Las personas trans fuimos las que lideramos la Rebelión de Stonewall del 28 de junio de 1969, en Estados Unidos, que parió la lucha moderna por los derechos de las personas transexuales, lesbianas, gays e intersexuales y fecha insigne en el calendario en la defensa de la diversidad sexual. Fuimos las que más ajuar pusimos y las que menos dote nos hemos llevado. Fuimos mujeres transexuales en su mayoría las que fuimos torturadas, maltratadas y encarceladas durante el franquismo con la etiqueta de “homosexuales” y también las que estuvimos en la línea de salida en la primera manifestación oficial del Orgullo LGTB en España, celebrada en Barcelona en 1977, y las que también dimos la cara en las primeras marchas por la diversidad sexual en Sevilla, Madrid, Las Palmas y Bilbao, en el año 1978.
Sin embargo, hemos sido las personas transexuales las grandes invisibilizadas de las conquistas contemporáneas de los derechos de las minorías sexuales, confundiendo en muchos casos la identidad, quiénes somos, con la orientación, qué nos gusta, y escondiéndonos en el furgón de cola de las grandes marchas del Orgullo LGTB que han dejado de ser un evento reivindicativo para pasar a ser un escaparate donde el capitalismo expone sus marcas buscando el bolsillo de gays blancos y ricos y no la igualdad ni la emancipación de trans, lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales.
Las personas transexuales, con un 70% de desempleo, según un informe de la Universidad de Málaga de 2012, no somos rentables para las grandes marcas comerciales ni para quienes han hecho de la lucha por la igualdad LGTBI un desfile gaypitalista, donde no cabemos las personas trans, incómodas para el sistema por subversivas y rompedoras con los cánones de lo que debe ser un hombre o una mujer.
Esta invisibilización ha tenido como resultado que, 40 años después de la reinstauración de la democracia, aún no exista una ley específica sobre transexualidad que contemple todos los ámbitos de nuestra vida, donde hemos sido discriminadas y seguimos siéndolo: educación, empleo, sanidad, prisiones, inmigración y un largo etcétera. Ya sea en unidades de género, donde se nos trata como locas; en el sistema educativo, donde nos impiden usar los baños y ser nombradas de acuerdo a quiénes somos; en el empleo, donde sufrimos un apartheid laboral que nos expulsa a los márgenes de la sociedad; en las cárceles, donde nos internan en módulos que no se corresponden con nuestro nombre propio; en la política migratoria, donde se nos niega el derecho a ser quienes somos por ser indocumentadas.
En 2007 se aprobó una ley que, para poder registrarnos con nuestro sexo sentido, nos obligaba a presentar un informe psicológico que dijera que no estábamos locas y nos empujaba incluso a la esterilización para poder acceder al derecho a la propia identidad. Un chantaje que todavía aún sufrimos en carne propia, unido al discurso biomédico que ha extendido la idea de que las personas trans tenemos que amputar nuestra genitalidad para ser ‘mujeres normales’ u ‘hombres normales’, esto es, hombres con pene y mujeres con vagina. El autobús de Hazte Oír se legitima en una legislación y en un sentido común que sigue considerando que nuestra identidad es un asunto médico, creando un reguero de mujeres y hombres trans amputados del derecho al placer sexual y una cuenta de resultados muy favorable de las clínicas privadas de cirugía, tanto estatales como internacionales, que se hacen de oro castrando a hombres y mujeres transexuales.
Las personas trans necesitamos poder decir que vivimos en democracia, que tenemos detrás un Estado y una sociedad que protege nuestras identidades y que remueve todos los obstáculos que impiden que seamos ciudadanía de primera división. Las personas trans no entraremos en democracia hasta que no tengamos los mismos derechos que el resto de ciudadanos y ciudadanas, hasta que una ley no nos resarza del daño social, al analfabetismo y la marginación, que hemos sufrido y arrastramos por nacer en cuerpos perfectos, maravillosos, atractivos y deseados que se topan con una sociedad equivocada.
Este viernes se registrará en el Congreso de los Diputados la Ley de Transexualidad, impulsada y parida por las organizaciones sociales representadas en la Plataforma Trans, que aglutina al 90% de las entidades del ramo en España, y acompañadas por Unidos Podemos, el grupo parlamentario que registrará la norma, ya que las organizaciones de la sociedad civil no tenemos esa prerrogativa. Las personas trans hoy estamos más cerca de la democracia y más lejos de la dictadura; hoy estamos más cerca de soñar con el derecho a la educación, a la atención sanitaria y a la libertad de decidir quiénes somos sin tutelas psiquiátricas. Es una ley hecha por, para y desde las personas trans, un colectivo mayor de edad que aprendió a luchar por los derechos LGTB pero que ha sido expulsado de este acrónimo cuando lo gay se ha convertido en un negocio.
Es para mí un orgullo, como andaluza y como portavoz de la Plataforma Trans, presentar hoy en el Congreso de los Diputados una ley que hará de España, junto con Argentina, el país más progresista del mundo en legislar a favor de las identidades trans, una norma que está inspirada en la ley andaluza de transexualidad aprobada en el año 2014, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios andaluces. No se me ocurre mejor manera de contribuir a hacer efectivo el himno de Andalucía –Sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad- que exportando una ley que hará más felices al resto de personas trans que viven en el Estado español y que tendrán el derecho a ser quienes quieran ser que los andaluces y andaluzas ya disfrutamos.
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