con un descenso en términos reales de -5,4%, menor que el descenso registrado por la media del conjunto de las UP españolas, el -8,4%. El esfuerzo medio en ese año de la financiación pública por alumno de la UP andaluzas fue de 6.244 euros por alumno, un 3,4% menor que la media nacional. Del total de la financiación finalista de las UP andaluzas (proyectos y contratos de investigación nacionales y europeos) los ingresos por contratos de investigación con empresas significaron un 14,4%, la mitad que en 2008 y 4,6 puntos porcentuales menos que la media de las UP españolas; y los ingresos por programas de investigación internacionales significaron un 19,6%, con un aumento de 9 puntos porcentuales más que en 2008 y aun así 6 puntos porcentuales menos que la media de las UP españolas.

La contribución al desarrollo territorial ha hecho que las universidades andaluzas tiendan hacia una oferta generalista más que especializada, generando una distribución de la oferta de conocimiento y formación dispersa y apartada de la demanda efectiva

La contribución al desarrollo territorial ha hecho que las universidades andaluzas tiendan hacia una oferta generalista más que especializada, generando una distribución de la oferta de conocimiento y formación dispersa y apartada de la demanda efectiva. Esto, ahonda en la ineficacia en el uso de los recursos aplicados, que aconsejan un replanteamiento territorial de la oferta en numerosas ramas, tanto en las menos demandadas (humanidades básicamente) como en las que teniendo más demanda requieren un mayor empleo de recursos (medicina, algunas ingenierías…), junto una política de becas de alojamiento y movilidad acorde con estos cambios.

Las UP andaluzas están expuesta a retos importantes, entre los que cabe destacar: la reducción de su alumnado por motivos demográficos y, en los niveles superiores, por la canalización progresiva de los postgrado hacia universidades  privadas o internacionales; la pérdida en consecuencia del peso de sus posgrados y de ingresos procedentes de tasas de másteres; el envejecimiento de las plantillas; la atención a la carga de las obligaciones derivadas de la ampliación de instalaciones; la mejora de los soportes e incentivos a la  actividad investigadora de calidad.

Intervenciones necesarias

El sistema universitario español se encuentra en una encrucijada. La necesidad de mejorar su financiación es evidente, pero las soluciones deben ir más allá de simples incrementos presupuestarios. Es imprescindible diseñar un modelo de financiación que premie la excelencia, garantice la equidad y refuerce la autonomía de las universidades. Solo así podrá España posicionarse de manera competitiva en el ámbito internacional y asegurar un sistema universitario sostenible y de calidad.

Es necesario poner fin a la inercia que ha marcado hasta ahora la financiación de las UP y formular un modelo de financiación equitativa, objetiva y transparente

En este contexto es necesario poner fin a la inercia que ha marcado hasta ahora la financiación de las UP y formular un modelo de financiación equitativa, objetiva y transparente que afronte estos retos; que incorpore unos costes estándares para el desempeño docente que garanticen un tratamiento equitativo para todos los estudiantes de las UP; que contemple la heterogeneidad de las universidades y se vincule a los resultados del desempeño de la actividad docente, investigadora y de transferencia de cada una de ellas; que incorpore en la financiación estructural el apoyo a la investigación; que exija a las universidades el cumplimiento de objetivos; que se gestione mediante programas plurianuales y evaluaciones periódicas que permitan a las universidades planificar a largo plazo; que facilite que el Sistema Universitario Público de Andalucía funcione como tal “sistema” y no como un mero agregado de universidades.

Un modelo que concrete qué partidas presupuestarias están dentro del 1% del PIB que figura en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de España como objetivo; que se concrete como resolver el déficit de financiación que hay en la actualidad respecto a ese objetivo; que se precisen los compromisos que deben asumir la AGE y las CCAA y las metas que deben priorizarse para abandonar la inercia que ha habido hasta ahora en la financiación de las UP.

Somos conscientes de que este análisis de un asunto de tanta importancia para la sociedad española y andaluza es incompleto, pero esperamos que sirva como aportación al debate que es necesario abordar, para que las universidades españolas y andaluzas se posicionen de manera competitiva en el ámbito internacional, asegurando un sistema universitario sostenible y de calidad.

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